Censo de población 2020 se posterga por impugnación a licitación de $8 millones

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República anunció que se postergará el Censo de Población y Viviendas programado para mayo de 2020.

La medida obedece a la impugnación interpuesta por el consorcio PBS-Xeroz a la licitación pública para la contratación de impresión y suministro de materiales censales, servicios logísticos y de procedimiento de los cuestionarios de los Censos 2020, explicó la Contraloría en un comunicado.

La nueva fecha para el ceso será definida luego del fallo del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, que tendrá hasta 60 días para fallar después de las prácticas de prueba.

El abogado constitucionalista Ernesto Cedeño explicó que en caso de que no haya necesidad de practicar pruebas, los 60 días contarán después de admitir el recurso de impugnación. Si en ese periodo, el Tribunal de Contrataciones no emite un fallo, se dar por cerrado el proceso de licitación con la empresa ganadora.

Sin embargo, ante cualquier escenario´, la Contraloría busca prepararse y coordina la nueva fecha con el próximo contralor General, Gerardo Solis, que inicia funciones el próximo 2 de enero.

El acto de apertura de propuesta se realizó el 6 de junio, en la que participaron tres empresas. La comisión evaluadora entregó su informe un mes después, el 5 de julio, en la que daba por ganadora a la empresa Polysistema al obtener 95 puntos.

La empresa PBS, que presentó el reclamó, sacó el puntaje más bajo al obtener 87. Después del 5 de julio, se han interpuesto una serie de reclamos ante la Dirección General de Contrataciones Públicas, resultando en todos los casos la decisión inicial de adjudicar a la empresa Polysistemas, señala el comunicado de la Contraloría.

Luego de las decisiones de la Dirección General de Contrataciones, la empresa PBS acudió al Tribunal de Contrataciones Públicas el 23 de octubre y fue admitido el 28 del mismo mes. Desde entonces, la Contraloría espera el fallo del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y actualmente se encuentra a la espera del fallo.

El proceso de licitación se inició en el 2018 y el pliego de cargo se publicó en marzo de 2019. Nueve meses después, todavía no se ha sido posible formalizar la adjudicación del contrato, debido a las interposiciones de reclamos y al recurso de impugnación presentado por uno de los consorcios, se quejó la Contraloría. La licitación es por $8 millones.

El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas es un ente independiente y imparcial , con jurisdicción en todo el país para conocer en última e única instancia del recurso de impugnación contra el acto de adjudicación. El fallo puede ser de dos vías: aceptar los reclamos de la empresa que impugna o mantener la decisión de la comisión evaluadora.