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Actualizado
- 08/02/2022 19:15
Creado
- 08/02/2022 19:15
El documento establece que cuando la tarifa por regalía sea del 40% o más de las sumas el Estado transferirá el 25% para la construcción de obras de infraestructuras y programas de desarrollo sociales
La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea pasó a segundo debate el proyecto de Ley 716, que establece parámetros sobre la contribución nacional y régimen impositivo por la extracción de recursos y dicta otras disposiciones.
La ley tiene por objeto establecer los parámetros sobre el régimen impositivo (impuestos, gravámenes tasas, regalías, contribuciones), referente a las contribuciones al Fisco Nacional que deben realizar las empresas mineras concesionarias por la extracción de recursos.
El documento, propuesto por el diputado Nelson Jackson, modifica el artículo 211 del Código de Recursos Minerales, estableciendo que, cuando la tarifa por regalía sea del 40% o más de las sumas que se perciban por este concepto, el Estado transferirá el 25% para la construcción de obras de infraestructuras y programas de desarrollo sociales en las comunidades aledañas a las concesiones.
Además, contempla que el 20 % se transferirá directamente a la Caja de Seguro Social para fortalecer el financiamiento de riesgo del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte.
Base de datos
La Comisión también envió a segundo debate, el proyecto de Ley 722, “que establece una base de datos unificada sobre prestaciones adeudadas reconocidas por el Estado y programas de apoyo económico”, propuesta por el diputado Víctor Castillo.
El proyecto de ley tiene por objeto la creación de una base de datos digital, que contenga información de todos los programas de pagos por prestaciones adeudadas y reconocidas por el Estado, pagos de indemnizaciones y programas de apoyo económicos, ejecutados por las distintas instituciones del Estado.
En ese sentido, la iniciativa establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en colaboración con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), se encargará de crear, actualizar y dar mantenimiento al portal digital en el que reposará la base de datos establecida en este proyecto.
Las entidades tendrán un término de un año, luego de la publicación de la iniciativa de ley en Gaceta Oficial, para que el portal digital de la base de datos se encuentre en pleno funcionamiento.
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