Nellys Herrera: 'No hay un plan estratégico nacional contra la violencia a la mujer'

Panamá no cuenta con un plan estratégico de acción y prevención contra la violencia doméstica. Ni siquiera existen informes detallados, con cifras y análisis, de lo que ocurre en las familias y las causas del incremento de este delito. Son cifras que se registran en el Ministerio Público, pero no existe un estimado de los números ocultos, sobre aquellas mujeres que optan por no acudir a las autoridades por temor, falta de recursos o desconocimiento. Hasta el mes de julio de este año, según cifras del Ministerio Público, los fiscales habían recibido 10,115 denuncias. A la fiscalía arriban más de mil casos cada mes, lo que copa el trabajo de los funcionarios generando un cuello de botella sin poder brindar la atención a todas las voces de auxilio. En el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) han llegado 6 mil denuncias, muchas habían sido rechazadas por el Ministerio Público antes de llegar al instituto. La directora encargada, Nellys Herrera, avanza con la intención de revivir un comité, dormido por años, capaz de ajustar planes a mediano y largo plazo, así como programas educativos que transformen, entre otras, la mentalidad machista de la sociedad, una de las principales causas de la violencia doméstica.

Primero, debiésemos tener como Estado un análisis a profundidad de estas cifras que nos permita analizar los casos de femicidio, incluso. Esto nos podría arrojar un informe de situación de violencia contra la mujer en el país. No lo tenemos. El último fue antes de 2013. Estos temas sociales deben tratarse con investigaciones, con informes, soluciones. Estas cifras nos sirven como referentes. Pero hay varias situaciones en los números que registra el Ministerio Público, estamos hablando de las víctimas que aceptaron la denuncia, las que se atrevieron, que están lugares próximos en los que pueden denunciar. No estamos hablando de las áreas de difícil acceso que incluso dentro de la provincia de Panamá el costo de la movilización es un problema para estas mujeres. Hay otra cantidad de factores de señalamiento de la sociedad para quienes se atreven a denunciar el maltrato en su contra. Tendríamos que analizar una serie de factores, pero si lo vemos de manera fría y puntual, vaticinábamos que irían en aumento. Antes de la pandemia y pos-pandemia, vemos como ha recrudecido la violencia contra la mujer.

Hay una serie de factores, pero te puedo señalar que en los temas sociales hay que trabajar en promoción. Llevar campañas continuas para desarticular el pensamiento machista y agresivo por parte de la sociedad. También tenemos que trabajar en planes de prevención. La ley también dicta la responsabilidad de trabajar en materia de atención y garantizar la certeza del castigo. Si analizamos estos componentes, la pregunta es: ¿cómo los trabajamos? Existe en la ley 82 la constitución de un comité que preside el Inamu llamado Comité Contra la Violencia en la Mujer (Convimu). Está integrado por 15 instituciones del Estado, cinco de la sociedad civil. A nuestra llegada al Inamu nos damos cuenta cuál era la planificación que había en el comité y nos percatamos que no hay un plan estratégico nacional contra la violencia a la mujer. La ley dicta incluso la necesidad de un plan integral, pero si no existe un primer plan estratégico que indique las pautas para cada una de las instituciones a largo plazo, es ahí donde radica el problema.

La ley dicta responsabilidades a cada una de las instituciones. Cuando nosotros solicitamos el informe a cada una de ellas, no existe un informe real y profundo que cumpla con las responsabilidades que la ley dicta.

Todos. El Inamu es el regente y tiene responsabilidad de velar por ello. Un ejemplo sencillo, hablar de educación es transformar conductas a largo plazo, una o dos generaciones. Necesitamos implementar desde la educación básica planes y programas; esto no existe. En este gobierno estamos creando una estrategia nacional con planes y programas que van a impactar en materia preventiva para el futuro. Pero, por ejemplo, la ley también dicta que el Ministerio de Salud debe tener programas específicos para atender a las sobrevivientes de la violencia, a sus familiares, a sus hijos y esto no existe.

Mira, yo te puedo hablar de la necesidad urgente de lo que no se ha hecho. Si nosotros hablamos de 80 años atrás la mujer no tenía derecho al voto. En nuestros días, en 2013, se creó una ley para tipificar el femicidio y la violencia contra la mujer. El tema de violencia a la mujer es uno donde históricamente la mujer ha sido un objeto de intercambio. Crear estas transformaciones no solamente es en la sociedad, sino en los dirigentes del Estado [para que] cumplan con su responsabilidad.

