Hija de expresidente Allende pide cerrar penal para represores

La senadora socialista Isabel Allende, hija del ex presidente Salvador Allende, pidió el jueves el cierre del penal Cordillera, una lujosa cárcel en la que cumplen condena unos diez militares de alto rango acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

"Basta ya de privilegios", enfatizó la parlamentaria en una entrevista exclusiva con The Associated Press.

El presidente Sebastián Piñera anunció el miércoles que evaluará si se justifica mantener los penales Cordillera y Punta Peuco que acogen a menos de 70 personas custodiadas por Gendarmería, guardia cárceles en Chile.

"Estoy pensando como presidente si se justifica tener una cárcel como Cordillera donde entiendo que hay diez personas privadas de libertad con más de 40 gendarmes", afirmó el mandatario a CNN Chile.

En ese penal se encuentra recluido el ex jefe de la policía represora de la dictadura (1973-1990), Manuel Contreras, quien cumple más de 300 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

La semana pasada, en medio de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Allende, Contreras ofreció extensas entrevistas a diversos canales de televisión en las que afirmó que el millar de detenidos desaparecidos en la dictadura de Augusto Pinochet están enterrados en varios patios destinados a cuerpos no identificados en el Cementerio General.

"Esa (entrevista) fue una de las cosas más tremendas" de la conmemoración, recordó la hija deáAllende.

"Escucharlo (a Contreras) es repulsivo, miente descaradamente y es una bofetada, por supuesto, para todos los familiares, para todas las víctimas, para la verdad. Es francamente repugnante", afirmó la senadora.

Contreras dirigió cuatro años la temida Dirección Nacional de Inteligencia, época en que se produjeron los peores crímenes de lesa humanidad en Chile. Durante la dictadura las víctimas totalizaron 40.000, de las cuales 3.095 fueron asesinadas por agentes represivos. De ellas, un millar permanecen desaparecidas.

Durante las entrevistas, Contreras afirmó, con una sonrisa irónica, que todos los desaparecidos murieron en combate y que él personalmente dio orden de trasladarlos al Servicio Médico Legal.

Actualmente unos 70 ex uniformados y un puñado de civiles están en las dos cárceles por violaciones a los derechos humanos y existen 263 con condenas definitivas, aunque la mayoría para ser cumplidas en libertad pese a tratarse de crímenes de lesa humanidad.

En dichos penales duermen holgadamente, tienen canchas de tenis, amplios jardines y televisión por cable. Internet les fue prohibida luego de que se confirmara que el ex jefe operativo de la Central Nacional de Inteligencia, Álvaro Corbalán, organizó un homenaje a Pinochet desde su reclusión en Punta Peuco.

La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, dijo a la AP que "a 40 años del golpe se hace necesario empezar a tomar medidas de fondo" como el cierre de los penales donde se encuentran recluidos los violadores de derechos humanos.

Añadió que las palabras de Piñera son "un buen anuncio y ojalá que esto se concrete y que tanto el penal Cordillera como Punta Peuco sean cerrados y los condenados pasen a dependencias del sistema penitenciario normal de este país". Eso sí, advirtió, "de anuncios estamos llenos en nuestra historia de lucha".á

El ex presidente Ricardo Lagos (2000-2006) planteó días atrás que agentes como Contreras y otros violadores de derechos humanos deberían ser despojados de sus grados militares. La legislación chilena establece que aunque pasen a retiro siguen ostentado el grado, pero en condición de ex. Al respecto, Piñera dijo que "el grado militar lo pueden quitar sólo los tribunales, no es medida administrativa".

Algunos sectores de ultraderecha son partidarios de liberar a los ex uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad, como lo hicieron dos diputados del oficialismo que en junio presentaron un proyecto de ley para que los ocupantes de ambos penales salieran en libertad.á

Sin embargo, una comisión de la Cámara de Diputados declaró la propuesta inconstitucional porque va en contra de los tratados internacionales firmados por Chile.á