- 14/06/2014 02:00
El PAN está en la mira por el uso de más de $100 millones en la pasada campaña electoral
Las denuncias por el supuesto uso de fondos del Estado en la campaña electoral de candidatos de los partidos oficialistas Cambio Democrático (CD) y Molirena empezaron a llegar a las fiscalías. Ayer, el abogado Guillermo Cochez se presentó a la Fiscalía Electoral a interponer una denuncia por violación constitucional y delito electoral.
Cochez alega que, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y ‘con la irresponsable aprobación’ del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a cargo de Frank De Lima, y el visto bueno ‘irresponsable’ y la ‘nula’ supervisión de la Contraloría General de la República, dirigida por Gioconda Torres de Bianchini, se desembolsaron más de $100 millones para ayudar, posiblemente, en las campañas de candidatos a puestos de elección popular, principalmente de la alianza ‘Unidos por más cambios’, conformada por CD y el Molirena.
El supuesto apoyo a los candidatos oficialistas, según el exembajador de Panamá ante la OEA, estaría violando claros preceptos de nuestros ordenamientos legales, que prohíben el apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular.
En la investigación de estos delitos se debe determinar, en primer orden, el monto de los recursos del PAN utilizados en ‘estos deleznables propósitos’ trasladados por el MEF y refrendados por la Contraloría.
Cochez solicitó los respectivos informes a estas entidades para determinar quiénes se beneficiaron con estas ayudas y la justificación que le han dado a las mismas, ya sean alcaldías, juntas comunales o diputados directamente.
El jurista, que además presentará en el Ministerio Público, la próxima semana, una demanda contra el titular de Economía y la contralora, solicita que se apliquen sanciones ejemplarizantes a quienes resulten culpables de los delitos electorales denunciados. Solicita que el resultado de esas pesquisas sea remitido a las instancias correspondientes, como la Fiscalía de Cuentas, a fin que de que se castigue pecunariamente a quienes usaron los fondos.
BENZADÓN SE LAVA LAS MANOS
Mientras, una carta enviada por Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, a la directora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a Información (Antai), Abigail Benzadón, tuvo una respuesta negativa.
La funcionaria, por medio de un anuncio pagado en los medios de comunicación, le respondió a Castillo que la Antai no tiene facultades para crear comisiones con fines de investigación.
Benzadón considera oportuno que Castillo ejerza sus derechos ciudadanos por los canales correspondientes y dice que no aportó evidencias como lo dicta ley de solicitud de este tipo de información.
Según Benzadón, la Ley de Transparencia no debe interpretarse como facultad investigativa y, de ejercerla, se estaría usurpando competencias de la Contraloría y del Ministerio Público.
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