FMI: erradicar la delincuencia incrementaría el PIB de América Latina en 0.5%

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima, en su informe de Perspectivas Económicas 2023, que el incremento del crimen organizado tiene un impacto directo en el desarrollo económico de los países.

“La delincuencia y la inseguridad se han generalizado cada vez más en América Latina y el Caribe (ALC), lo cual no solo acarrea costos sociales, sino también efectos muy negativos sobre la productividad, la acumulación de capital y el crecimiento económico”, puntualizó el informe.

Desde el FMI aseguran que, si los países de ALC logran eliminar la brecha de seguridad que poseen, el Producto Interno Bruto (PIB), de la región se incrementaría en 0.5%, anualmente.

“Un aumento de la actividad económica reducirá la delincuencia, pero una reducción de la delincuencia, a su vez, impulsará la actividad económica; y estos dos factores se ven afectados por otros, como la solidez del Estado de derecho”, arroja el estudio.

La investigación se basó en estudios previos del FMI sobre América Central, Panamá y la República Dominicana que usaban datos sobre deportaciones de delincuentes desde Estados Unidos para así determinar el efecto causal de la delincuencia en la actividad económica.

La investigación se basó en estudios previos del FMI sobre América Central, Panamá y la República Dominicana que usaban datos sobre deportaciones de delincuentes desde Estados Unidos para así determinar el efecto causal de la delincuencia en la actividad económica.

Aunque Panamá es uno de los países de la región que más dinero destina a protección y seguridad, con $2,968.8 millones para este 2023 (11% del presupuesto), Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers International, dijo, en entrevista con La Estrella de Panamá, que este debe ser utilizado de mejor forma, para acabar con todas las modalidades de crimen organizado que enfrenta el país.

Campos explicó que en esta nación se está desarrollando un comercio ilícito de productos que provienen del contrabando y que terminan por reemplazar los artículos locales. “Solo ese punto tiene un gran impacto negativo en la economía, porque terminan por afectar el negocio de empresas y distribuidores internacionales, que optan por abandonar el país”, comentó.

Entre esos productos se encuentran los cigarrillos. El estudio de Mercado de Cigarrillos Ilegales, desarrollado por la empresa especializada Nielsen, reveló que, en 2022, el 92.1% de los cigarrillos que se consumían en este país eran de contrabando.

“Todos esos productos ilegales afectan enormemente la recaudación de impuesto en el país, sin mencionar la mano de obra ilegal que se produce”, relató Campos.

Como consecuencia, se termina por reducir la inversión extranjera dentro de la nación, pues se obliga a las empresas extranjeras a tener que competir en condiciones poco atractivas. A la par de afectar la salud de los consumidores, quienes se ven expuestos a productos que no cumplen con las normas de salud locales.

Otro punto que destaca es el blanqueo de capitales, el cual termina produciendo una burbuja inmobiliaria en la economía local, que genera un incremento considerable en el precio de las viviendas, haciendo que sea complejo para la población obtener una casa, a buen precio.

El especialista también hizo énfasis en el impacto que tiene la trata y el tráfico de personas en la economía nacional y regional.

“Históricamente, la migración ha sido un negocio con facciones legales e ilegales. Esas 500,000 personas que pasaron por Darién este año tuvieron que pagar servicios legales (ropa, comida, artículos de aseo y otros), pero también servicios ilegales, para poder atravesar esa ruta (cuotas, chantajes, extorsiones y otros). Si tú multiplicas ese dinero, por más de 500,000 personas, se termina obteniendo una fortuna”, ponderó.

Esto cobra especial relevancia cuando se analiza que Panamá es uno los principales centros regionales para el desarrollo de la trata y tráfico de personas.

En 2021, Panamá era el país de la región con mayor puntuación en trata de personas dentro del Índice Global de Crimen Organizado, que desarrolla Global Iniciative todos los años, para medir la delincuencia en los países del mundo, con una escala del 1 al 10.

En ese entonces, el país obtuvo una puntuación de 8/10, al ser “un mercado de tránsito y destino para las víctimas, que incluyen a migrantes venezolanos y niños que son víctimas de explotación sexual y trabajo forzoso”, indicó el documento. Una realidad que, aunque mejoró algo en el informe de 2023 (7.5/10) sigue representando un mercado criminal de gran impacto en el país, seguido del tráfico de personas (6.50/10) y la extorsión y cobros ilegales por protección (6.50/10).

Se trata de dinero que termina entrando en la economía nacional legalmente, en el caso de los negocios que venden artículos básicos, e ilegalmente, cuando se habla de coyotes o personas que se dedican a traficar migrantes.

“Es la actividad criminal que más dinero deja, después de la cocaína, porque, lamentablemente, nuestros países siguen produciendo seres humanos con altísimas vulnerabilidades y necesidades, las cuales obligan a las personas a migrar. Son una gran fuente de ingreso para muchas personas”, analizó Campos.

Es una forma de negocios que ha ido evolucionando con el tiempo, pues ya no prioriza usar a los migrantes como ‘mulas de carga’ para drogas, sino que se ha enfocado en el propio migrante para producir ingresos. “Si mi negocio consiste en el tránsito de migrantes, no tiene sentido que lo ponga en riesgo cargando drogas. Las cosas han cambiado y es importante que los políticos y la ciudadanía lo entiendan”, indicó el especialista.

Campos explica que la geopolítica del crimen organizado mutó y se ha vuelto más sofisticada tras la pandemia del coronavirus, en lo que se denomina como la “convergencia criminal”, término que define a la asociación de los grupos criminales, en estructuras que operan de forma internacional.

Estas estructuras trabajan de forma coordinada, para mermar a las economías locales, producir mayor crisis en los países y estimular una mayor migración de personas, motivadas por el incremento de la violencia. Situación que, según el especialista, termina por funcionar gracias al apoyo de los gobiernos nacionales, quienes se encargan de reducir el apoyo social y protección de los ciudadanos.

“Está todo muy bien orquestado y eso no se resuelve con arrestar a un par de personas o terminar con algunas estructuras. Se necesitan de investigaciones globales, que apunten a desarticular el sustento financiero de la criminalidad”, consideró el especialista.

Hasta el 18 de diciembre, Panamá había rescatado a 41 víctimas de trata de personas y capturado a 18 presuntos tratantes, durante todo el año, según confirmó el Ministerio de Seguridad (Minseg), en entrevista con EFE. Las víctimas provenían de diversos países de regiones, como Colombia, Nicaragua y El Salvador.

Es por eso que Campos sitúa el principal desafío de Panamá, en materia de seguridad, en lo que ocurre fuera de sus fronteras. “Panamá necesita comenzar a ver su seguridad bajo una óptica de política exterior, porque los mayores desafíos del país vienen de afuera. La cocaína, el contrabando, el blanqueo de capitales y la trata y tráfico de personas se genera en otros países. Son desafíos extra fronterizos y se debe ver de esa forma, porque una vez que entra en el territorio es más difícil de controlar”, sentenció.