Trámites en línea serán obligatorios para entidades públicas y municipios
La falta de una verdadera política de Estado ha impedido una efectiva implementación de la actual Ley 83, en la mayoría de las instituciones a nivel nacional

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 86, que establece la obligatoriedad en las entidades públicas y en los municipios del país para el uso de los medios electrónicos para la realización de los trámites en línea.
El proyecto, impulsado por la agrupación Conciencia Ciudadana, a través de la Dirección de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, modifica y adiciona artículos a la Ley 83 de 2012, que regula el uso de medios electrónicos para las gestiones gubernamentales y facilita un trabajo más expedito a través de este sistema digital.
El sub administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Stoute, explicó que las modificaciones a la Ley 83 se dan debido a que era poco abarcadora y ahora se mejora y será de carácter obligatorio.
Destacó que se fijan metas específicas por cada institución y se establecen penalidades si existe negligencia. Además se tendrán presupuestos funcionales para lograr el objetivo y sobretodo elimina la presentación de papeles innecesarios.
Al respecto, Cristian Ábrego, del movimiento Conciencia Ciudadana detalló que con este proyecto de ley se busca impulsar la digitalización de los trámites estatales y garantizar la implementación del programa de interoperatividad entre instituciones, municipios y Órganos del Estado.
Sostuvo que con este documento los ciudadanos no tendrían que salir de casa para hacer trámites, y muchos de estos podrían realizarse desde el alcance del celular.
“Este es el primer proyecto propuesto desde participación ciudadana que llega a tercer debate en la Asamblea Nacional desde que inició este periodo”, según informó Conciencia Ciudadana.
Ábrego sostuvo que a pesar de que el fin de la Ley 83 fue positivo, el tema no se manejó como una verdadera política de Estado desde su promulgación a la fecha, lo que ha impedido una efectiva implementación en la mayoría de las instituciones a nivel nacional.
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