Testimonios de abortos y violación en albergues, revelan nuevas denuncias de la Asamblea

Han pasado seis meses de aquellas revelaciones que estremecieron a la población panameña sobre los abusos y violaciones en los albergues para menores de edad. Es poco lo que se ha hecho en defensa de esta población vulnerable, pese a los arrestos de trabajadores de estos centros de acogida y renuncias de las más altas esferas en las instituciones responsables de garantizarles protección.

Esta afirmación se sustenta en la existencia de un nuevo informe elaborado el 24 de agosto del 2021 por la Comisión de la Familia, la Niñez, la Juventud y la Mujer de la Asamblea Nacional, al que obtuvo acceso La Estrella de Panamá y que recoge testimonios aún más desgarradores a los revelados en el primer informe de febrero del presente año, elaborado por esta misma comisión legislativa.

Este informe actualizado que resulta de nuevas denuncias llegaron de manera anónima a la citada Comisión de la Asamblea.

Las acusaciones recientes fueron presentadas por personas allegadas a mujeres menores de edad, víctimas de maltratos físicos y psicológicos en albergues del corregimiento de Tocumen, provincia de Panamá y que generaron en ellas graves lesiones físicas y hasta intento de suicidio.

El documento revela que los hechos de abusos y violaciones se dieron entre los meses de marzo y abril, fecha en que se supone los albergues estaban bajo la lupa de las instituciones encargadas de custodiar y proteger a este grupo de la población.

Las malas prácticas en los albergues panameños continúan exponiendo a los niños, niñas y adolescentes a convertirse en víctimas de delitos. Esto no solo lo demuestran las nuevas denuncias, sino que también es expresado por la diputada suplente Walkiria Chandler D'Orcy, quien era parte de la comisión investigadora que dio a conocer las primeras revelaciones oficiales sobre los abusos en los albergues. “ (...) Parece que hubiese una complicidad de las autoridades”, dijo la diputada a TVN.

Una de las denuncias señala que una adolescente, que se encontraba en el Centro de Atención Integral de Tocumen (CAI), intentó suicidarse por la falta de cuidados y atención en el albergue.

Un médico psiquiatra comunicó las afectaciones que estaba experimentando la adolescente, quien tuvo que ser recluida en el Hospital Nicolás A. Solano, de La Chorrera, por trastorno psicológico.

Días después, el médico informó a la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf) que la menor debía ser trasladada porque estaba compartiendo sala con pacientes con diferentes trastornos y adicciones. Además, portaba el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Pero, la institución argumentó que no había más opciones, según el informe parlamentario.

La niña terminó violada en el hospital. Posteriormente, fue internada en un albergue en Chitré. 'La Decana' intentó, sin éxito, contactar las oficinas del CAI, para conocer una versión del tema.

Otra de las denuncias que llegó a esta instancia establece que a una adolescente le practicaron un aborto en un albergue en Tocumen. Y, que según la denuncia, le cortaron el cordón umbilical y nuevamente se lo introdujeron. Las autoridades de la institución aseguran que el aborto ocurrió el 11 de marzo de 2021. Pero, la adolescente ingresó el 18 de abril de 2021 al centro de acogida por lo que se presume que los informes fueron alterados.

La niña fue sacada del albergue y entregada a un hermano de entre 19 y 20 años que residía en Santiago de Veraguas, Atalaya, quien no contaba con una vivienda ni la madurez necesaria para atender a la menor de edad, plantea el documento.

De acuerdo al informe, le entregaron dinero al hermano para alquilar un cuarto. Incluso le compraron una estufa y le dieron colchones para que tuviera las condiciones mínimas para atender a la joven adolescente. Pero, después de unos días, la adolescente se escapó. Al momento no ha regresado, ni se sabe nada de ella. “No se ha podido ubicar a la adolescente y no sabemos si está vagando en las calles y se encuentra en riesgo o en peligro”, cita el documento.

Por estos dos casos se ha solicitado a declarar a la directora del CAI (Yamira Díaz) y a dos trabajadoras sociales y psicólogos de la dirección de protección del Senniaf. Además, se ha solicitado ubicar a las trabajadoras sociales que laboraban en el albergue durante el mes de abril de 2021, que supuestamente fueron rotadas para que no brindaran información. Se ordenó también ubicar a las menores para tomar declaraciones. Estos casos fueron reportados al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para que interponga la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público (MP).

“Hemos quedado consternados frente a unos señalamientos y un informe que presentó la diputada Emelie García, donde de manera anónima presentaron casos donde jóvenes adolescentes han sido supuestamente violados(..).”, dijo la diputada Kayra Harding, quien es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Panamá.

Un comunicado de la Senniaf establece que estas denuncias son parte de un listado de ocho denuncias interpuestas por la actual administración de la institución entre el 29 de mayo y el 18 de julio de 2021.

La comisión legislativa había solicitado la comparecencia de una exministra del Mides, una exdirectora, una exsubdirectora y un exfuncionario del Senniaf. También cito a la actual directora de la institución, Graciela Mauad. Todos presentaron excusa al compromiso para investigar los casos de abusos a los menores en los albergues.

Mauad justificó su ausencia argumentando que se encontraba atendiendo la situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes que recientemente ingresaron al territorio nacional. La funcionaria y los exfuncionarios están citados nuevamente para el 21 de septiembre.

Un informe parlamentario difundido en febrero pasado señaló que decenas de menores en albergues supervisados por el Estado fueron víctimas de abusos sexuales y malos tratos al menos desde 2015, lo que generó indignación en el país y numerosas protestas para exigir castigo para los culpables.

Después del escándalo que estremeció la sociedad panameña, el MP anunció que realizaba una serie de investigaciones, 28 sobre diversas irregularidades vinculadas a los albergues, de las cuales tres han resultado en condenas; se han dado 12 imputaciones y tres están pendientes de realización de audiencias de imputación por diversos delitos.

Al mismo tiempo, (MP) mantiene 18 casos en etapa de investigación vinculadas a las irregularidades en los albergues. Entre los delitos que investigan las diversas fiscalías a nivel nacional, 16 casos corresponden a delitos contra la libertad y la integridad sexual; 11 por la presunta comisión del delito de maltrato al niño, niña o adolescente.

Además, la Fiscalía Anticorrupción lleva una investigación por delito contra la administración pública, que vincula a una fundación que operaba un albergue, ubicado en Tocumen.

Entre las investigaciones que se encuentran en curso, estaban previamente los dos casos que fueron referidos por parte del Ministerio de Desarrollo Social, este lunes 24 de agosto de 2021, iniciadas desde el pasado 21 junio y 16 de julio de 2021, respectivamente, una de ellas radicada en la Fiscalía Superior de Adolescentes.

El primer caso, a pesar de las múltiples diligencias practicadas y que continúan en proceso, no se han encontrado los elementos de convicción que acrediten la existencia del hecho.

En el segundo caso, investigado por delito sexual, se señala como presunto agresor a un menor de edad con diagnóstico clínico que será evaluado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf); además de las responsabilidades que pudieran derivar por posible negligencia.