No, nunca lo hizo. Nosotros estamos haciéndolo. Si yo hubiese encontrado un plan y pudiera ver resultados de las acciones, es otra cosa. El Estado ha invertido en prevención en los últimos años, no podemos medirlo porque han sido temas reactivos, es parte del problema. Hay una falta de planificación. Lastimosamente es una deuda histórica de parte del Estado con las mujeres.

En ese sentido hay una gran diferencia cuando una víctima de violencia se acerca al Inamu. En la institución encuentra atención social, psicológica y legal. La diferencia es que cuando una mujer se acerca al Inamu, nos cuentan que han ido a la fiscalía y no las atendieron. Yo tengo que ser justa con los fiscales en el sentido de que no saben reconocer, porque no tienen un equipo multidisciplinario, que les permita reconocer que hay violencia. Por ejemplo, la sociedad misma no entiende que si una mujer no quiere tener sexo con su pareja, así sea su esposo, y lo hace a la fuerza es una violación. La sociedad nos ha formado y ha hecho creer que somos una posesión. Cuando te casas te dicen, entrega a este hombre esta mujer. Hay temas de vieja data que debemos transformar solo con educación. Tengo que reconocer de la administración actual que ha hecho cambios significativos.

En lo que va del año hasta agosto hemos recibido unas 6 mil denuncias. El 70% de ellas ya habían acudido a una fiscalía y no les aceptaron la denuncia. Cuando acudieron a nosotros y se les asesoró legalmente el Inamu le hace el acompañamiento y expone el caso, da una explicación e informe técnico que le permite fortalecer la denuncia. Esa es la gran diferencia que después se vuelve una herramienta para los fiscales. Ahora, insisto en que también hay ausencia de formación y empatía en el tema. Nosotros encontramos un caso de una señora con discapacidad postrada en una cama llena de gusanos y excremento hasta el cabello, que estaba podrido de tanto excremento. Una señora con un carné que decía que tenía una discapacidad mental certificada por la Secretaría Nacional de Discapacidad. El esposo de la señora tenía una responsabilidad como cuidador de esta persona. La señora estaba en un estado de desnutrición que duró tres semanas hospitalizada. La fiscalía dijo que ahí no había delito, y que lo que había era pobreza. En el Inamu hemos hecho un trabajo de investigación con los vecinos para levantar un informe y presentarlo.

Claro que no. Nosotros somos un ente auxiliar de la justicia porque les proporcionamos información. Pero no somos un ente investigativo, pero nosotros no podemos dejar esto así. Cómo es posible que tuvimos que buscar a la policía, al Ministerio de Desarrollo Social, y esta señora hoy esté resguardada en un convento. La tuvimos que resguardar porque la persona que debió cuidarla la dejó postrada en una cama un año. Los intervinientes en su momento hacen su trabajo.

La violencia puede ser psicológica, verbal, física, económica o patrimonial y sexual. Cuando las personas llegan y nos dicen que han sufrido una agresión sexual, quien hace las preguntas termina induciéndola a ver si ella tuvo una responsabilidad en haber sido violada. Y estos son temas que tenemos que cambiar en quienes reciben las denuncias. Es un ejemplo de muchas situaciones. Estamos hablando que la violencia sexual, a través de Medicadura Forense puede medirse. La violencia más difícil de probar es la psicológica porque medicatura forense, por ejemplo, lo atiende a través de un examen psicológico, llenan un formulario. Pero qué pasa con esta persona que puso la denuncia, la llaman un año después y no le pueden ver las afectaciones. Esas afectaciones no se ven, ese examen no es suficiente porque no tiene un acompañamiento. Existe una ruta de atención a la violencia contra la mujer desde el primer interviniente. En todos los espacios nos encontramos con debilidades. No podemos seguir tapando. Tenemos que jugar nuestro papel como autoridades.

