Se busca impulsar un proyecto que facilita los cobros para las mypimes

Un proyecto de ley que, entre otros, busca obtener liquidez y motivar la inversión en Panamá, en aras de impulsar la reactivación económica tras la crisis generada por la pandemia del SARS-CoV2 (covid-19), se mantiene estancado en la Asamblea Nacional desde hace ya varios meses.

Se trata del proyecto de ley 462 que “establece las certificaciones de deudas públicas internas a proveedores de bienes, obras y/o servicios del Estado, con fecha irrevocable de pago, como medida de reactivación económica”.

La propuesta fue presentada en la Asamblea Nacional en septiembre de 2020 por el diputado Raúl Pineda; y ya fue discutida en primer debate, pero se bajó para ser modificado, y hasta la fecha no se ha avanzado al segundo debate, destacó en una entrevista con La Estrella de Panamá, el economista Eddie Tapiero.

El instrumento, que funcionaría bajo el paraguas de un "fideicomiso privado" debidamente regulado, permitiría "fortalecer la transparencia" de las actividades financieras dentro del ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y “eliminar la burocracia” que enfrentan estas empresas en el proceso de cobros al Estado, acotó Tapiero, quien se muestra a favor de la propuesta de ley.

Y es que el mecanismo de certificación de deuda en mención le permite a los proveedores de bienes, obras y/o servicios del Estado cobrar sus cuentas certificadas de forma inmediata y a las entidades del Estado pagar las obligaciones, en un plazo de hasta 360 días, sin costo alguno para entidades del Estado.

“Es muy noble la (propuesta de) ley. Hay mucha gente que tienen cuentas por cobrar, que no quieren quebrar, pero no pueden reactivarse porque el Estado no les ha podido pagar”, expresó Tapiero al explicar el origen este esta iniciativa.

La iniciativa se sustenta en que "la covid-19 tiene a la economía panameña de rodillas". Surgió ante la urgente necesidad que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas por obtener liquidez para continuar operando.

Según datos de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) y la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme), más del 58% de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) ya han cerrado y solo el 8% de las que han sobrevivido tienen acceso al crédito bancario.

"El proyecto de ley busca reactivar la economía nacional, brindando liquidez inmediata a todos los proveedores del Estado, principalmente a las mipymes, a través del descuento de pronto pago de facturas certificadas, el cual brinda rendimientos más altos que otras alternativas de inversión y plazos fijos a corto plazo a inversionistas locales", señala la propuesta.

Lo anterior le permite a todos los proveedores que hayan facturado y entregado a satisfacción una obra, bien o servicio a una entidad del Estado, que cuente con su debida partida presupuestaria asignada, obtener liquidez "inmediata", independientemente de su situación financiera, a la vez que le brinda hasta 360 días de crédito gratis al gobierno para pagar un fideicomiso privado sin aumentar su deuda total y sin incurrir en gastos de intereses.

"Es solo una reclasificación de deuda. La cuenta por pagar existente a favor de un proveedor es cedida al Fideicomiso privado", es parte de las ventajas de la propuesta, en la cual se afirma que el proveedor tampoco tiene que "endeudarse" para darle crédito a la entidad del gobierno.

Por el contrario, el proveedor recibe "un descuento por pronto pago (al vender la cuenta por cobrar, baja la cuenta por cobrar y sube el efectivo)".

"El proveedor le paga el interés al inversionista a través del descuento por pronto pago que acepta", explica. Los beneficios serían para ambas partes.

"Esto le da otra alternativa a las pymes para poder accesar a este capital de manera instantánea, sin tener mucho proceso burocrático, y poder reactivarse rápidamente", expresó Tapiero al referirse a las oportunidades que ofrece el proyecto de ley a las pymes.

Tapiero explicó que hay diferentes tipos de crisis en las economías, pero tradicionalmente se dan unas crisis que son económicas, financieras, como la que pasó en el año 2009, y que le pegó a todas las empresas por parte del financiamiento, y muchas de ellas quebraron.

Mientras que con la crisis de la covid-19 “no” es que las empresas y los bancos hayan hecho algo malo, sino que es una crisis, en la que por la naturaleza se cerraron los sectores; y al éstos cerrarse se limita el crédito porque las empresas dejan de producir y si no producen no tienen plata y no pueden pagar la planilla.

Para poner en perspectiva la situación de las empresas, indicó que hay varias opciones con las que pueden adquirir liquidez, una de ellas es recurrir a un factoring, para el cual tienen que pasar por los requisitos de un banco y el comité de crédito, que es el que aprueba la deuda, pero como en esta crisis a muchos negocios se les deterioró libros, les está resultando difícil conseguirlo.