El Ejecutivo doblega a Campos de Pesé

El gobierno de Juan Carlos Varela está decidido a constreñir el controversial negocio del etanol, en manos de Campos de Pesé. Tras rebajar un tercio de su precio de venta, ayer ordenó a las surtidoras de combustible comercializar la gasolina sin el aditivo, previendo desabastecimiento.

Víctor Urrutia, secretario de Energía, aseguró a La Estrella de Panamá que la compañía se había estado rehusando a reducir el precio del etanol, por lo que la entidad decidió liberar el uso de la gasolina pura antes de una emergencia. ‘El suplidor está queriendo presionar’, agregó el funcionario. Pero la administración pegó primero. Como en una guerra preventiva.

En un comunicado, la Secretaría afirmó que se vio ‘forzada’ a emitir la resolución 2188, que permite la compra de gasolina sin el aditivo, porque Campos de Pesé dejó de vender y no avisó formalmente.

Si bien el Juzgado de Garantías de Herrera suspendió las labores de campo de la productora, las autoridades confirmaron esta semana que no había riesgo de desabastecimiento porque la medida no alcanzaba la destiladora en la que se procesa el etanol.

PLANTA EN PROBLEMAS

De cara al sol, los planteamientos del gobierno sorprenden a Campos de Pesé. Su presidente, Rafael González Fernández-Pacheco, desconoce si la directiva suspendió el suministro del biocombustible, y si lo hizo, qué la llevó a ello. Pero, insiste, todo es ‘temporal’.

La empresa está en un escenario complejo: por un lado maniobra para retener la decisión del gabinete de Varela de bajar los precios del etanol, lo que le haría perder un tercio de sus ganancias (de hecho, sus trabajadores reclamaron en las calles la seguridad de sus puestos). Por otro lado, encara los procesos legales por la contaminación del río La Villa con agroquímicos. Ayer, el Juzgado de Garantías de Herrera le prohibió fermentar la vinaza, para evitar que el químico vuelva a colorar las aguas cercanas.

La restricción alarga la mala hora de Campos de Pesé, que usa la vinaza como fertilizante en los cañaverales en los que extrae la caña para el biocombustible de la controversia.

LIBERTAD LEGAL

La reglamentación de la resolución 2188 obligaría a las surtidoras a decidirse por las gasolinas puras o las combinadas con 5% de etanol, ya que, según Urrutia, ninguna tienda tiene la capacidad de vender ambas. Esto, a juicio de la diputada Zulay Rodríguez —gestora de la propuesta de ley que haría opcional el uso del aditivo—, confirmará la preferencia por el combustible convencional.

Rodríguez aseguró que la resolución del gobierno no detendrá la discusión en la Asamblea. Incluso previó que la comisión de Comercio elevará el documento en no más de dos semanas al pleno legislativo, para ‘acabar con la ilegalidad’ en el negocio del etanol.