De las protestas en las calles al voto popular: cuatro claves de la constituyente chilena

Este fin de semana, Chile celebró unos comicios inéditos que se presentan como un verdadero parteaguas en la historia de la nación sudamericana.

Unos 17 mil candidatos se presentaron en una megaelección, realizada en dos días –15 y 16 de mayo– por la crisis sanitaria de la covid-19, para elegir a las 155 personas que redactarán la nueva constitución del país.

Es el último episodio de un proceso que continúa y que tuvo como punto de partida el estallido social en octubre de 2019, con sus multitudinarias protestas contra la desigualdad, el repudio a los actores políticos tradicionales y al modelo económico impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet tras el golpe de Estado de 1973.

Estas son las cuatro claves de unas elecciones que podrían constituir un nuevo tablero sociopolítico en Chile, incluso con impacto en el resto de América Latina.

Aunque la mayoría de los analistas ubican las protestas de 2019 como el inicio de la crisis –que fueron brutalmente reprimidas por el gobierno de Sebastián Piñera, con el saldo de una treintena de muertos y al menos 3 mil heridos–, el descontento en las calles que empujó el proceso constituyente viene de mucho antes, y es caracterizado por una alta participación juvenil.

Entre las primeras grandes movilizaciones recientes en Chile están la de los estudiantes secundarios de 2006 conocida como la “Revolución pingüina”, en la que se rechazaba el modelo privatizador en la educación. Luego, en 2011, habría protestas para exigir educación pública y gratuita, y en 2018 tendrían lugar tomas feministas por universitarios. El rechazo de los estudiantes en 2019 contra el aumento al pasaje en el Metro de Santiago, fue solo la chispa que encendió un descontento acumulado. Todas estas protestas estuvieron cruzadas por un reclamo recurrente: el problema de la desigualdad.

“Este descontento de los jóvenes ha jugado un papel clave, no es el único actor, pero si ha sido importante en este proceso. Tanto en Chile como en otras partes de América Latina son las necesidades materiales las que despertaron esa indignación que al final terminó movilizando a la población”, apunta Abdiel Rodríguez, profesor de filosofía de la Universidad de Panamá (UP).

En opinión de Rodríguez, el actual proceso constituyente llegó al punto actual en gran parte por las presiones en las calles que obligaron discutir muchos problemas de fondo en Chile. “Al calor de las protestas se pueden construir alternativas democráticas, los jóvenes chilenos con sus demandas heterogéneas evidenciaron eso”, apunta el docente.

Chile se convierte en el primer país del mundo en elegir una convención constituyente con igualdad de representación entre hombres y mujeres. Del total de miembros electos, unos 155 –el 51%– son mujeres, y el 49%, hombres.

“La constituyente paritaria fue uno de los primeros pasos para acabar con la desigualdad en Chile y la misoginia imperante en la antigua constitución pinochetista. Las mujeres chilenas tendrán la posibilidad de que en ese documento se expresen derechos que durante décadas nos han dejado de lado”, reflexiona Briseida Barrantes, socióloga y docente universitaria.

Para esta elección se estableció un mecanismo para evitar la sobrepresentación de uno y otro sexo, una fórmula que en teoría garantiza más igualdad y es un reflejo más fiel de la distribución demográfica del país.

Asuntos abanderados durante las protestas, como medidas para los trabajos de cuidados, la lucha contra la violencia o las demandas por derechos reproductivos y sexuales, serán parte de los temas que estarán en la mesa de discusión de la constituyente.

Un debate que augura será intenso y que aún está por verse si terminarán incluidos en la carta magna, apunta Barrante, que es parte del comité directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Dependerá mucho de la fuerza de los movimientos de mujeres y feministas para avanzar en derechos, señala la socióloga.

Si hubo un sector que salió derrotado en los pasados comicios fue el de los partidos tradicionales, especialmente la derecha, que no le bastó presentarse con candidaturas de unidad.

Con excepción del Partido Comunista, uno de los partidos más antiguos del país y cuya lista tuvo un buen rendimiento en la constituyente, e incluso consiguió la vital alcaldía de la capital, Santiago, los colectivos históricos, ya sean conservadores o socialdemócratas, quedaron en segundo plano.

Pese a que la izquierda y los independientes llegaron a las urnas con una gran dispersión del voto, lo que complicaría la obtención de estaños, los ciudadanos castigaron a la derecha, en una lectura que se mira también como un rechazo a la gestión de Piñera, cuya aprobación apenas alcanza el 9%.

