Los beneficiarios de los subsidios serán proveedores del Estado

Una propuesta de ley para permitir que las personas que reciben subsidios económicos del Estado se conviertan en proveedores de los comedores escolares es analizada por el Gobierno Nacional.

El documento fue enviado a la Presidencia de la República por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), para ser presentado ante el Consejo de Gabinete, informó Franklin Corro, secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional para el Plan de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Senapan).

Corro explicó que la iniciativa forma parte de la agenda del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (2017-2021) del Estado para disminuir a menos del 5% la población que no cuenta con la seguridad alimentaria. Actualmente, unas 400 mil personas, el 10% de la población, no llega a cubrir la mitad del ‘costo calórico' de la canasta básica familiar por mes, señala el Plan, que lanzó el Gobierno Nacional el pasado 28 de marzo.

El funcionario explicó que la propuesta busca que las personas que reciben los programas de subsidios —como Bono Alimenticio, 120 a los 65 y Red de Oportunidades—, y que viven en zonas de difícil acceso puedan agruparse en pequeñas asociaciones agropecuarias con la finalidad de desarrollar huertos comunitarios, cuyo productos podrán comercializar en los centros educativos de esas áreas para los comedores escolares.

En vez de que el Ministerio de Educación (Meduca) realice las licitaciones de los productos que son enviados a los comedores escolares de las escuelas en las zonas de difícil acceso, es mejor que los directores de esos centros escolares tengan la potestad de comprar la producción de las comunidades.

El Senapan trabaja desde hace un año en el desarrollo de huertos comunitarios con las familias beneficiarias del programa de Bono Alimenticio, que representa una ayuda económica mensual de $50 y se entrega trimestralmente de manera simultánea con los otros subsidios.

El Meduca destina unos $27 millones al año para los comedores escolares en el país, destacó Corro.

Los huertos comunitarios que impulsa el Senapan son para la subsistencia de las familias y lo que se busca es que las comunidades incrementen su producción para que vendan el excedente a los centros escolares de la misma comunidad.

‘Si logramos aumentar esas producciones y creamos esos microcomercios en las zonas apartadas, no solo ayudamos a las comunidades a tener un modo de vida, sino que paulatinamente el Estado empieza a dejar de entregar los subsidios porque las familias ya no los van a necesitar', dijo.

Corro explicó que la propuesta de ley establece que las asociaciones o cooperativas comunitarias venderán sus productos de forma directa a los centros educativos.

En el documento, se establece una cifra de hasta $30,000 en venta directa; sin embargo, ese monto se definió solo para igualarlo a la Ley de Contratación Pública.

‘Sabemos que las cooperativas o asociaciones comunitarias podrán producir un máximo de $10,000', dijo.

‘Si aumentamos la producción, se crean microcomercios y el Estado baja los subsidios',

FRANKLIN CORRO

DIRECTOR DE SENAPAN