Juez de garantías ordena al Consejo de Seguridad ubicar a siete testigos

El equipo de abogados del expresidente Ricardo Martinelli, quien será juzgado este 12 de marzo por los presuntos delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y dos cargos por supuesto peculado, llamará a 28 testigos para probar que su cliente es inocente.

El juez de garantías Francisco Carpintero, ordenó al Consejo de Seguridad ubicar a siete de ellos, a quienes la defensa ha intentado localizar infructuosamente, para entrevistarlos y citarlos al juicio.

‘El objetivo de la defensa sobre afectación de derechos fundamentales no ha sido señalada de manera clara, los informes del 26 de enero y 1 de febrero no refieren directamente su condición de salud'

REBECA GRYNSPAN,

CANDIDATA A SECRETARIA

La decisión del juez se dio en una audiencia celebrada en horas de la mañana de este jueves, solicitada por los abogados de Martinelli por afectaciones de derechos de salud y de derecho a la defensa, esta última por la imposibilidad que había tenido la defensa de ubicar a los testigos con quienes debe entrevistarse.

Carlos Carrillo, abogado de la defensa, explicó que hay siete testigos que laboraron en el Consejo de Seguridad que han sido admitidos por las partes para demostrar su teoría del caso, y que el Consejo de Seguridad, liderado por Rolando López, ha obstruido su ubicación.

Cuatro de estas personas ya no trabajan en la entidad de seguridad, fueron trasladadas a otros estamentos, como el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval, según Carrillo, ‘para imposibilitar su comparecencia'.

Los otros tres, de acuerdo con la defensa, están en la planilla del Ministerio de la Presidencia y laboran en el Consejo de Seguridad.

‘Lamentablemente, el comportamiento del Consejo de Seguridad fue que ellos no podían ubicar a nadie si no lo ordenaba el fiscal', indicó el abogado, quien manifestó que está ‘en contra de un Estado policíaco'.

‘Los directores deben actuar en derecho y no por principios de policía, que eso le corresponde a la Policía Nacional. López hizo nula la petición de la defensa, y espero que así como hoy le han ordenado que conteste, que la Procuraduría General de la Administración lo sancione porque estaba impidiendo la defensa de Martinelli', agregó.

Con respecto a la afectación de derechos por atención médica, el juez dejó establecido que no hubo tal, pues quedó demostrado que Martinelli ha recibido atención médica en más de 75 ocasiones para conocer su estado de salud.

No obstante, el juez concedió que Martinelli sea evaluado por médicos del Instituto de Medicina Legal, por primera vez desde el 12 de junio de 2018, fecha en que el exgobernante fue extraditado a Panamá desde Estados Unidos, y se constató su estado de salud.

En ese sentido, el juez solicitó que Medicina Legal revise y emita opinión sobre dos informes médicos, uno con fecha del 26 de enero y el otro del 1 de febrero pasado, en los que los médicos Gaspar Arenas y Bey Lombana llegaron a la conclusión de que se debía evaluar la privación de libertad de Martinelli.

El fiscal Contra la Delincuencia Organizada, Ricaurte González, solicitó al juez que se aporten los informes médicos ‘porque interesantemente los galenos deberán explicar cómo evaluaron a un privado de libertad que no tiene registro de haber salido del penal en las fechas en que se elaboraron los informes. No se le notificó a la Fiscalía o a una oficina judicial sobre una supuesta salida del penal para ser evaluado', manifestó el fiscal.

La intención de González, además de aclarar lo anterior, es comprobar que la condición médica establecida en informes previos no justifica la necesidad de una medida cautelar por motivos de salud.

La fiscalía se mostró interesada en que se concrete la citación de los testigos de la defensa porque ‘quieren ir a juicio oral, es importante que haya justicia oportuna a partir del 12 de marzo para que se dirima si es responsable Martinelli o no', exclamó el fiscal, quien espera que no se aplace el juicio porque las ‘víctimas han esperado los suficiente'.

La fiscalía trabaja en notificar a 75 testigos que aportarán su versión sobre los hechos que pretenden acreditar la culpabilidad de Martinelli, quien corre como candidato a diputado del circuito 8-8 y como aspirante al cargo de alcalde de la capital en las elecciones del 5 de mayo próximo.

Una vez iniciado el acto de audiencia, el defensor del exmandatario solicitó la suspensión de la transmisión emitida por el Órgano Judicial de la audiencia por supuesta violación de derechos, lo cual fue negado por el juzgador y objetado por el fiscal González, quien argumentó que el artículo 9 del Código Procesal Penal dispone la publicidad de las audiencias.

El fiscal del caso prevé que el juicio oral, que debe iniciar en marzo, se prolongará por casi dos meses, considerando la cantidad de pruebas que fueron admitidas por cada parte.