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- 29/11/2012 01:00
WASHINGTON. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) informó este miércoles la suspensión temporal de nuevos contratos con el gobierno del país a la petrolera británica BP, por su gestión del derrame ocurrido en 2010 en el golfo de México.
‘La EPA tomó esta decisión por la falta de integridad profesional de BP, mostrada por la conducta de la empresa tras la explosión (de la plataforma) ‘Deepwater Horizon’, la marea negra y su gestión del incidente’, declaró la empresa en un comunicado.
La agencia citó la declaración emitida por la petrolera hace dos semanas al Departamento de Justicia, en la cual BP admitió su responsabilidad por los cargos en su contra por el desastre. Además, la EPA informó que la exclusión de BP y sus filiales para recibir contratos del gobierno estará vigente hasta que la empresa pueda aportar información suficiente para demostrar a la agencia que cumple con los estándares vigentes. El accidente causó 11 muertos y un derrame de cerca de 4.6 millones de barriles en el golfo de México, que afectó la costa de cinco estados de Estados Unidos.
El 15 de noviembre, BP firmó un acuerdo extrajudicial con las autoridades estadounidenses en el cual admitió su negligencia en 11 cargos en su contra, incluyendo obstrucción de la investigación del Congreso y violación de las normas ambientales.
La empresa también accedió a pagar más de 4,500 millones de dólares de multa a las autoridades estadounidenses. Entonces, dos ejecutivos de la empresa fueron inculpados de homicidio involuntario y un ex directivo declarado responsable de mentir al Congreso tras la catástrofe sobre la cantidad de barriles derramados. Tras el acuerdo extrajudicial, el fiscal Eric Holder advirtió que los problemas legales de BP están lejos de quedar zanjados.
‘Nuestra investigación criminal sigue en curso y vamos a seguir cualquier pista que sea creíble y está garantizado que se mantengan los cargos’, afirmó. Además el fiscal informó que el Departamento de Justicia todavía tiene que resolver una demanda civil sobre multas, que podrían alcanzar los 18 mil millones de dólares.