Terremoto en Panamá: ¿pueden los fideicomisos blindar la política fiscal?

El terremoto de magnitud 7.5 que golpeó Panamá el pasado 9 de octubre dejó una estela de daños en viviendas, escuelas, carreteras y puentes, especialmente en las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas. El Gobierno reaccionó al declarar el Estado de Emergencia Nacional mediante la Resolución de Gabinete Nº 108, que habilitó un fondo de hasta $100 millones para contrataciones especiales hasta el 31 de diciembre de 2026.

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decidió crear un fideicomiso con el Banco Nacional de Panamá, con desembolsos sujetos al refrendo de la Contraloría General de la República.

La estrategia oficial se centra en recurrir primero a seguros, donaciones y aportes no reembolsables de organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económicay el Banco Mundial, antes de considerar deuda.

No obstante, la magnitud de los daños y la sostenibilidad fiscal del país han abierto un intenso debate entre economistas y financistas.

Para Andrea Castillo, recurrir a seguros y donaciones es una alternativa viable para reducir la presión sobre las finanzas públicas, siempre que los recursos disponibles sean suficientes. “Su efectividad dependerá de que los costos de la emergencia no superen los montos donados para atenderla”, advirte.

Mientras que Patricio Mosquera coincide en que esta estrategia es “fiscalmente prudente”, pues permite atender la emergencia sin aumentar el déficit. “Lo importante es combinar una respuesta oportuna con un financiamiento responsable que preserve la estabilidad fiscal”, señala.

Aunque los recursos externos son útiles, todavía son insuficientes, ya que las donaciones y seguros ayudan a mitigar el impacto inicial, pero no sustituyen la necesidad de una planificación fiscal ordenada, así alerta Olmedo Estrada. “El Estado debe prever que la reconstrucción demandará más recursos de los que hoy se estiman”, dijo.

Asimismo, Rodolfo Sanjur sostuvo en que los seguros y donaciones son viables para la atención inmediata, pero subrayó que la reconstrucción requerirá más fondos. “Las donaciones suman poco más de cinco millones y las líneas de la CAF y el BID son préstamos. Lo prudente es esperar cuánto pagará el CCRIF antes de afirmar que cubrirá la mayor parte del costo”, explica.

El ministro del MEF, Felipe Chapman, plantea que, solo en caso de requerirse recursos adicionales, se recurriría a líneas de crédito especiales para emergencias nacionales, con condiciones más blandas y tasas más bajas que el financiamiento ordinario en mercados internacionales.

No obstante, asegura que “hasta el momento, nuestra estimación es que no tendríamos que acceder a esos recursos de financiamiento”, ya que las donaciones y aportes internacionales cubrirían las necesidades inmediatas.

El fideicomiso creado entre el MEF y el Banco Naconal busca garantizar trazabilidad y transparencia en el uso de los fondos, ya que serán refrendadas por la Contraloría.

En función a este objetivo, Mosquera añade que “los fideicomisos permiten separar los recursos destinados a la emergencia, identificar su origen y dar seguimiento a su utilización”, pero Estrada insiste en que la transparencia debe ser estricta y permanente en las que la Contraloría debe auditar en tiempo real y garantizar que los recursos lleguen a las comunidades afectadas sin retrasos.

Sanjur pide que el contrato del fideicomiso, sus estados financieros y la lista de pagos se publiquen en línea, con auditoría externa al cierre. Por ejemplo, Argotte critica las primeras licitaciones realizadas bajo este esquema, como la compra de alimentos perecederos, que a su juicio “dan la impresión de favorecer a alguien en específico”.

Corbett defiende el mecanismo y asevera que el banco tiene la responsabilidad de aclarar cómo se usaron los fondos y eso garantiza transparencia.

El subgerente general de Negocios del Banco Nacional, Eric Calderón, explica que el fideicomiso constituye un patrimonio autónomo que permitirá disponer de liquidez inmediata para solventar las necesidades derivadas del desastre.

Calderón subraya que la transparencia será un eje central en la administración de los recursos. “En la medida que se van utilizando los fondos, vamos a crear un sitio web o un espacio en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas para rendir cuentas al país. Queremos demostrar que estas situaciones de crisis se pueden manejar bien, con total transparencia hasta el último centavo”, cuenta.

El subgerente general de Negocios del Banco Nacional, Eric Calderón, explica que el fideicomiso constituye un patrimonio autónomo que permitirá disponer de liquidez inmediata para solventar las necesidades derivadas del desastre.

Calderón subraya que la transparencia será un eje central en la administración de los recursos. “En la medida que se van utilizando los fondos, vamos a crear un sitio web o un espacio en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas para rendir cuentas al país. Queremos demostrar que estas situaciones de crisis se pueden manejar bien, con total transparencia hasta el último centavo”, plantea.

El MEF ha asegurado que la meta de déficit de 3.5 % del PIB se mantendrá intacta. Castillo y Mosquera subrayan que si los costos superan los $100 millones, el déficit podría incrementarse porque es un límite máximo, no una estimación definitiva.

Estrada plantea en que el límite es insuficiente y que el Estado deberá ampliar su capacidad de financiamiento.

Felipe Argote considera que la conversación es importante porque según sus cálculos los daños económicos y las necesidades de reconstrucción por el terremoto pueden alcanzar entre $200 y $300 millones. “A menos que el gobierno pretenda que las escuelas dañadas se queden así, realmente $100 millones no alcanzan”, cuenta.

El financista Allan Corbett también reconoce que el monto autorizado es insuficiente y estimó que se necesitarán al menos $250 millones para atender la crisis, aunque respaldó la idea de usar seguros y donaciones, pues “son aportes no reembolsables que no afectan directamente el déficit fiscal.

Castillo explicó que los efectos sobre el PIB no siempre son inmediatos, mientras que en las finanzas públicas se reflejan en los gastos adicionales de atención y reconstrucción.

Mosquera distinguió entre daños patrimoniales y pérdidas de producción, y destacó que la reconstrucción puede movilizar inversión y empleo.

Estrada añadió que la emergencia reduce la recaudación tributaria en las zonas afectadas, golpeando los ingresos del Estado.

Sanjur recordó que el PIB mide producción y no patrimonio, por lo que la destrucción de un puente no lo reduce directamente, aunque sí afecta la producción en las semanas siguientes.

Argote calculó que las pérdidas representan entre 0.4 y 0.5 % del PIB, con impacto directo en el déficit fiscal. Corbett señaló que la construcción actuará como motor de reactivación, al generar empleo y dinamizar la economía en el corto plazo.