De manera urgente nosotros tenemos instaladas dos comisiones en el comité contra la violencia a la mujer. Una de ellas es la que analiza toda la ruta de atención de violencia contra la mujer en la que están todos los intervinientes y analiza los nudos críticos que se presentan en cada una y hacer los correctivos incluyendo si requiere presentar una modificación a través de un anteproyecto de ley. El otro tema específico son los brazaletes electrónicos. Hemos integrado una comisión con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público, el Inamu y la Policía Nacional porque en este tema el gobierno anterior lo trató de llevar desde el Ministerio de Seguridad. A mi llegada al Inamu conversé con la ministra de gobierno, quien había hecho un análisis profundo, y nos dimos cuenta de que no hay competencia por parte del Ministerio de Gobierno en este asunto. Cuando conversamos con el procurador de la nación nos informa que en el cambio al Sistema Penal Acusatorio, la responsabilidad de dictar medidas preventivas de protección le toca al Órgano Judicial (OJ) pero no tiene un equipo de supervisión para ello. Estamos evaluando si hay necesidad de cambiar el Código Penal, o si ordenarlo a través de un decreto.

No te lo puedo decir. La única figura que tiene la capacidad de brindar un monitoreo es el Ministerio de Seguridad pues regenta la Policía Nacional, pero la ley no le da la competencia. Lo que estamos buscando es un análisis jurídico, técnico y operativo…

Es que ha estado parado toda la vida, porque hemos hecho la convocatoria para atender el tema. Preguntémonos por qué se dejó dormido tanto tiempo. Nosotros hemos llegado con la intención de ponerlo en marcha.

Habría que llamar a las autoridades que estuvieron antes en el Ministerio de Seguridad…

Nosotros no podemos dejar de lado el papel que juega la sociedad civil. Tengo que reconocer que la mayoría de los temas que se han atendido con urgencia han sido gracias a las luchas de los movimientos d de la sociedad civil, pero también necesitamos de los medios de comunicación.

Estoy de acuerdo. La ley no me faculta, pasa que cuando se crean leyes se estipulan una serie de responsabilidades, en el Inamu, por ejemplo, pero no tenemos presupuesto. La ley no me da facultades para levantar ningún tipo de investigación sobre ellos.

Tenemos un presupuesto actual de $6.1 millones. estamos hablando de fortalecer la institución a $24 millones, pero el Ministerio de Economía y Finanzas nos recortó a $5 millones. Estamos tratando de que se reconsidere el presupuesto recomendado y se nos dé un presupuesto más justo. Nos tendremos que ajustar entendiendo que tenemos una pandemia en curso, que nos aprueben $12 millones.

Totalmente.

Tenemos que desarticular el pensamiento machista con la formación continua dentro de un sistema educativo.

Porque tenemos iguales capacidades que los hombres.

Desde mi punto de vista jamás he buscado que a las mujeres se nos regale nada. Yo estoy aquí por mis conocimientos, vengo de las luchas históricas de las mujeres, he luchado por la paridad, contra la violencia y en ese sentido, ninguna de nosotras está menos preparada que los hombres. Si volvemos la mirada años atrás cuando entramos a la Universidad Marítima, que en ese momento era la Universidad Náutica, no se permitía entrar a las mujeres. Hay un rezago histórico. Entonces, estamos buscando cómo equiparar de manera más rápida ese espacio que se nos quitó. Por ejemplo, en los estamentos de seguridad, hay mayores y comisionadas, todas las mujeres que están en esos rangos estuvieron cinco años en preparación, cuántas han sido contempladas, aunque sea en una terna, para ser directoras de la institución. Hay discriminación, porque en el caso de ellas tienen las mismas competencias que los varones, pero no son tomadas en cuenta porque hay un tema de machismo de por medio. En este gobierno es la primera vez que la tercera y cuarta al mando de la policía son mujeres. Estamos rompiendo estereotipos y haciendo equidad.

Te puedo decir que existe un nuevo proyecto piloto que solo está en tres países de la región, uno de ellos es Panamá. Se trata del sello de igualdad que busca en las instituciones de gobierno y en el sector privado que lo regenta el Ministerio de Trabajo, esto permite disminuir esa brecha. Con esto te quiero decir que cuando analizamos números fríos, pero dejamos de ver las alternativas que se han creado para reducir estas brechas, seguiremos en números fríos. Es importante señalar cuáles son las alternativas que hemos creado.

El gobierno creó una estrategia a través de la línea 182, todas las técnicas estaban es su casa por las restricciones, pero todas las semanas se mandaban mensajes a las mujeres recordándoles a las mujeres que no estaban solas.

Cuando marcaban las líneas las técnicas las atendían de manera directa para darles asesoría y si era necesario verlas físicamente.