Nuevas pautas y reglas

PANAMÁ. Las empresas que administran aeropuertos en el país tendrán hasta el 16 de noviembre para ajustar sus pactos sociales a las modificaciones contenidas en la Ley 71 de 2009, promulgada en la Gaceta Oficial del lunes último.

La norma establece un marco regulatorio para la administración de los aeropuertos y aeródromos de Panamá con la injerencia del Estado, de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC).

Las modificaciones adoptadas a la Ley 23 de 2003 establecen, entre otras cosas, la creación de una Junta Directiva para cada administración aeroportuaria, la cual será integrada por siete miembros, designados por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dicha directiva tendrá representación de las asociaciones de aerolíneas, comerciantes y trabajadores del aeropuerto correspondiente, y de cuatro dignatarios oficiales, cuyos cargos serán de libre nombramiento y remoción.

Cada directiva tendrá además representación de la Contraloría General de la República, la dirección de la AAC y la gerencia del aeropuerto correspondiente, quienes asistirán a las reuniones con derecho a voz.

Cada una de las directivas de los distintos aeropuertos nacionales deberán establecer, a partir de los cambios introducidos a la Ley 23, las políticas financieras, de inversión y adquisiciones que requieran como sociedad anónima en operación.

Estarán facultadas para establecer convenciones colectivas con sus empleados y deberán presentar ante el Consejo de Gabinete los informes anuales de operación, estados financieros y balances generales de la empresa.

Podrán, además, contratar servicios de auditoría externa y hacer otros contratos para que terceras personas presten cualquier tipo de servicio aeroportuario.

Uno de los fundamentos para efectuar estos cambios, indicó el diputado presidente de la comisión legislativa de Transporte, Marcos González, consiste en la transformación del Aeropuerto Internacional de Tocumen en el mejor de la región, y que sea reconocido por la seguridad de sus operaciones aéreas, así como por la calidad y excelencia de su servicio al pasajero.

“Esto implica además eficiencia en los costos operacionales y la apertura de oportunidades al transporte aéreo e intermodal, con una proyección de novedosas opciones de negocio”, apuntó el diputado.

El pasado 1 de junio inició operaciones la nueva administración del Aeropuerto de Tocumen, S.A., la cual mantuvo a más de 300 de los 500 empleados que tenía bajo control estatal.

Es la terminal aérea más importante del país, debido a su alto movimiento y tránsito de pasajeros y carga.