“Hay mucho descontento, tanto por las fuerzas políticas herederas de la dictadura como de los partidos de la Concertación Nacional que gobernaron por 40 años después de la salida de Pinochet. La gente está decepcionada y eso se tradujo en votos a los independientes”, dice Gabriela Rosas, doctora en educación y chilena residente en Panamá.

De acuerdo con datos preliminares, la lista de Piñera, Chile Vamos, no habría alcanzado los dos tercios necesarios para influir en el texto final. Más bien serán los independientes y los progresistas quienes tengan mayoría al sumar sus escaños.

“Pienso que esa mayoría (independientes e izquierda) permitirá facilitará el consenso en temas reclamados en la calle. La desprivatización del agua, el control de los recursos mineros, la educación pública o sistema de pensiones digno, son algunos puntos de posible confluencia”, destaca Rosas.

Por último, estarían sobre la mesa los cambios al modelo económico chileno, otrora ejemplo de crecimiento y prosperidad en la región, que terminó saltando por los aires al calor de las manifestaciones de 2019.

Para el analista político Daniel Zovatto, la línea común que cruza todo el panorama está ligada a un malestar profundo con el sistema político y social del país. “Hay una demanda de un nuevo pacto social que quede plasmado en una constitución y que sea redactada por otros actores. No solo es pedido de cambio, sino que dicha transformación la impulsen nuevas fuerzas”, señala el experto en temas electorales.

Este fenómeno en Chile, subraya Zobatto, también se está viendo en otras partes de Latinoamérica: “Si miramos la región, están esos elementos comunes con malestar ciudadano protagonizado por jóvenes, no exclusivamente, pero sí mayoritariamente (...) que sienten que el actual modelo no les ofrece futuro, agravado por la pandemia con mayor pobreza, sin trabajo y con desempleo. Ese descontento en muchos casos termina siendo reprimido por el mal uso militar y policial al criminalizar la protesta social, como en Colombia.

En opinión de Zobatto, Andrés Manuel López Obrador ,en México, o Nayib Bukele, en El Salvador, son parte de esa tensión de la población que se manifiesta en las urnas y en las calles. En el caso chileno, encontró un cauce institucional.

“La diferencia de Chile es que ellos frente a la posibilidad de que el estallido social se les fuera de las manos, las fuerzas políticas acordaron una canalización institucional y electoral (...) habrá que ver cómo se desarrolla en los otros países”, apunta también el directivo del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA) .

Otro desafío en Chile serán las próximas elecciones presidenciales y del Congreso. Quienes ganen tendrán que gestionar la coyuntura constituyente y su posterior referéndum. “Hay mucha incertidumbre por todo esto, pero también se abren grandes oportunidades si el resultado está a la altura de las expectativas de la gente. Tras lo de Chile, creo que otros países en la región buscarán renegociar sus constituciones y pactos sociales”, acotó.

El proceso de la búsqueda de una nueva redacción para la Constitución Política de Panamá podría coincidir con el proceso electoral de 2024, que tiene el objetivo de renovar a las autoridades.

Para que empiecen a regir los cambios a la carta magna pueden pasar hasta dos años, según los propios tiempos establecidos en la Constitución vigente de 1972, pero con cinco actos reformatorios.

Conforme al artículo 314 de la Constitución Política, puede adoptarse una nueva constitución a través de una asamblea constituyente paralela, que podrá ser convocada, entre otras vías, por iniciativa ciudadana, la cual deberá ser acompañada con firmas de, por lo menos, el 20% de los ciudadanos integrantes del Registro Electoral al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud, que, a la fecha consiste en 580,272 firmas.

Actualmente, el movimiento Justicia Social es la única agrupación autorizada para la recolección de las firmas y tiene hasta el 3 de noviembre de 2021 para la colecta de las firmas exigidas por la Constitución. Adicionalmente, se mantiene la solicitud de la agrupación Panamá Decide para ser aprobada como organización autorizada para la recolección de firmas.

El plan general de las elecciones de 2024 empezará a ejecutarse desde enero próximo, por lo que ambos escenarios pueden coincidir. Para el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, será un gran reto para la institución que preside.

“Siempre es propicio que el país revise su carta fundamental, su constitución política”, aseguró el magistrado del tribunal, quien adelantó que el cálculo estimado para un referéndum es de $15 millones a $20 millones.

“A mediados de 2023, los partidos políticos estarán en proceso de primarias, y los candidatos por la libre postulación, en la recolección de firmas para definir cuáles serían los candidatos con más firmas”, adelantó el magistrado Araúz.