Descalabro fiscal orilla al Gobierno a urgir una dispensa

Uno de los logros que pregona la administración del presidente Juan Carlos Varela es el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF), al mismo tiempo que aguarda por la autorización del Legislativo para acceder a una dispensa fiscal para elevar el nivel de déficit hasta el 1%, lo que se traduciría en unos $300 millones adicionales.

La dispensa, según el gobierno, servirá para cumplir con los proyectos de inversión pública, así como para el pago de $60 millones que representa el ajuste tarifario de la energía eléctrica de este segundo semestre. El ajuste fue suspendido el pasado viernes por el presidente Varela.

La solicitud, que se registra en un año preelectoral, más que alertar a los analistas por cómo las calificadoras de riesgo verán la estrategia del gobierno para inyectar liquidez, les preocupa la política fiscal ineficiente que ha mantenido el país desde la pasada administración.

Irene Giménez, economista y analista financiera, piensa que solicitar una dispensa en estos momentos manda un mensaje claro: ‘el gobierno va a gastar más, porque el problema ya lo tiene'. Giménez se refirió a que los dos últimos gobiernos (de Ricardo Martinelli y de Juan Carlos Varela), han elevado el gasto público y no le prestaron atención a las proyecciones de recaudación en relación a la planificación de gastos.

‘Desde 2013 a la fecha, no se ha llegado a la expectativa de ingreso', explicó, además de calificar que los ‘cálculos eran muy optimistas' o ‘más positivas de lo real' y al planificar el gasto en base a eso, obviamente se generaría un lastre, que es el que hoy está explotando.

Así, como ‘nunca se le prestó la debida atención‘, siempre estaban en números rojos, generando el descalabro fiscal actual y por el que están solicitando una dispensa fiscal.

Ya el Banco Mundial califica a Panamá como un país ‘altamente endeudado', según el último reporte de julio, en el que también entró a la lista de los países con ingreso algo.

Giménez alertó que de aprobarse la dispensa, el efecto a corto y mediano plazo será la inflación, la cual afecta de forma directa a la ciudadanía.

‘Con la dispensa, el Gobierno tiene solo dos opciones: endeudarse mucho más o poner más impuestos, y en este caso el gobierno no tiene margen para ninguna de las dos cosas', destacó.

‘Con la dispensa, el Gobierno tiene solo dos opciones: endeudarse mucho más o poner más impuestos, pero ninguna aplica hoy',

IRENE GIMÉNEZ

ANALISTA

‘Sería un riesgo electoral hablar de impuesto, puesto que los ciudadanos estarían más enojados', sentenció.

Cualquier gobierno en funciones quiere gastar en un año electoral, pues no quiere restringirse para no producir ciudadanos enojados, que no van a apoyar el proyecto de continuidad del gobierno, ‘la idea es cambiar a la persona, pero mantener una línea de gobierno y de partido', agregó la ejecutiva.

RESPONSABILIDAD FISCAL EN AÑO PREELECTORAL

El pasado 12 de julio, Eyda Varela de Chinchilla, ministra encargada de Economía y Finanzas (MEF), presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que propone una reforma a la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF).

Con la modificación, el gobierno consigue mayor flexibilidad presupuestaria en un año preelectoral, para cumplir con un agresivo plan de infraestructura y el ritmo de endeudamiento.

La LRSF surge para limitar el gasto. La normativa es ‘acertada' para el economista Francisco Bustamante, quien explica que es una norma que restringe el gasto corriente para que no sea exageradamente abusado en el último año, así impedir que los recursos públicos sean desviados, pues ‘se podría apoyar de forma directa o indirecta alguna candidatura oficial en el último año'.

Con la LRSF se evitan los abusos en la economía, sobre todo en momentos en que las tasas de crecimiento de la economía están en un ritmo menor que hace cinco o seis años, es necesario ese tipo de control, explicó el economista.

Bustamante estuvo al frente de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros y destacó que la LRSF ha sido constantemente vulnerada desde la administración Martinelli, en la cual sistemáticamente se modificaba para permitir más gasto, endeudamiento e incluso proyectos llave en mano.

En mayo pasado, Jorge González, secretario de Metas de la Presidencia de la República, indicó en su rendición de cuentas que, durante el último año, la administración de Varela se enfocará en los proyectos de la capital, ya que en los últimos cuatro años se enfocaron en el interior del país.

‘Actualmente se están construyendo proyectos de infraestructura por el orden de los $11 mil millones', comentó González.

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‘Sin la LRSF, el gobierno de turno podría apoyar de forma directa o indirecta alguna candidatura oficial en el último año',

FRANCISCO BUSTAMANTE

ANALISTA