Chile omite el tema de DDHH en la Cumbre del Clima en Madrid

El 18 de octubre se inició una ola de protestas sociales en Chile, uno de los países más estables de América Latina hasta ese momento. Partieron con un reclamo de estudiantes secundarios por el alza de pasajes de metro de Santiago, y estalló un conjunto de peticiones: pensiones de miseria, salud pública sin abasto, endeudamiento educacional y abandono continuo del Estado en las llamadas “zonas de sacrificio”.

Han pasado más de 50 días y las cifras del “estallido” hablan: el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos habla de 27 muertes, más de 350 ojos mutilados, 192 casos de violencia sexual y más de 400 casos de tortura en manos de la policía chilena.

La precaria situación de derechos humanos en el país no ha dejado indiferente a los organismos internacionales. Amnistía Internacional, Humans Rights Watch y la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresaron su preocupación por la brutalidad con que ha actuado Carabineros desde el inicio de la revuelta.

Producto de las protestas, Chile no pudo albergar la COP25, pero se mantuvo en la presidencia de la Cumbre que se desarrolla en Madrid. Y es ahí donde el país latinoamericano no ha puesto énfasis en el tema. Las negociaciones por el artículo 6 del Acuerdo de París, los llamados mercados de carbono, han dejado fuera el concepto de derechos humanos, clave para comunidades locales que pueden sufrir los impactos sociales, ambientales y culturales que provienen de la acción climática acordada entre los Estados.

El tema, que es de preocupación entre la sociedad civil y países menos desarrollados, no le quita el sueño a la presidencia chilena. “Chile, al asumir la presidencia tiene la obligación de alcanzar consensos”, dijo la presidenta de la COP25 y ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, al ser consultada por los escasos avances en la materia durante la primera semana. Justamente el pasado martes era la celebración internacional del Día de los Derechos Humanos.

“Es nuestra obligación lograr acuerdo en todas las normativas, entre las cuales está el Artículo 6 y así darle cumplimiento al Acuerdo de París. Ese es nuestro foco y objetivo”, agregó Schmidt.

Fuentes del propio equipo negociador chileno lo reconocen. La postura de la presidencia es no interceder en los temas y cerrar acuerdos lo antes posible.

Erika Hier, del Center For International Environmental Law (CIEL), asegura que son pocos los proyectos en el nuevo mercado que tengan sean “resguardos fuertes y robustos de derechos humanos. Este nuevo mecanismo no puede violar los derechos humanos mientras promueve el desarrollo sostenible”, explica.

“Es un mínimo que pueblos indígenas y comunidades locales participen, porque cuando están involucrados desde antes de que el proyecto empiece, es más sostenible”, agrega. Para eso, Hier cree que el Artículo 6 debe incorporar un mecanismo de revisión que vaya más allá del texto, con el fin de que las comunidades puedan apelar en caso de que no se respete el espíritu del articulado.

Pero nada de eso está pasando. Tras más de una semana de negociaciones, los derechos humanos están lejos de ser incluidos en la discusión del Artículo 6, que continúa entrampado en temas como el doble conteo o el traspaso de los créditos del Protocolo Kyoto.

El borrador del último sábado ni siquiera menciona la palabra derechos humanos. Desde entonces, países como Suiza, México y Costa Rica han impulsado que vuelva, pero se han encontrado con la oposición sostenida de países árabes y de Brasil. De hecho, Ricardo Selles, ministro de Medio Ambiente del presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, ha tenido una participación activa en las negociaciones.

Y si bien el preámbulo del Acuerdo de París incluye tanto la referencia a la protección de derechos humanos como a la promoción del desarrollo sostenible, algunos países han estado cuestionando —en la discusión de los mercados así como en la de género— el tema.

Erika Hier dice estar preocupada, pues la posición de la presidencia chilena es la de presionar para llegar a acuerdos rápidamente, algo que aumentará esta segunda semana cuando las discusiones pasen a un nivel ministerial. “Creo que es importante tener las reglas bien, porque si se hacen mal y a la rápida, impactarán en la integridad del propio Acuerdo de París. Es mejor tomarse el tiempo y hacerlas bien, a apurarse a un acuerdo que nos condene por 20 años”, asegura la experta, apostando a que la discusión continúe en la COP26 en Glasgow.

El último texto disponible, liberado el pasado martes de madrugada, tampoco menciona el tema de derechos humanos, pero sí hace referencia a resguardos de protección ambiental y social.

Para la última semana de la COP, la Presidencia chilena decidió darle a los ministros de Ambiente de Sudáfrica (Barbara Creecy) y Nueva Zelanda (James Shaw) la labor de ser cofacilitadores en la negociación del Artículo 6, con el fin de apoyarse en dichos países para destrabar los desacuerdos.