Tierra e identidad: un derecho no reconocido

En el mes de marzo, los indígenas wounaan recibieron una promesa de las autoridades gubernamentales: nada pasaría en su territorio, nada malo, decían, por el conflicto que mantienen con los colonos por la extracción de madera.

Incluso el Ministerio de Gobierno planeaba una visita al área después de semana santa. Pero la situación estaba tensa y la falta de reconocimiento del derecho colectivo a la tierra, el incumplimiento de resoluciones y el avance de los colonos sobre espacios que los wounaan reclaman como propios, iba a detonar la tarde del viernes 30 de marzo.

Ese día la pelea por la protección del bosque de los indígenas iba a cobrarse dos muertes: Aquilo Opúa y el colono Ezequiel Batista. Ambos fallecieron durante un enfrentamiento en las serranías del distrito de Chimán, al sureste de la ciudad capital. No era la primera vez que se registraban hostilidades. Pasó en agosto de 2004, aunque entonces solo hubo heridos.

Esta vez, tres días antes del incidente la dirigencia indígena se había reunido con el director de Cuencas de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Gerardo González, en la oficina central de Albrook. Él manifestó que los permisos de extracción de madera cocobolo estaban suspendidos.

Ese viernes, Opúa inspeccionaba la zona con una delegación indígena de la comunidad de Platanares, para verificar el campo.

El panorama contradecía a González: ruidos de tractores y árboles cayendo. Opúa intentó detener el avance de un tractor y fue herido de bala por el celador de las maquinarias. Unas horas más tarde falleció.

Los indígenas reaccionaron e intentaron secuestrar el tractor. En el incidente murió también por heridas de bala el tractorista Ezequiel Batista, que de acuerdo a informaciones reside en Las Garzas de Pacora.

Fueron dos muertes que, a juicio de los aborígenes, se hubiesen podido evitar si las autoridades gubernamentales hubiesen hecho cumplir sus propias resoluciones y honraran la eterna solicitud de reconocer el derecho de las tierras colectivas de las comunidades wounaan que quedaron por fuera de la comarca.

AUTORIDADES EN LA MIRA

El lunes 2 de abril, dos días después del enfrentamiento, Alina Itucama, vocera del Congreso Wounaan, y Leonides Quiróz, asesor legal del Congreso, amanecieron en el noticiero de TVN Canal 2 hablando del incidente en que fallecieron Opúa y Batista.

El rostro de Itucama reflejaba tristeza e impotencia. Tenía sus motivos: Opúa deja en la orfandad a seis hijos, la menor, una niña de dos años con problemas faciales, contó Itucama.

‘La muerte de mi compañero Opúa me da fuerza para seguir luchando’, dijo.

Itucama y Quiróz no culpan a los colonos de la muerte de Opúa, sino a las autoridades gubernamentales. Alina señala directamente a la administradora de la ANAM, Lucia Chandeck, y al director de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), Franklin Oduber.

¿Por qué cargan el peso de dos vidas truncadas, de hijos sin padre y mujeres sin esposos sobre las autoridades? El 7 de marzo pasado, los indígenas habían realizado una protesta frente a la ANAM, en Albrook, para exigir el cese de la tala de árboles dentro de la zona que ellos reclaman como propia: un globo de tierra boscosa de unas 15 mil hectáreas en la que están las comunidades de Platanares y Río Hondo. Opúa estaba entre los que protestaban y fue uno de los testigos del compromiso de las autoridades: ‘Chandeck nos prometió que el problema se solucionaría y nos dijo que no nos preocupáramos’, recordó Itucama.

El 19 de marzo, días antes del viernes negro, Chandeck firmó dos resoluciones relacionadas con el aprovechamiento del cocobolo. La primera, la 01 02, modificó una de abril de 2011 y prohíbe el aprovechamiento de los cocobolo, excepto los caídos de forma natural y raíces de árboles talados en años anteriores y los de plantaciones forestales.

La segunda, la 0103, suspende el trámite de todos los procedimientos para la extracción forestal del cocobolo en Panamá Este y Darién.

Ambas fueron publicadas en Gaceta Oficial el 28 de marzo y eran a las que González aludió cuando informó a los wounaan que los permisos estaban suspendidos.

Pero las normas no se cumplían en Platanares y la extracción de madera seguía. Quiróz insiste aún hoy en que todo se pudo haber evitado, pero siente que a las autoridades le faltó firmeza para hacer cumplir las medidas: ‘Faltó más efectividad para evitar el derramamiento de sangre porque desde hacía meses la situación estaba tensa’, denuncia.

Los operativos que realizaron las autoridades no eran efectivos, agrega, porque no llegaban a las áreas donde estaban talando. Incluso, dice, en ocasiones sentía que había complicidad de funcionarios con los madederos porque el día que hacían las inspecciones nadie laboraba, pero tan pronto las autoridades salían del lugar iniciaban la faena.

El viceministro de Gobierno, Javier Tejeira, reconoció en TVN Canal 2 que la ANAM había hecho operativos la semana antes del incidente y sacó a los madereros con la excepción de dos que ‘hicieron caso omiso’. Fueron los que se enfrentaron con los indígenas.

DERECHO POSESORIO

En medio de este conflicto y del duelo por Aquilo Opúa, los wounaan no olvidan su eterno reclamo para que se les reconozca el título de tierra colectiva.

No encuentran ninguna explicación para que a ellos, a 50 años de habitar las tierras y tras 20 de reclamos legales, aún no le otorguen la titularidad. Más cuando a los colonos les reconocieron los derechos posesorios de un terreno que habitaron después que ellos.

En la década de 1960 los wounaan se asentaron en las serranías del distrito de Chimán y fundaron tres comunidades: Platanares, Río Hondo y Majé. Esta última separada por comunidades campesinas de las dos primeras.

Desde entonces han convivido con la naturaleza, pero con el transcurrir del tiempo otros llegaron a la zona: los colonos santeños que fundaron Unión Santeña, con los que tuvieron ‘buena relación’ al principio. Quiróz recureda que entonces los colonos visitaban sus comunidades y ‘amanecían tomando’ todos juntos. Las comunidades de Platanares y Río Hondo quedaron rodeadas de dos corregimientos ocupados por colonos: Unión Santeña y Pasiga. La de Majé está ubicada en otra área, pero dentro del mismo distrito Chimán.

Félix Piriza, cacique regional de los wounaan, recordó que en 1987 solicitaron formalmente a Reformas Agrarias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario el título de propiedad de tierra colectiva de las tres comunidades en las que viven más de mil 600 personas.

Desde entonces, dijo Quiróz, las autoridades reconocen a los colonos su título y a ellos se lo niegan.

Los madereros salieron a defenderse y alegaron que las extracciones se hacen dentro del corregimiento de Unión Santeña.

‘Es cierto’, acepta Quiróz, pero acota: ‘Deben aclarar en qué área específica’. La única área boscosa que queda, dice, es la que ellos reclaman, el resto es potrero.

Ahora más que nunca creen que es urgente que se reconozca el derecho de tierra colectiva porque delimitaría el área indígena.

Pero las autoridades no parecen estar muy animadas. Oduber, director de la ANATI, certificó el pasado lunes 12 de marzo la suspensión de todas las solicitudes de título colectivo en Platanares, Río Hondo y Majé de Chimán.

Quiróz advierte: ‘Si las autoridades no hacen nada, en Majé ocurrirá lo mismo porque ya están llegando los madereros’.