Titulación versus imagen exterior

PANAMÁ. Desde hace un mes cuando el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley 71 que titula derechos posesorios en costas, la opinión pública se irritó.

Las críticas llovieron, pues solo en el mes de abril la Asamblea había aprobado la Ley 23 sobre el mismo asunto, pero ahora nuevamente era el escenario de las consultas públicas hechas en el Salón Azul donde se abocaron dueños de tierras de todas partes del país.

Con dos días de consulta, el proyecto fue aprobado en primer debate, pero ahora que va al segundo debate en sesiones extraordinarias un nuevo elemento sale a relucir y es la situación internacional del tema.

La primera prueba de que los inversionistas extranjeros se suman al descontento por la posible abolición de la Ley 23, es que el pasado jueves unos 100 extranjeros que en su mayoría invirtieron en la compra de derechos posesorios de tierras panameñas, hoy temen que el gobierno les expropie lo que adquirieron hace 5 y hasta 15 años en zonas costaneras del país.

“Ustedes nos dijeron venir a Panamá”, dijo Sally Ramírez, viuda norteamericana y dueña del Hotelito del Mar en la provincia de Bocas del Toro. “Dijeron tenemos un país bello. Tenemos integridad. Tenemos un Estado de derecho. Yo confié en ustedes. Ahora parece que hice un error. No somos brutos. Sabemos lo que dicen. Dicen que la tierra que compré es del Estado. Es un golpe en la cara. No debemos tener que comprar nuestra tierra dos veces”, expresó Ramírez ante el director de Catastro del MEF, Publio Cortés y el viceministro Dulcidio De La Guardia, en el foro que por breves momentos presidió el ministro de Economía, Alberto Vallarino.

La reunión de extranjeros escuchando y debatiendo con autoridades panameñas es un hecho insólito, pero el primer indicio de que la imagen de Panamá ante los inversionistas extranjeros va decayendo. Y es que en mitad de la discusión del proyecto 71 hay 16 Tratados Bilaterales de Inversión firmados por Panamá con Estados Unidos, Canadá, Argentina, China, Chile, Corea, España, Francia, México, Países Bajos, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Suiza, Ucrania y Uruguay.

La mayoría de estos acuerdos establecen que los países signatarios se obligan a no expropiar las inversiones que los nacionales de las partes han hecho en el otro país firmante. Y en el caso de Estados Unidos de ocurrir estas situaciones, incluso se puede recurrir a medidas legales.

Para el ex magistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado, las repercusiones que podría tener Panamá como signatario de estos acuerdos incide directamente en la imagen y la economía nacional.

“Ellos lo dijeron —los extranjeros— que se sentían con gran inseguridad jurídica. Esto puede significar que no se invierta en Panamá y pienso que esto es delicado. Nos expone a una situación que nadie quiere, ponen en inseguridad la economía”, comentó Márquez.

“Creo que este proyecto hay que estudiarlo con detenimiento porque como está en este momento no está claro. Debe haber reuniones que permitan armonizar criterios y evitar conflictos y no creo que eso esté pasando. No solo se afectan extranjeros, lo más doloroso es que hay panameños que serían afectados y no se les pone atención”, aseguró Márquez.

El proyecto 71, del cual Vallarino y sus subalternos aseguran que responde a evitar acaparadores en tierras panameñas será discutido en segundo debate, después de la segunda semana de noviembre. Tanto nacionales y extranjeros le han calificado como una ley “para expropiar”, pues a pesar de que quienes tengan derechos posesorios podrán titular gratuitamente dos hectáreas de sus terrenos, el resto lo tendrían que comprar a precios que establecerá el MEF en una tabla que aún es desconocida.