La SIP rechaza ley uruguaya que encarcela a periodistas por agravios a policías

Actualizado
  • 20/06/2020 12:49
Creado
  • 20/06/2020 12:49
Según la Sociedad Interamericana de Prensa, la iniciativa crea "un nuevo delito penal contra las libertades de expresión y de prensa"

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó este viernes una ley aprobada por el Senado de Uruguay que castiga con cárcel a periodistas y otros ciudadanos que agravien, insulten o critiquen en forma verbal o por escrito a policías.

La SIP, con sede en Miami, subrayó que penalizar las críticas de ciudadanos, periodistas y medios de comunicación "es una forma de crear privilegios que se remontan a la desafortunada era cuando en América Latina había muchas leyes de desprecio e insulto que protegían erróneamente el honor de las autoridades".

Los legisladores "se han excedido en sus labores, al crear 'un nuevo delito de comunicación' o una nueva acción penal contraria a principios constitucionales sobre las libertades de expresión y de prensa", manifestó la organización.

Christopher Barnes, presidente de la SIP, y Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, rechazaron la iniciativa, especialmente en una época de controversia mundial por "los abusos cometidos por policías contra los ciudadanos y por dotar a las fuerzas del orden con mayor institucionalidad".

El Senado uruguayo aprobó el pasado 6 de junio el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), un paquete de 476 artículos, entre los que se incluyen medidas de salud, educación, vivienda y seguridad.

La iniciativa, ahora en discusión en la Cámara de Diputados, además crea "un nuevo delito penal contra las libertades de expresión y de prensa", se lamentó la SIP.

El proyecto de ley precisa que aquel que "obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte, por palabras, escritos o hechos, a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas, será castigado con una pena de tres a dieciocho meses de prisión".

"Los agentes de policía deben estar protegidos de las quejas físicas y violentas", subrayó la SIP, pero criticó la "sobreprotección".

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