CIDH evalúa el acceso a las medicinas en América Latina

‘Anualmente mueren 700 mil personas en América Latina por no tener acceso a los medicamentos', según expusieron en un informe unas treinta organizaciones de derechos humanos en América Latina durante una audiencia sobre ‘Derecho a la salud y falta de medicamentos en las Américas' en la reunión 159° de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estas organizaciones piden que los medicamentos sean de carácter público para ‘evitar muertes por enfermedades tratables'.

Francisco Hernández Rojas, de Caritas Internacional de América Latina y el Caribe, contó que expusieron la necesidad de transformar las políticas gubernamentales y del sistema farmacéutico para que los seres humanos ‘tengamos derecho a la salud y a la vida a través de los medicamentos'.

La situación, según el sacerdote, se da por el alto costo de los medicamentos y advirtió que ‘hay muchos medicamentos, pero la gente pobre no puede comprarlos por sus altos costos'.

Los medicamentos, añade Hernández, sobran y en América Latina todavía mueren personas por cualquier tipo de hepatitis, ‘ya que el tratamiento de doce semanas sale alrededor de $100 mil'.

Además, según la OPS la región cuenta con 125 millones de personas sin acceso permanente a los servicios básicos de salud.

Contrario a la posición de las farmacéuticas, advierte Hernández, ellos llegaron a la CIDH para proponer que se incentive y se realicen más investigaciones y patentes por parte de los Estados Nacionales, y que no todo quede en manos del sector privado multinacional.

‘EL MERCADO NO PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LOS SERES HUMANOS. HAY 700 MIL PERSONAS QUE MUEREN ANUALMENTE POR NO PODER ACCEDER A MEDICAMENTOS BÁSICOS',

FRANCISCO HERNÁNDEZ ROJAS

CARITAS

El representante de Caritas focaliza el problema en las patentes monopolizadas por las grandes farmacéuticas. En el caso de una enfermedad como el cáncer, hay 11 tratamientos con un precio aproximado de $100 mil.

Esto sucede, según lo expuesto por las organizaciones, porque ‘se acorrala a los países a través de los tratados de libre comercio que tienden a proteger los derechos de las grandes empresas que patentan', afirmó Hernández, que además dice no estar en contra del derecho de patentar en sí, pero condena la desproporción existente. ‘No se puede poner al mercado por encima del ser humano', insiste.

Ante esta situación, piden que los medicamentos sean de un bien común, el cese de las campañas de descrédito de los genéricos, condenan el pago de estímulos económicos a médicos para que prescriban ciertos productos y advierten sobre las leyes que presionen a los países para proteger la salud pública.

Y piden soluciones, como las encontradas por Argentina en 2012, a través de una resolución del Ministerio de Salud y el Ministerio de Industria, que establecieron criterios estrictos de patentabilidad, explica José María Di Bello, de la Fundación Grupo Efecto Positivo, quien expuso en las sesiones de la CIDH que ante este derecho adquirido hace cuatro años, las farmacéuticas están atacando la resolución haciéndole un juicio al Estado argentino.

Di Bello explica que ‘la trampa' de las farmacéuticas es patentar combinaciones de drogas que ya tuvieron sus patentes o les hacen pequeños cambios de presentación de píldoras a cápsulas.

Esta práctica perjudica, por ejemplo, a las 400 mil personas con hepatitis C en Argentina o a las 70 mil personas con VIH positivo.

Di Bello agrega que desde el Instituto Nacional de Propiedad Industrial Argentina Dámaso Pardo, está ‘lamentablemente' dando cabida a la libre patentización por medio de la eliminación de la guía de patentabilidad establecida en 2012.

También presente entre los ponentes estuvo Juan Carlos Raxach, del Grupo de Trabajo sobre la Propiedad Intelectual, quien cuenta que en Brasil, el nuevo gobierno ha propuesto congelar los gastos públicos para medicamentos durante veinte años, esto a través de la Ley Pec 55/241.