Legislativo y Ejecutivo nuevamente en polémica disputa

El Órgano Ejecutivo y la Asamblea Nacional se encuentran enfrentados una vez más, esta vez luego de que el contralor de la República, Federico Humbert, suspendiera los pagos de la planilla 002, utilizada para la contratación de personal de apoyo de los diputados.

Ayer justamente luego de que se conociera públicamente de la suspensión de esta planilla, tuvo lugar una reunión de la bancada del partido Cambio Democrático (CD) que se prolongó por varias horas y que retardó el inicio de la sesión del Pleno de la Asamblea.

Tras la reunión, el Pleno legislativo inició la sesión, y en 25 minutos la mayoría legislativa conformada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD) decidió suspender la discusión en segundo debate del proyecto de ley 692, que tenía como objetivo crear el Código de Procedimiento Tributario.

Minutos después, el Pleno también suspendió la discusión en segundo debate del proyecto de ley 591, que buscaba tipificar como delito la evasión fiscal.

A SESIONES ORDINARIAS

Tras la suspensión de la discusión de estos proyectos de ley, se cerró la agenda prevista en el Pleno, por lo que la presidenta de la Asamblea, la diputada Yanibel Ábrego, dio por clausuradas las sesiones extraordinarias convocadas por el Órgano Ejecutivo que estaban previstas a concluir el próximo 31 de diciembre.

Durante estas sesiones extraordinarias convocadas desde el 26 de noviembre pasado, el Pleno aprobó el proyecto de ley 659, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2919, y el proyecto de ley 664 que modifica la ley que creó la Agencia Económica Especial de Panamá Pacífico.

Mientras que la Comisión de Credenciales de la Asamblea ni siquiera sometió a discusión el proceso de ratificación de Olmedo Arrocha y de Abel Zamorano, quienes fueron designados por el Ejecutivo para los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Tampoco se consideró la ratificación de miembros de las juntas directivas de la Caja de Seguro Social y del Banco Nacional de Panamá.

Todos estos temas deberán ser tratados en las sesiones ordinarias, que se inician el 2 de enero próximo.

TIRA Y JALA

La diputada independiente Ana Matilde Gómez tildó de lamentable la suspensión del análisis del proyecto 591, que tipifica como delito la evasión fiscal, y afirmó que Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) va a evaluar a Panamá en la segunda o tercera semana de enero, fechas en que el país debe tener como delito la evasión fiscal para poder cumplir con los estándares que impidan que Panamá vuelva a aparecer en listas negras o grises que de alguna manera impacten nuestra competitividad.

En relación a la planilla 002, Gómez dijo desconocer si la actuación de la Asamblea haya sido un pase de factura al Ejecutivo luego de que la Contraloría General de la República decidiera suspender el pago de esta planilla.

No obstante, manifestó que el Ejecutivo y el Legislativo ‘se han metido en un tira y jala que lo único que hace es afectar la imagen del país'.

En tal sentido, el diputado panameñista José Luis Varela expresó que la no aprobación del proyecto 591 pone en riesgo que Panamá pueda entrar en listas grises en el tema del lavado de dinero.

‘Han cerrado la sesión de una manera inconsulta y no nos dieron el derecho de expresar nuestro voto en contra de esta decisión', señaló .

Afirmó que ‘todo parece indicar que esta decisión es producto de la medida del contralor de la República y algunos diputados están molestos porque el contralor está efectuando el trabajo de verificación de las planillas de los diputados y eso ha causado molestias entre ellos y están sacrificando al país en una ley tan importante para todos los panameños', expresó Varela.

GRAVE DECISIÓN

En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la gravedad de que el proyecto de ley 591 no se apruebe radica en que el país tendrá que enfrentar la real posibilidad de ser incluido en la lista gris de GAFI en el 2019. Esta es la deficiencia que aún permanece sin abordar, según un informe de el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que analizó hace unas semanas en Ecuador el progreso técnico de Panamá en cerrar brechas para cumplir con las recomendaciones de GAFI, identificadas en el Informe de Evaluación Mutua (IEM) publicado en enero de 2018.

HAY PRESIONES

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Leandro Ávila, manifestó que uno de los proyectos cuya discusión se suspendió, el 692, constaba de más de 388 artículos y era un tema complicado y peligroso de tratarlo ‘a velocidad'.

‘Nosotros no podíamos pasar este proyecto a tambor batiente, porque se trata de artículos que van a tener una alta incidencia en la vida de los panameños', aseguró.

Ávila prefirió no responder si la decisión de la Asamblea Nacional sería una represalia hacia el Ejecutivo y manifestó que el panameño es inteligente y podrá sacar sus propias conclusiones sobre quién presiona a quién.

‘La Asamblea siempre ha actuado de buena fe y yo creo que hemos vivido unos meses tormentosos en la Asamblea debido a las presiones que se han querido ejercer sobre este órgano el Estado', indicó.

CUMPLIRÁ LA LEY

En tanto, el contralor general de la República, Federico Humbert, indicó que el miércoles comunicó a la presidenta de la Asamblea la suspensión del pago de la planilla 002, luego de que los fiscalizadores acudieran a hacer una revisión para determinar si las personas que se habían incluido en esa planilla estaban prestando el servicio indicado.

GAFILAT

Informe

Aunque el informe de GAFILAT, ha concluido que Panamá ha progresado, resalta también como deficiencia que los delitos fiscales no están tipificados como delitos determinantes al lavado de activos. Esta omisión impacta en uno de los principales riesgos identificados que es la colocación de activos provenientes de ilícitos cometidos en el exterior.

Sin embargo, explicó que muchas personas no estaban en sus puestos de trabajo y hubo una reacción por parte del equipo de Asesoría Jurídica que impidió que se pudiera hacer la revisión correctamente.

‘Eso creó mucha suspicacia, por lo que la Contraloría tomó la decisión que le corresponde y que le permite la ley, y es suspender la planilla, porque no vamos a pagarle a ningún funcionario o supuesto funcionario sin que esté prestando un servicio para el Estado', advirtió Humbert.

Más temprano, el presidente de la República, Juan Carlos, en tono molesto se refirió a la no discusión en la Asamblea Nacional del proceso de ratificación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

‘Que sea el pueblo el que juzgue, yo estoy respetando la separación de poderes, yo dije que iba a respetar el equilibrio por el cual el pueblo votó y lo he respetado. Hago un llamado a que entiendan a que hay que actuar de cara al país', dijo.

Varela indicó que se trató de buscar los consensos para poder reestructurar la Corte Suprema de Justicia, pero al final no se dio, al tiempo que recordó que hay magistrados suplentes designados desde diciembre pasado y no se ha discutido su ratificación en la Asamblea.

‘Para qué voy a aseguir designando más funcionarios si no se someten a discusión', exclamó el mandatario de la República.