Mendieta y Carrasco sustentan el ‘245' ante los diputados

La Asamblea Nacional no avanzó ni un centímetro en el proyecto de ley No. 245 sobre acuerdos de penas y el Consejo de Gabinete no discutió la querella en contra de la empresa Odebrecht.

La Dirección de Asesoría Legal de la Presidencia solicitó un poco más de tiempo para ‘resolver algunos temas de fondo' de la querella que presentará el Ejecutivo en contra de la empresa brasileña. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, había anunciado que, este martes, se discutiría el tema para decidir que ministro de Estado presentaría la acción legal.

La Secretaría de Comunicación del Estado informó que se estima que el próximo martes se discuta el tema.

Mientras que en la Asamblea Nacional, a pesar de que se retomó el debate del proyecto de ley No. 245, que establece el proceso para la colaboración eficaz o delación premiada dentro del sistema mixto o inquisitivo, no hubo avances.

El escenario, ayer, en la Asamblea Nacional fue distinto a la del lunes. La presencia de los funcionarios del Órgano Judicial (los magistrados Luis Mario Carrasco y Secundino Mendieta), el Ministerio Público y el Ejecutivo marcó el debate.

Los diputados hicieron los cuestionamientos necesarios a los funcionarios del Judicial presente y se centraron en el artículo 20 del proyecto que permite los acuerdos entre el Ministerio Público y el investigado en el sistema mixto.

El diputado del Partido Popular, Juan Carlos Arango, pidió a los magistrados de la Corte comprometerse en que no se genere impunidad, porque de los contrario serán ellos los que deberán dar respuestas a la sociedad panameña.

Arango presentó una modificación al proyecto, pero no fue considerada por los diputados para su rechazo o aprobación.

El magistrado Secundino Mendieta, considera que para lograr un acuerdo entre el Ministerio Público y las partes se debe autorizar a los jueces de circuito y de esta manera se subsana la falta de la figura del juez de garantías en el sistema inquisitivo mixto. Mendieta, además, destacó que el artículo 20 del proyecto de ley 245 va a ayudar a ‘desalojar' los procesos penales del sistema viejos, pero desgraciadamente ha coincidido con una situación coyuntural, como las denuncias de corrupción por el pago de coima de Odebrecht.

EJECUTIVO PIDE AYUDA

La presencia de los magistrados en la Asamblea se da, luego de una carta que le envió el Ministerio de Gobierno al presidente de la Corte, José Ayú Prado, para que enviará a representantes del Órgano Judicial a ‘ilustrar a los diputados' sobre el proyecto de ley.

Ayú Prado solicitó a su colega Harry Díaz atender la solicitud del Ministerio de Gobierno. En la misiva de Ayú Prado al Díaz señala la titular de Gobierno, María Luisa Romero, secundada por el titular de la Presidencia, Álvaro Alemán, compartió el interés de ellos y del diputado y presidente del hemiciclo Legislativo, Rubén De León, para que magistrados de la CSJ ilustren sobre el proyecto de ley.

El magistrado Díaz respondió , mediante carta. al presidente del Judicial, Ayú Prado y aprovechó para hacerle reclamos al presidente de la Corte. A juicio del magistrado Díaz, el proyecto de ley no tenido el apoyo necesario de Ayú Prado desde la presentación del documento en septiembre de 2015.

El magistrado Díaz también hacen algunas recomendaciones. Solicita que el delito de corrupción sea imprescriptible por ser considerado de lesa humanidad y que los acuerdos de pena no se apliquen en casos de corrupción que superan los $250,000 y en todo caso que la pena de cárcel sea como mínimo tres años.

DATOS DEL PROYECTO

El proyecto de ley fue presentado en la Asamblea en el 2015

El Ejecutivo solicitó ayuda a los magistrados de la Corte para ‘ilustrar' a los diputados.

El magistrado Harry Díaz recomienda cambios a la redacción del artículo de acuerdo de penas.

La siguiente recomendación del magistrado de la Corte es que cuando un panameño o extranjero residente en nuestro país sea un posible imputado o acusado, y haya salida del país de 30 días, sin retornar, se procederá con la respectiva audiencia de imputación y acusación.

Esto es muy obvio, destaca Díaz, cualquier persona que cometa un hecho delictivo puede salir del país y paralizar el respectivo proceso, por ende, debe ser incluida esta excepción a la regla general del SPA.

Las recomendaciones fueron enviadas al presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, y al Ejecutivo.

El segundo debate del proyecto de ley No. 245 debe continuar hoy.