Vecinos de Donoso denuncian falsificación

Ángela Castillo, trabajadora social del Municipio de Donoso, recibió una visita inusual en su domicilio cuando caía la noche del pasado 27 de julio. Se trataba de su jefe, el alcalde Joaquín Mora, del Partido Revolucionario Democrático, quien llevaba entre manos una tarea especial para la funcionaria.

‘Él no salió del carro, me llamó y me dijo que tenía que firmar unos formularios (que estaban) en un sobre amarillo'. El alcalde mencionó que se trataba de un proyecto de mejoras habitacionales para la comunidad de Las Minas, Río Indio, distrito de Donoso.

Castillo se extrañó puesto que ni siquiera había efectuado el levantamiento de datos socioeconómicos de los necesitados. Según la trabajadora social, el alcalde le indicó que todo el trabajo ‘se había realizado, se habían levantado las encuestas y verificado los datos'. Solo faltaba su firma, dijo.

Cuando Castillo miró los documentos, le sorprendió el primer formulario porque se trataba de un conocido suyo que vivía en una comunidad distinta a Las Minas. El señor Natividad Beitía, quien reside en Miguel de la Borda, un poblado situado a tres horas y media. Un sitio apartado al que se llega en carro, bote y un tramo a pie.

Castillo estaba asombrada. Cuando escarbó en el paquete de hojas se percató de que dos parientes suyos estaban entre los supuestos favorecidos.

En total, contó 46 formularios en los que se detallaban nombre, cédula, lugar de trabajo, ingreso económico, datos de la vivienda, descripción de las supuestas mejoras y la firma del beneficiado.

La trabajadora social había notado algo raro porque ella nunca había efectuado las encuestas, un requisito previo indispensable para poder llenar las solicitudes para sustentar los materiales.

Su instinto no la traicionó. Era la tercera vez que en el municipio le solicitaban su firma para proyectos que jamás habían pasado por sus manos.

Curioso es que todas las solicitudes de los moradores, que supuestamente pedían apoyo al municipio eran idénticas: doce hojas de zinc del mismo tamaño, 42x12 calibre 26, y una libra y media de clavos de zinc de dos y media pulgadas que utilizarían para el techo de sus viviendas.

La misma información se repetía en los 46 formularios que recibió Castillo, solo variaban los materiales con los que estaban construidas las casas.

TRABAJO DE CAMPO

Un dato más que le hizo sospechar a Castillo fue que no había una encuesta social que avalara las necesidades de los pobladores. Al menos ella, que generalmente era la encargada de esa tarea, no la había efectuado.

Castillo llevó una nota al alcalde para que le autorizara hacer las labores de verificación de campo, pero él se negó alegando que la comunidad iba a perder el proyecto. Nunca quiso recibir la carta en la que solicitaba encuestar a las comunidades que aparecían en los formularios.

Unos días más tarde, el 16 de agosto, Castillo recibió una nota que ponía fin a los tres años que había trabajado en el Municipio de Donoso.

‘Yo pienso que ellos se iban a coger eso, no sé si los materiales o el dinero', indicó Castillo a La Estrella de Panamá , donde presentó su relato.

Además, se preguntaba cómo localizarían a las personas para entregarles los materiales, si vivían en zonas remotas.

Cada hoja de zinc, según una cotización efectuada por este diario, tiene un costo de $20.28. Cada solicitud era de doce láminas, lo que equivaldría a $243.36 que, multiplicado por 46 formularios representarían $11,194.56, sin contar el costo de los clavos.

Finalmente, el proyecto no se ejecutó y guiada por sus sospechas, Castillo nunca firmó los formularios.

Decidió ir por su cuenta a encuestar a los supuestos beneficiados y confirmó en la comunidad de Jobo Centro, en el corregimiento de Guásimo, que los datos plasmados en el papel eran falsos y que esas personas nunca habían firmado las solicitudes.

