‘Investigar a Benavides no puede depender de la voluntad política'

Abrir o no una investigación. He ahí el dilema político que ha dejado una denuncia pública del exagente de seguridad del magistrado Victor Benavides, en la que lo acusa de ‘comerciar' fallos y de pedofilia.

El exmagistrado Guillermo Márquez Amado increpó ayer a la Asamblea Nacional por asumir las pesquisas, tomando en cuenta que ‘cualquier delito relacionado con la administración de justicia es algo serio'.

‘La justicia es un valor fundamental para la sociedad, y no puede estar en entredichos', insistió.

Vicente Caballero Zambrano, seguridad de Benavides hasta 2010, aseguró que hacía depósitos de hasta $20 mil en cuentas del Banco Nacional por los ‘negocios' del magistrado de la Sala Tercera de la Corte.

El abogado Ángel Gómez, defensor de Benavides, ha considerado los señalamientos como un pase de factura, dado que el sistema de justicia condenó a Caballero a quince años de prisión por secuestrar a la madre del máximo juez.

Los diputados alegan que a la Comisión de Credenciales no ha llegado ninguna queja contra Benavides.

‘Esta ha sido una cuestión de medios, se ha llevado mediáticamente, pero no tenemos conocimiento de que haya una denuncia', aseguró el diputado perredista Leandro Ávila, comisionado de la junta legislativa que aprueba el nombramiento de funcionarios de alto perfil y juzga a los magistrados y al Presidente.

‘Lo que haya que investigar se investigará', remata sin pudor.

Desde el Colegio Nacional de Abogados, su vicepresidente, Juan Carlos Araúz, deslegitima la espinosa denuncia de Caballero, al considerar que no fue presentada por los canales ‘formales'. ‘Hay que rechazar las denuncias que se hagan en formas no previstas por la ley, y que violan principios básicos: la presunción de inocencia y el derecho a la honorabilidad', arguye.

Araúz dudó que aun cuando llegue a la Asamblea la situación prospere. Ahí —rebate Márquez Amado— se deberán deponer las voluntades políticas. Y más, tomando en cuenta que a Benavides le quedan ocho meses en el cargo.