Una ley con nombre propio: Cobranzas del Istmo

Cobranzas del Istmo, S.A., el exitoso modelo de negocios que ideó Alberto Vallarino y que fue puesto en práctica por el empresario Cristóbal Salerno para gestionar cuentas morosas de empresas privadas, se convirtió en una ventana de corrupción al implementarse para el cobro de impuestos morosos del Estado.

La gestora de cobros sirvió de pantalla para ocultar un desfalco de grandes proporciones, según las investigaciones que realiza el Ministerio Público. La contratación de la empresa se sustentó sobre políticas estatales e iniciativas legales elaboradas durante la pasada administración de gobierno (2009-2014), una de las cuales fue, posteriormente, considerada fraudulenta.

En 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas sometió a la Asamblea Nacional una iniciativa legal que permitió la tercerización del cobro de impuestos morosos a esta empresa que, en las narices de algunos de los más altos funcionarios, provocó un fraude al Estado.

LA ARTIMAÑA LEGAL

La reforma fiscal, entre otras medidas, establece contratar gestores de cobros con vasta y reconocida experiencia en los casos de dilación que excedan los doce meses.

La ley fue firmada por el viceministro de Economía, Frank De Lima (en ausencia del entonces titular de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino) y el presidente Ricardo Martinelli.

Aunque la norma establecía que se podía contratar a varios gestores de cobros, la pasada administración monopolizó la tercerización de la recaudación morosa al adjudicarla a una sola empresa privada, la de Cristóbal Salerno, un exsocio de Luis Cucalón, para entonces director General de Ingresos.

EL ARMA LETAL

El pasado gobierno, además, favoreció con un contrato a Cobranzas del Istmo, S.A. que posteriormente fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

El contrato 100 del 25 de agosto de 2011, firmado por el entonces director de Ingresos, Luis Cucalón; la contralora general, Gioconda Torres de Bianchini; y Magaly Ramos, en representación de Cobranzas del Istmo, S.A. fue el arma legal que sustentó este desfalco que hoy investigan las fiscalías Primera y Cuarta Anticorrupción.

Alberto Vallarino y Luis Cucalón conocían al dueño de la empresa, Cristóbal Salerno, quien apenas cuatro años antes de la asignación del contrato (2006) era buscado por la Interpol por supuesto tráfico de armas.

Después de cuatro años, de haber cobrado $172 millones y tras un cambio de gobierno, salen a la luz los primeros signos de corrupción en el sistema de cobros de Cobranzas del Istmo, S.A.

Entre 2010 y 2014, Cobranzas del Istmo, S.A. facturó y cobró al Estado panameño comisiones millonarias ($47 millones) por tramitar deudas morosas, en virtud del contrato firmado en 2010. Pero muchas de las cuentas gestionadas nunca debieron llegar a sus manos. Las comisiones cobradas superaron con creces lo que realmente correspondía.

Documentos a los que tuvo acceso este medio revelaron que la empresa facturó comisiones del 30% por la gestión de más de 30 cuentas que vencían antes de los 30 meses, contrario a lo que establecía el contrato.

El caso más escandaloso fue el cobro de impuestos a la empresa estatal Tocumen S.A. (Aeropuerto Internacional de Tocumen). La gestora de cobros ganó $21 millones por cobrarle a la empresa estatal $72 millones, y sin efectuar alguna gestión de cobros, denunció Joseph Fidanque III, en una entrevista exclusiva con este diario.

A muchos no sorprendió el escándalo de la empresa. ‘Desde el principio sospeché que detrás del contrato de Cobranzas del Istmo había un chanchullo', narró la abogada Norma González, quien, tres meses y medio después de su adjudicación, el 25 de agosto de 2010, interpuso una querella penal en la Procuraduría General de la Nación, en un intento de dar la primera voz de alerta.

González conocía bien los vínculos amistosos y comerciales que existían entre Cristóbal Salerno, propietario de la recaudadora, y el entonces director general de Ingresos, Luis Cucalón.

La contratación directa de Cobranzas del Istmo, S.A. fue hecha con la clara intención de provocar un desfalco al Estado panameño. Así lo consideró el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, quien, irónicamente, formó parte de la administración que contrató de forma directa a la gestora de cobros.

CASO PENAL

El ministro, a través de sus representantes legales, interpuso una querella contra el exdirector de ingresos Luis Cucalón que establece que éste insertó un documento falso para favorecer la contratación de la empresa de su exsocio. Pero, un día antes de interponer la denuncia, el propio ministro concretó el pago de $7 millones a la gestora de cobros.

Lo que parecía un caso por una lesión patrimonial se transformó en una denuncia por corrupción, coimas y ‘maletinazos'.

Salerno, para evitar que su hija (María Alessandra), quien fungía como apoderada legal de la gestora de cobros, se viera expuesta a un caso penal, acudió al Ministerio Público para aclarar .

En sus descargos, Salerno dijo que cada dos o tres meses entregaba al exmandatario Ricardo Martinelli entre $400 y $600 mil en sus oficinas del Súper 99, en Monto Oscuro. Era su ‘porcentaje' en el negocio del cobro tercerizado de impuestos morosos.

Martinelli, además, recibió un cheque por $900 mil a nombre de Energía del Istmo, S.A., para adquirir acciones de esta empresa. Cucalón, por su parte, recibió $6.8 millones por agilizar los pagos de las comisiones que recibía Cobranzas del Istmo, S.A. Así lo declaró Salerno.

El caso que investiga la fiscal Cuarta Anticorrupción, Ruth Morcillo, mantiene a cuatro personas con medidas cautelares: María Alessandra Salerno y Magaly Ramos, país por cárcel; a Cristóbal Salerno se le concedió casa por cárcel. El único que permanece privado de libertad en forma preventiva es Luis Cucalón. Los encausados enfrentan cargos que van desde delitos contra la administración pública hasta corrupción de funcionarios.

Mientras, Alberto Vallarino compareció como testigo del caso. Dulcidio De La Guardia también ha sido llamado a declarar en calidad de testigo, pero por su investidura como ministro responderá por correspondencia.

A la Corte Suprema de Justicia le corresponderá decidir si juzga a Martinelli por este caso o lo desestima.

En días pasados, el Ministerio Público compulsó a la Corte las copias del expediente. Sin embargo, la Corte le devolvió el expediente alegando errores de forma.

La tercerización del cobro de impuestos morosos surge en la administración de Martinelli como una alternativa para recaudar miles de millones de dólares adeudados por los contribuyentes.

El sistema de cobros no era nuevo. Hay experiencias en Estados Unidos, Italia, Holanda, Australia e Inglaterra, pero Panamá parece haber roto el molde.

La figura legal que sirvió de sustento para contratar a Cobranzas del Istmo, S.A. sigue vigente, por lo que podría ser revivida en futuras administraciones.

Después de lo anterior, cualquiera podría evocar aquel popular refrán: ‘Hecha la ley, hecha la trampa'.

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‘Yo nunca he estado contra la tercerización del cobro de los impuestos; lo que he denunciado es que ese contrato no se perfeccionó ni se consiguieron las autorizaciones correspondientes',

DULCIDIO DE LA GUARDIA

MINISTRO DEL MEF