Ejecutivo pide anular contrato de Finmeccanica

El Gobierno panameño demandó la nulidad del contrato firmado entre el Estado y la empresa Selex, filial de la italiana Finmeccanica, para la adquisición de radares, helicópteros y un mapa digital.

La demanda fue presentada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por la firma Tapia, Linares y Alfaro, contratada por el Gobierno.

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, acudió a la Corte para firmar el poder al abogado de la firma, Octavio Del Moral.

La acción legal también incluye la solicitud para que se suspendan provisionalmente los efectos del contrato, firmado por José Raúl Mulino, a cargo del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

El ministro Alemán hizo saber que la demanda se fundamenta en el principio de derecho administrativo conocido como ‘desviación de poder', que significa que el acto se adoptó con una finalidad distinta a lo establecido en las normas.

‘Nos hemos encontrado con una empresa de nombre Agafia Corp., que estaba cobrando una comisión de $25 millones y no hemos encontrado evidencia de que esa empresa haya realizado alguna gestión para recibir un pago tan exorbitante', explicó el ministro.

Este pago a la empresa Agafia Corp. es precisamente una de las pruebas presentadas por el abogado Del Moral para demandar la nulidad del contrato con Selex. Adicionalmente, se presentaron como pruebas las sentencias de los tribunales de Roma y de Nápoles, Italia, en los que se da constancia de la corrupción que rodeó al contrato.

‘Tenemos bastante material probatorio y confianza en que la Sala Tercera anulará el contrato', dijo.

El abogado también señaló que en este proceso deben ser llamadas las empresas Finmeccanica y Selex.

Además, explicó que luego de esta acción legal viene una segunda etapa, la de recuperar el dinero que ya se ha pagado, así como otras demandas por otros contratos realizados. ‘Este es el primer paso de una lucha que puede ser larga'.

El ministro Alemán dijo que existe la posibilidad de que la empresa demande un arbitraje, pero que se trata de posibilidades que se irán enfrentando en la medida en que se presenten.

El Ministerio de Seguridad informó que mientras la Corte no tome una decisión sobre la suspensión provisional del contrato, el Estado deberá cumplir con lo establecido sobre los pagos.

Actualmente, dijo una fuente de la entidad, se está pagando hasta el mapa digital, que no ha llegado. El Estado adeuda todavía $250 millones.

El pasado 20 de junio, el ministro de Seguridad Rodolfo Aguilera exigió al conglomerado italiano Finmeccanica que retire los radares y que devuelva los fondos ya cancelados .

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‘Tenemos bastante material probatorio para que se declare su ilegalidad',

OCTAVIO DEL MORAL

ABOGADO DE TAPIA LINARES Y ALFARO