Víctimas del bus 8B-06 demandarán al Estado

Familiares de los pasajeros fallecidos y sobrevivientes del incendio del bus 8B-06 demandarán al Estado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). La demanda será presentada tan pronto el juez del Tribunal de Kansas, Estados Unidos, avale el acuerdo de indemnización que alcanzaron las víctimas y la empresa norteamericana Northcutt, comercializadora del gas refrigerante que provocó el incendio del bus.

‘Las autoridades panameños contribuyeron en gran medida a que esta tragedia ocurriera porque permitieron que ese bus circulara sin contar con las medidas de seguridad',

VÍCTOR MARTÍNEZ

ABOGADO

Aunque se trata de un acuerdo mutuo extrajudicial el juez del Tribunal de Kansas, donde se llevó el proceso de la demanda contra la empresa, debe emitir una sentencia en la que la empresa acepta su responsabilidad, y el Estado panameño sale involucrado, explicó Víctor Martínez, uno de los abogados de los demandantes.

Sin embargo, la razón fundamental de la demanda por violación de los derechos humanos es porque el Estado incumplió con su rol de fiscalizador al permitir la entrada de un bus que no cumplía con las mínimas medidas de seguridad para el transporte de pasajeros, en vista de que no contaba con puerta ni ventanas de seguridad.

Esto, dijo Martínez, provocó la muerte de las personas y las graves heridas de quemadura a otros. En total fueron 18 personas fallecidas y 28 sobrevivientes, de los cuales algunos quedaron con graves lesiones corporales.

Otro de los argumentos de la demanda contra el Estado panameño es que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia eximió de responsabilidad al Estado por el incendio al responder diversas demandas que se presentaron en contra de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

El abogado Martínez recordó que el primer fallo se dio en mayo de 2010, bajo la ponencia del entonces magistrado Alejandro Moncada Luna.

A nivel penal, también se presentaron denuncia contra directivos del Banco Nacional de Panamá, pero que fueron sobreseídos provisionalmente porque la Contraloría General no entregó a tiempo un informe que el Ministerio Público solicitó sobre la línea de prestamos que la entidad bancaria abrió para los transportistas, indicó Martínez.

El bus 8B-06 había sido adquirido con esa línea de crédito de $30 millones que el gobierno de Mireya Moscoso abrió a los transportistas. La única condena que hubo fue contra el conducto y el propietario del vehículo.

Solo hubo condena contra el propietario del bus y el conductor.

Este lunes, familiares de fallecidos y sobrevivientes en conjunto con el abogado Martínez dieron a conocer, en conferencia de prensa, el acuerdo con la empresa. En estos momentos se redacta la documentación para su posterior firma y esperan que se logre antes del próximo 23 de octubre, cuando se cumplan 12 años de la tragedia.

Ese día de 2006, el bus 8B-06 de la ruta Mano de Piedra-Corredor Norte se incendió en La Cresta. Dos de los sobrevivientes (Lidia Atencio y Luis Contreras) recordaron en la conferencia de prensa las peripecias que han sufrido por las lesiones como consecuencia de las quemaduras. Al mismo tiempo manifestaron su satisfacción por el acuerdo.

Para el abogado Martínez ‘la justicia de Estados Unidos le ha dado una bofetada a la justicia panameña al hacerle justicia a las víctimas'.