Aprueban en segundo debate proyecto que permitiría al Estado disponer de hospitales inconclusos

Tras ser puesto en discusión con urgencia notoria, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles en segundo debate, el proyecto de ley 386 que permitiría al Estado disponer de obras de infraestructuras públicas o privadas, concluidas o en cualquier etapa de construcción, tras la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional declarado por la pandemia de covid-19.

Dentro de esta norma se incluyen hospitales terminados o en cualquier etapa de construcción que puedan ser habilitados para prestar atención de consulta ambulatoria, de urgencias, salones de parto y cirugía, salas de hospitalización y de cuidados intensivos; entre otras atenciones. 

Este proyecto, de convertirse en ley de la República, permitiría al Estado disponer de la llamada Ciudad de la Salud que construye la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) desde 2012, pero que aún no ha sido terminada.       

El proyecto establece en su artículo 3 que de acuerdo al cálculo de necesidades iniciales y a la evolución de la situación de contingencia, el Estado podrá disponer de los siguientes tipos de recursos necesarios para implementar las ayudas en general y en lugares específicos de: 

1. Hospitales terminados o en cualquier etapa de construcción que puedan ser habilitados para prestar atención de consulta ambulatoria, de urgencias, salones de parto y cirugía, salas de hospitalización y de cuidados intensivos; así como laboratorios, estudios de imágenes, rehabilitación, farmacia, dietética y comedores, lavandería, depósitos, etc. 

2. Gimnasios, colegios, estadios, piscinas, centros de convenciones, plazas que puedan ser utilizados en las diferentes comunidades, corregimientos y cabeceras de distritos como refugio y que puedan ser utilizados para prestar atención primaria a las personas.

1. Hospitales o clínicas privados 

2. Hoteles, pensiones, colegios y universidades, gimnasios, estadios, piscinas, centro comercial, terminales de transporte, y edificios o residencias vacías.

El documento impulsado por el diputado oficialista Crispiano Adames tiene como objetivo establecer un marco jurídico para que el Estado, y los actores sociales gubernamentales, por conducto de las autoridades competentes, encuentren alternativas para asegurar y gestionar recursos materiales y humanos para la ejecución de acciones de bienestar y salud en los casos que por razones de emergencia nacional, por epidemias, pandemias, catástrofes ambientales naturales o provocadas por conductas o actos humanos inadecuados para controlar las afectaciones, reducir los riesgos y procurar de manera oportuna satisfacer las necesidades básicas de toda la población, dentro de las directrices de un Estado de Emergencia Nacional, declarado por el Consejo de Gabinete. 

Según el diputado Adames, el proyecto tiene como objetivo fundamental establecer el carácter de obligatoriedad del Estado de recurrir al artículo 50 de la Constitución Política, que versa sobre la capacidad y la primacía que tenga el Estado en momentos de crisis, de asumir situaciones con referencia a casos de particulares.

El artículo 50 de la Constitución Política de Panamá establece que: Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma Ley, el interés privado deberá ceder al interés público.

Según Adames este proyecto busca agilizar las obras de infraestructura que se mantienen paralizadas tanto del Ministerio de Salud (Minsa), como de la CSS.

La Ciudad de la Salud aún no ha sido entregada a su promotor la Caja de Seguro Social (CSS), a pesar de que fue licitada durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y tenía como fecha de entrega julio de 2015.

“Nosotros lo extrapolamos en la necesidad urgente que tiene la CSS y el Minsa de reforzar su capacidad instalada y que se ve limitada en acciones como la Ciudad de la Salud que no se concluye, una obra llave en mano que comenzó en el 2012 y que se transformó en pagos por avance y que hoy en día hay una empresa que tiene controversias con relación a lo que ellos dictaminaron, pero que el pueblo panameño se ve limitado en poder utilizar su capacidad instalada”, recalcó Adames.

Durante el debate, el diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez expresó sus dudas frente a esta iniciativa y dijo que este proyecto no va a ser la panacea.

“Pensemos que esta norma va a ser la panacea y nos va a permitir mañana buscar nuevos contratistas para estas obras y hospitales, estamos todos claros que por las normas que esta Asamblea ha aprobado FCC, Odebrecht, Bagatrac pueden perfectamente licitar en Panamá, a pesar de que son empresas que confesaron ser corruptas”, precisó Vásquez.

“Necesitamos ese hospital sí, pero con el respeto que se merecen, no podemos ponernos la cara de los anticorrupción porque si las empresas corruptas están aquí, es porque esta Asamblea como las anteriores, dispusieron que estas se queden aquí”, precisó.

Manifestó que “FCC es una empresa corrupta”, y que que si de verdad queremos blindar a nuestro país de esta clase de empresas, entonces deben hacerse las leyes en esa dirección.

"Juan Carlos Varela no necesitaba una norma como esta para sacar a los corruptos de este país. El primero de julio de 2019 que llegó el presidente Cortizo y pudo poner en marcha un proceso diferente al que el ahora habla de que él va a negociar personalmente con FCC, y como dije aquí en el periodo de incidencias, es mi opinión, yo respeto la del presidente... con los corruptos no se negocia", afirmó Vásquez.