¿De qué manera el alcalde consiguió las cédulas? Castillo supone —por la información que le proporcionaron los moradores consultados— que en una ocasión, el maestro de la escuela recogió las cédulas de los padres de familia para un proyecto de paneles solares dirigido a la comunidad de Jobo Centro, pero nunca se concretó. Luego, supone la trabajadora social, los documentos fueron útiles para el alcalde para sustentar los datos de supuestos beneficiados por los proyectos de mejoras de viviendas.

La Estrella de Panamá conversó con algunos de ellos.

Eusebio Ortiz negó todos los datos que aparecen en el papel en el que aparece su supuesta firma.

‘Yo no vivo en Donoso, vivo en Cativá, Colón. Nunca he recibido una ayuda, zinc o clavos del municipio, y tampoco soy agricultor. Jamás firmé los documentos que usted me dice y nadie del municipio me ha venido a preguntar nada', indicó.

Este medio intentó localizar al alcalde Mora para conocer su versión, pero su teléfono se mantuvo apagado por varios días. Una de sus funcionarias indicó que el viernes pasado se encontraba en zona de difícil acceso y estaba incomunicado.

Tampoco respondió el secretario general, Carlos Baltazar, a quien se llamó varias veces.

La voz de los ciudadanos que supuestamente recibirían las mejoras fue unísona. En una carta escrita a puño y letra, catorce moradores de distintas zonas dejaron constancia de que nunca habían firmado dichos documentos ni han solicitado los materiales que el municipio supuestamente les iba a entregar.

POSIBLES DELITOS

Extraño es que los documentos, según Castillo, hayan pasado por el filtro de la Contraloría General de la República en el municipio.

La denuncia de los moradores apunta a un posible peculado porque se trata del uso de fondos del Estado, ‘falsedad de documentos públicos porque se trata de información falsa, y ante una posible asociación ilícita para delinquir, dependiendo de quiénes crearon eso, si se trata de una red', indicó el abogado Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados.

Araúz añadió que también hay que considerar en este posible hecho punible quienes consintieron el delito, por ejemplo, los funcionarios que debían confirmar los datos y omitieron sus funciones.

De confirmarse los señalamientos de los moradores, ‘estaríamos ante posibles irregularidades administrativas que afectan la buena marcha del servicio público, así como actos de corrupción constitutivos de delitos, por lo que se pondría en conocimiento a la autoridad competente', señaló Angélica Maytín, administradora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

¿Quién firmó los formularios y cómo se hicieron las supuestas encuestas?, preguntamos a Elsy López, relacionista comunitaria del municipio cuyo sello aparece en los formularios.

La funcionaria asegura que su trabajo se limita a revisar que los datos generales de la cédula coincidan con los plasmados en el papel. ‘Los formularios no fueron elaborados por mí, yo solamente los verifiqué, no sé quién los firmó', dijo López.

-¿Quién los elaboró? preguntó este medio.

-No sé, tengo que consultar a mi jefe, no estoy autorizada para dar la información, indicó la funcionaria.

Este medio conoció que la dibujante del municipio, Yasmeiri Castillo, fue quien supuestamente levantó las encuestas a los pobladores cuando realizó una gira junto a varios compañeros de la oficina.

La dibujante aseguró a la trabajadora social haber ido a Las Minas y haber hecho el levantamiento del proyecto. ‘Me dijo que había visitado cincuenta casas, y que había hecho la encuesta a las personas, que había ido a Las Minas por órdenes del alcalde', apuntó la funcionaria que, sin embargo sabe que los ecuestados a los que se refiere la dibujante no viven en esa zona.

ANTECEDENTES

El Municipio de Donoso ha sido blanco de críticas en el pasado por el manejo de los fondos procedentes de la actividad minera establecida en el distrito.

Una publicación de este diario dejó en evidencia que los impuestos de Minera Panamá se utilizaron para comprar seis automóviles y engrosar la planilla de la alcaldía de tres funcionarios administrativos a 115.

En este caso, un representante del municipio indicó a este periódico que el Gobierno Central debía crear una infraestructura para administrar los frutos de la actividad minera. Todo esto, en plena descentralización, una fuerte inyección económica a los municipios, que adelanta el Gobierno central.