Comunidades indígenas definirán la próxima semana el futuro de la interconexión eléctrica Panamá–Colombia

El proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia enfrenta una semana decisiva. El secretario nacional de energía, Rodrigo Rodríguez Jaramillo, confirmó que las comunidades indígenas involucradas en el trazado de la obra se reunirán en los próximos días para definir su postura frente a la iniciativa, en un proceso que será determinante para su continuidad.

Rodríguez explicó que la interconexión es un proyecto de gran complejidad, con componentes técnicos, económicos y financieros, pero cuyo avance depende principalmente de los aspectos sociales y ambientales.

“Este proyecto pasa por tres zonas de comunidades indígenas: la comarca Guna Yala, la comarca Wargandí y la Tierra Colectiva de Alto Bayano. La decisión de las comunidades es plena y soberana”, subrayó.

El secretario detalló que en Wargandí ya se inició la consulta previa, libre e informada, mecanismo que permite a las comunidades analizar en profundidad los beneficios, riesgos y condiciones del proyecto.

“El mes pasado su congreso general resolvió abrir el espacio de consulta. Allí ellos deciden si lo quieren o no lo quieren y bajo qué condiciones”, explicó.

En el caso de Guna Yala, la decisión está programada para la próxima semana, cuando sus autoridades celebren el proceso general de consulta.

“De acuerdo con la agenda que hemos podido conocer, ellos se reunirán para decidir si inician el proceso. Esa es una decisión que les corresponde únicamente a ellos”, puntualizó Rodríguez.

Mientras tanto, en la Tierra Colectiva de Alto Bayano se mantienen conversaciones con el cacique general, el cacique regional y otras autoridades tradicionales para que también inicien su propio proceso.

“Estamos avanzando de manera ordenada, respetando sus leyes y normas tradicionales, porque entendemos que sus estructuras son distintas a las que conocemos en Panamá”, añadió.

El secretario enfatizó que el gobierno reconoce la autonomía de las comunidades y su derecho a decidir sobre proyectos que afectan sus territorios.

“Ellos tienen sus propias leyes tradicionales, sus propias normas, y somos muy respetuosos de eso. La consulta previa, libre e informada es el mecanismo que garantiza que la decisión sea tomada con pleno conocimiento y sin presiones externas”, afirmó.

Rodríguez insistió en que el futuro del proyecto depende de la voluntad de las comunidades. “Si ellos deciden que sí, tenemos toda la confianza de que el proyecto seguirá adelante. Pero la decisión es de ellos”, reiteró.

El secretario también informó que el estudio de impacto ambiental ya fue admitido por el Ministerio de Ambiente a finales del 2025 y actualmente se encuentra en proceso de evaluación.

“Ese es un tema que corresponde al Ministerio de Ambiente, pero nos han informado que el proceso avanza, especialmente en las comunidades de Wargandí y próximamente en Gunayala”, indicó.

Añadió que “el estudio constituye un requisito indispensable para determinar la viabilidad ambiental del proyecto y garantizar que se cumplan las normas de protección de los ecosistemas y de las comunidades que habitan en las zonas de influencia”.