La hora de la verdad..

PANAMÁ. Son las 10:00 a. m, y hay bullicio. Algunos vecinos se saludan en las veredas, otros juegan a tirar la basura adentro del que en otras épocas fuera el “Coloso de Cabo Verde” —el estadio Juan Demóstenes Arosemena inaugurado en 1938 para los Juegos Centroamericanos— y más allá, unos jóvenes escuchan reggae en sus cuartos de madera.

En Curundú, un corregimiento, de 1.1 km2, ubicado en el corazón de la capital, se concentran todos los problemas de las zonas más pobres de la ciudad. En unas 800 casas, en su mayoría de madera y zinc, habitan cerca de cuatro mil personas agrupadas en familias de cinco personas en promedio, cuyo ingreso conjunto no llega a los $280, cuando la canasta básica de alimentos en junio de 2009 para una familia de cuatro personas costaba, según el MEF, $268.20.

Este lugar, donde las principales causas de muerte son el SIDA y las agresiones físicas violentas y las matrículas de estudiantes en los colegios cercanos han descendido un 10% en los últimos tres años, ha sido el escogido por el gobierno para lanzar su plan piloto contra los llamados “guetos”, es decir, las zonas marginadas donde se refugian los más pobres para sobrevivir en condiciones infrahumanas.

Aquí se ve, se huele, se siente y se vive la pobreza. La gente no tiene agua potable, sanitarios, alcantarillado, ni servicio de recolección de basura. Todos los desechos se acumulan debajo de sus casas montadas en pilotes de madera. Por eso, Curundú hiede.

Para quienes viven a la orilla del río del mismo nombre, el panorama es aún más complicado, por la contaminación de las aguas, convertidas en foco de enfermedades.

Solo en el sector "M", Viejo Veranillo y Cabo Verde se pueden ver infraestructuras de cemento, llamadas “multis” de 10 pisos, donde habitan los más pudientes de la zona. En el resto del corregimiento, predominan pequeñas casas semiderruidas, sobre todo en el área conocida como “Transporte y Talleres”.

Es allí donde el gobierno de Ricardo Martinelli ha decidido entrar para levantar nuevas viviendas que beneficiarán a unas mil familias y cinco mil personas.

El plan ha sido bautizado como “Proyecto Curundú” y se echó a andar el 3 de julio de 2009. Para empezar, se hicieron 787 encuestas a los cabezas de familia para conocer su situación económica.

El resultado arrojó que 306 personas no tienen trabajo y el resto tiene empleos informales o de bajos ingresos como obrero de la construcción, venta de comidas, agente de seguridad o trabajador doméstico. La salud de muchos de los habitantes del sector es precaria, y el hacinamiento es común. Hay casas donde viven hasta siete personas en espacios ínfimos.

Con base en este diagnóstico, el gobierno decidirá, en la semana que empieza, quién desarrollará el proyecto más ambicioso de rehabilitación urbana de esta administración, cuyo costo se calcula en $78 millones y debe entregarse en el 2013.

En la recta final compiten tres empresas: MECO S. A., Constructora Norberto Odebrecht S. A., y Constructora Urbana CUSA S. A.

La primera tarea de la empresa constructora será dragar el río Curundú y hacer un trabajo de limpieza para encauzar el río y construir puentes que unan el terreno con la Avenida Ascanio Villalaz y la Terminal de Albrook.

Después sigue la construcción de infraestructura: veredas, agua potable, electricidad y finalmente los edificios de tres pisos que tendrán un mínimo de 12 apartamentos.

El megaproyecto se compone de tres etapas: el estudio social, el manejo ambiental y la construcción de infraestructura. “Los movimientos de tierra deben comenzar en el verano de 2010”, aseguró el ministro de Vivienda, Carlos Duboy, a La Estrella en octubre pasado.

Para Joel Rudas, de 25 años, y Vilma Estrada, de 50, la promesa del gobierno es un sueño irrealizable.

Ambos han vivido toda su vida en el sector de Transpote y Talleres. Él tiene dos meses desempleado y cuando trabaja lo hace en la construcción.

“Eso de edificios no va a funcionar aquí”, comenta. Para él, la entrega de materiales de construcción para que cada quien construya su casa es una alternativa más viable.

“El proyecto está bien, pero hay una gente que tiene para pagar y otros no”, comenta Vilma. Ella se dedica a la venta de comida desde hace 30 años y piensa que las autoridades también deben ocuparse del caso de “las balaceras”. “Son pocos los que están en las pandillas” enfatiza Rudas.

En opinión del sociólgo Raúl Leis, "no tenemos un problema de maras", pero es el momento justo para "evitar una situación como la de Brasil o Centroamérica".

“Desaparecer a Curundú no es necesariamente la solución. Mientras las causas que originaron este "bolsón de pobreza" permanezcan, surgirán barrios iguales en cualquier otro lugar”, expresó Leis.

Después del estudio, el MIVI determinó como mecanismo para la asignación de las viviendas, otorgar microcréditos y ayudar a la población con capacitación para que creen microempresas que les ayuden a financiarse.

El jefe de ingeniería del MIVI, Manuel Soriano aseguró que el proyecto tiene “flexibilidad” de pago a través de Banco Hipotecario. Para ello se otorgarán hipotecas por 15 mil dólares para pagar en 25 años, con cuotas mensuales de $50. De los encuestados, solo 73 familias manifestaron poder pagar entre $41 y 50 al mes. Soriano cree, sin embargo, que con los programas sociales complementarios es posible mejorar los ingresos de las familias a través de la capacitación y con ello, hacer viable su participación en el programa.