Camacho presenta denuncia contra el presidente Juan Carlos Varela

El vocero del partido Cambio Democrático (CD) Luis Eduardo Camacho presentó en la Asamblea Nacional una denuncia penal contra Juan Carlos Varela, presidente de la República.

Camacho acusa a Varela de delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad competente e infracción de los deberes de funcionarios públicos y fraude en los actos de contratación pública, delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de asociación ilícita para delinquir, delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado panameño y sociedad panameña.

Las pruebas presentadas por Camacho son las declaraciones de Ramón Fonseca Mora, exministro consejero de Varela.

Camacho solicita que se reciba declaración jurada de Fonseca Mora, separación del presidente de su puesto, medidas cautelares, solicite el TE el acta autenticada del nombramiento y acta de toma de posesión de Varela.

El 9 de febrero, antes de su primera indagatoria, Fonseca Mora declaró ante los medios de comunicación que el presidente Varela, había recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial.

Fonseca Mora también dijo que el presidente Varela le confesó que la designación del magistrado José Ayú Prado como presidente de la Corte Suprema de Justicia era porque ‘era manejable desde arriba'.

Fonseca Mora y su socio fundador de la firma Mossack & Fonseca, Jürgen Mossack, mantienen cargos por blanqueo de capitales y desde el jueves están detenidos en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

La declaraciones de Fonseca Mora "confirman lo que Cambio Democrático y nuestro líder Ricardo Martinelli hemos estado denunciando casi desde el inicio de la gestión del presidente Juan Carlos Varela, que es la intromisión y el control de otros órganos del Estado, en este caso la Corte Suprema de Justicia, la propia Asamblea Nacional y también el Ministerio Público", explicó Camacho.

El Partido Revolucionario Democrático, por su parte, anunció que hoy también interpondrá una denuncia contra el presidente Varela. El colectivo solicitó, el viernes, a su bancada legislativa designar una comisión para investigar los contratos de Odebrecht en todos los gobiernos.

Recolección de firma

En tanto, organizaciones civiles recogen firmas para pedir una comisión internacional amparada por la ONU o la Organización de los Estados Americanos para que investigue los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en el país.

‘La Justicia panameña no está en capacidad de investigar estos delitos sin una asistencia internacional', argumenta una de las impulsoras de la iniciativa, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Por Justicia.

Según la activista, el Órgano Judicial de Panamá no puede afrontar la investigación de los sobornos de la constructora brasileña porque es "demasiado compleja" y porque no cuenta con el respaldo de la sociedad panameña.

‘Nuestros sistemas de Justicia no están funcionando porque todos los partidos políticos y todas las instituciones están involucrados en este sistema de corrupción', añadió Castillo.

Es por eso que piden una comisión internacional indepediente, similar a la que se creo en Guatemala y Honduras. En Guatemala se consiguió destituir al presidente Otto Pérez Molina. ‘Sabemos que aquí no va a ser fácil, que va a haber mucha oposición, pero es la única solución', afirmó Castillo.

La recole+cción de firmas físicas empezó, este lunes, pero desde el fin de semana se hace de manera electrónica en el portal ‘change.org' bajo el título ‘Alto a la impunidad en Panamá'.

Carlos Lee, abogado y miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, explicó que la petición de crear una comisión internacional se basa ‘ante la incapacidad que vemos de nuestros funcionarios que tienen que efectuar la investigación'.

‘No se pretende que esta comisión interfiera con la función que le corresponde al Ministerio Público', aseguró Lee.

Las asociaciones civiles, agrupadas en la Asamblea de Asociación Ciudadana, exigen también la auditoría de todas las obras de Odebrecht, que en tres gobiernos suman $9,000 millones.

Los organizaciones sociales también piden aprobar los antes posibles las reformas electorales y que se establezca normas claras de transparencia en el financiamiento de los partidos y campañas políticas.