La Fiscalía defiende que la denuncia contra Castillo es parte de sus atribuciones

La Fiscalía peruana defendió este jueves que la denuncia presentada contra el presidente Pedro Castillo ante el Congreso por corrupción "se enmarca dentro de las atribuciones constitucionales" del Ministerio Público.

"La denuncia constitucional presentada al Congreso de la República se enmarca dentro de las atribuciones constitucionales de la Fiscalía de la Nación y el cumplimiento de los mandatos constitucionales de perseguir el delito y luchar contra la corrupción", reza un comunicado del Ministerio Público.

Este agregó que "la decisión institucional de presentar la denuncia constitucional contra" Castillo "se fundamenta en resultados de actos de investigación objetivos, sobre la existencia de suficientes indicios que revelan la presunta comisión de delitos".

"Los fiscales conducimos nuestras investigaciones con total objetividad, apego a la Constitución y con respeto irrestricto al debido proceso y a la presunción de inocencia, sin ningún tipo de interés político, ideológico, económico ni mediático", sostuvo.

Finalmente, hizo hincapié en que "el respeto a la autonomía del Ministerio Público es una exigencia constitucional para todos los poderes y organismos constitucionales que garantiza la institucionalidad democrática".

La denuncia presentada por la fiscal general, Patricia Benavides, señala al jefe de Estado como supuesto líder de una mafia corrupta que tiene el supuesto propósito de amañar contrataciones para obtener ganancias ilícitas de obras públicas.

En concreto, lo imputa de ser el presunto autor de los delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).

El Ejecutivo y la defensa de Castillo sostienen que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso recibió la denuncia el pasado viernes y, desde ese día, tiene un plazo de diez días hábiles para decidir si la admite a trámite.

A partir de ese momento, el trámite parlamentario demorará unos tres meses antes de que el Congreso decida finalmente si acusa a Castillo por los delitos de los que lo señala la Fiscalía.

Ante esta situación, el abogado Eduardo Pachas, defensor de Castillo, afirmó este miércoles que Benavides debe ser excluida de la investigación contra el mandatario por su supuesta falta de objetividad, y aseguró que la denuncia constitucional en su contra es una "venganza de tipo personal".

Castillo también ha pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) que tome "medidas de urgencia" para abrir "un diálogo entre los diversos poderes del Estado" para resolver la crisis política que vive el país, y evitar "la configuración de una nueva modalidad de golpe de Estado".

La OEA celebrará este jueves una sesión extraordinaria para analizar la "situación en Perú" y decidir si aplicar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, que establecen que cuando un Estado miembro considera que está en riesgo su "ejercicio legítimo del poder", puede pedir a la institución que le dé asistencia para fortalecer y preservar la "institucionalidad democrática".