'Todo lo que sea necesario'

Esta frase de Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, usada para indicar cómo enfrentar la crisis global financiera de 2008, ha regresado al ámbito de la política económica en la crisis económica covid-19.

La situación actual no es causada por condiciones económicas o financieras, ni tampoco políticas, sino una generada por un agente externo que obliga al cierre de actividades económicas causando tanto un shock de la oferta (productores) como de la demanda (consumidores); ha sido llamada como una recesión, inducida por condiciones de salud y sobrevivencia.

Frente a ello, los gobiernos están tratando de usar todo su arsenal de políticas económicas, ya sea fiscales, como aumento del gasto público, reducción de impuestos; y monetarias, manteniendo liquidez, estabilidad financiera y crédito a través del sistema bancario. Cada uno toma acciones de acuerdo con sus capacidades fiscales y monetarias.

Para fortalecer a las empresas se están reduciendo impuestos, otorgando líneas de crédito garantizadas por el Estado para pequeñas y medianas empresas y por renglones específicos, tales como capital de trabajo o costos fijos y se apoya a las industrias más afectadas como el turismo, comercio y transporte aéreo.

En países de altos ingresos y otros de medianos ingresos (en Europa Central, Asia Central y este del Mediterráneo) es una política común mantener la relación empleado/empleador a través de transferencias y préstamos a empresas grandes, pequeñas o medianas que se hayan visto afectadas por el cierre; las empresas a su vez usan estos fondos para pagar parcialmente a sus empleados hasta cierto monto (ver página del FMI Policy Response to Covid) (1) (2). El apoyo a las personas se da también por transferencias masivas o por sectores afectados, y pueden incluir la capacitación.

Entre los planes paquete de apoyo más completos están los de Nueva Zelanda Wage Subsidy y Singapur Job Support (3) (4)

¿Podrían adaptarse algunas de estas últimas medidas a Panamá, país de ingreso medio alto, sin banco central y con realidad distinta? Para ello sería necesario configurar un presupuesto suplementario o anticrisis a mitad del año. Esto permite tener un balance de cuánto se va a gastar en la nueva situación, recordando que el Estado, por lo general, no ejecuta el 100% del presupuesto planeado y que las circunstancias han reducido no solo ingresos, sino también gastos.

Aun así, la vía del endeudamiento y aumento del déficit parece inevitable; si se crea un Fondo pro empleo estimado en 2% del PIB nominal de 2019, este sería de alrededor de $1,350 millones.

Actualmente la relación Deuda/PIB está cercana al 49%, por lo que se aumentaría al 51%, cifra alta pero justificable frente a la pandemia.

La fuente de ingresos podría ser una emisión en mercados de capitales de un bono catalogado como social (ya se han dado otros con esta denominación en el mundo) como parte de los bonos sostenibles.

Para ilustrar a modo de ejemplo cómo configurar un plan muy similar a los que se vienen aplicando en otros países, sería necesario ante todo garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, por medio de auditorías y reportes públicos constantes. Un modelo de dicho plan cubriría lo siguiente:

Fines:

1) Retener los empleos en las empresas que hayan tenido una caída significativa en sus ingresos (puede ser más de 20% u otra) a partir del mes de marzo 2020. La empresa recibe la transferencia en base a la presentación de la planilla y paga a sus empleados.

Cubriría hasta el 50% de los salarios de los empleados que se encuentran contratados a la fecha, con un máximo de $400 hasta 5 meses, por un total de $2,000. ¿Por qué $400? La mediana de salarios en el sector formal era de $721 por mes en 2019, por lo tanto $400 es algo más del 50%.(5)

Los primeros en recibir este aporte serían las casi 200,000 personas bajo contratos laborales suspendidos, y pagándose a partir de la fecha en que la persona entró en suspensión. Si la persona se reincorpora, el pago podría seguir ejecutándose, aunque solo hasta 50% del salario y con el mismo tope de $400 hasta el mismo período, la empresa cubriría lo restante del salario.

La forma de identificar a los beneficiarios es la planilla de la empresa, presentada a la Caja de Seguro Social, añadiéndose datos del Ministerio de Trabajo de contratos suspendidos.

Los independientes que declaran renta podrían sustentar también su caída en ingresos y calificar.

Este beneficio podría alcanzar hasta casi 300 mil personas, cubriéndose casi el 30% de la fuerza laboral asalariada en el sector privado (se excluye administración pública y sus servicios). (6)

El monto total puede llegar a unos $600 millones.

2) Mantener empleos en el sector informal. Los ocupados en el sector informal no agrícola eran casi 700 mil personas, un 30% de ellas es cerca de 200,000 personas. En este sector, los salarios son más reducidos que en el sector asalariado. (7)(8) La identificación es más difícil, pero pueden usarse criterios de ubicación por sectores más afectados, por ejemplo, en fondas por los tenedores de carnés de salud, en transporte por las licencias de conducir y por los gremios transportistas, permisos municipales de buhonería, etc. En otros países, para los pagos a beneficiarios se usan mecanismos de pago vía celulares (Togo, Malasia). El monto total puede llegar a unos $400 millones.

3) Pago del equivalente al 10% de los programas anteriores para cubrir el pago al Seguro Social (9,25%) y el resto (0,75%) para los gastos de administración del Fondo. Es también una oportunidad para afiliar a los independientes e informales. Monto hasta $100 millones que equivale al 10% de los $1000 millones de los dos programas de empleo, ayudando también a la recaudación de la Caja de Seguro Social.

4) Una reserva de $220 millones para extender los planes de empleos y seguro social un mes más.

5) Gastos de los despedidos por causa de la caída en los ingresos de las empresas.

Tres meses de pago a razón de $400 por 3 meses por un total de $1,200 por empleado, independientemente de los pagos por liquidaciones. El despido debe haberse dado por causa de la reducción de ingresos de la empresa a partir de marzo de 2020. Monto hasta $20 millones.

La forma de identificar los beneficiarios es vía Ministerio de Trabajo y la empresa.

6) Un fondo de entrenamiento y capacitación de hasta $10 millones para personas que estaban desempleadas antes de la pandemia o empresas que deberán renfocarse por razón de afectación del negocio y necesitan adaptación de su personal a nuevas habilidades.

Resulta vital y se convierte en un imperativo ético evitar la destrucción de más plazas de trabajo y mantener o fortalecer los vínculos empleado/empleador. Una vez ese vínculo se quiebre, resultará más difícil recuperar las plazas de trabajo perdidas.

Una vez más como nación se prueba nuestra coherencia, compasión y carácter; una vez más, como en las otras ocasiones, podríamos dar testimonio a las futuras generaciones.