Canciller lleva al Legislativo convenciones anti racismo y de protección de los adultos mayores

La ministra de Relaciones Exteriores Erika Mouynes presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley, que permite aprobar la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y el proyecto que permite aprobar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y todas la formas conexas de intolerancia.

La canciller manifestó que la Convención Interamericana contra el Racismo y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, atienden “deudas pendientes” con la población afrodescendiente y de adultos mayores, ambos grupos de amplia representación demográfica en nuestro país.

Ambas convenciones, garantes de los Derechos Humanos en el sistema de la Organización de Estados Americanos, fueron firmadas entre 2014 y 2015, pero Panamá no las ratificó, lo que sí hicieron otros países de la región como México, Uruguay, Chile y Argentina, destacó la ministra de Relaciones Exteriores.

“En el plano internacional, la lucha contra el racismo ha cobrado particular relevancia y resulta indispensable que Panamá se posicione de una manera firme contra cualquier actividad que promueva la intolerancia”, sostuvo la canciller Mouynes.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

Mientras que la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, compromete al país a prevenir, eliminar, prohibir, y sancionar, de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones recomendadas, todos los actos y manifestaciones de racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia, incluyendo el apoyo privado o público a actividades racialmente discriminatorias y racistas o que promuevan la intolerancia, así como su financiamiento.