Penalizar el vandalismo, un segundo intento y las críticas contra la iniciativa

Primero fue el Órgano Legislativo, ahora es el Ejecutivo. La propuesta de penalizar el vandalismo vuelve a la Asamblea Nacional y, esta ocasión, de las manos del ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino.

Una semana después que la diputada del oficialista Partido Revolucionario Democrático, Kayra Harding, decidiera retirar su propuesta sobre aumentar las penas de cárcel por saqueo o vandalismo, el ministro Pino presentó una iniciativa similar ante el pleno de la Asamblea.

“Se propone la aplicación de sanciones a quienes cometan actos vandálicos, no solo mientras el país se encuentra en una situación de emergencia sanitaria nacional, sino también para quienes aprovechando marchas, protestas u otro tipo de manifestaciones, además de actos que perturben el orden público, destruyan propiedad bienes muebles o inmuebles públicos o privados”, explicó el Ministerio de Seguridad en un comunicado sobre la iniciativa que presentó Pino.

El comunicado cita palabras del ministro Pino, quien dijo que la propuesta busca evitar situaciones como la ocurrida el pasado 28 de marzo, cuando la tienda de un “humilde ciudadano” fue saqueada y vandalizada.

La propuesta del Ejecutivo establece pena entre 7 y 10 años por vandalismo, mientras que la iniciativa que presentó la diputada Harding la pena era entre 6 y 12 años. Al igual que la primera, la propuesta presentada por el Ejecutivo también es cuestionada por defensores de derechos humanos.

Para el abogado Carlos Guevara, si bien los bienes jurídicos como la propiedad deben ser protegidos por el derecho penal, durante esta crisis sanitaria más que estar en juego la propiedad, lo que está en juego son los fondos públicos que por innumerables denuncias de la ciudadanía, redes sociales, han sido objeto de apropiación, ya sea por las autoridades gubernamentales o por particulares que se aprovechan de sus vínculos con el poder, para abusar de la adquisición de bonos y bolsas de comida.

Lo que ha sido peor, añade Guevara, es ver a diputados y representantes de corregimiento aprovecharse de la situación para hacer política con la necesidad de la población; razón por la que, más que legislar sobre el tema, el gobierno debe endurecer las penas a aquellos servidores públicos y particulares que se apropien, hagan mal uso o hagan política con los recursos destinados para contrarrestar la pandemia.

A su juicio más que penar posibles actos de vandalismo -que es un hecho futuro incierto, que se generaría en todo caso por el fracaso del Estado de evitar el hambre y desesperación de la población- lo que se debe hacer es garantizar la alimentación y salud de los panameños.

Lo que busca el Ejecutivo es legislar para el día “D”, es decir, para evitar la movilización de las masas frente a las posibles acciones impopulares que adopte el gobierno de turno. 

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, consideró que en el ordenamiento penal del país existen los delitos que castigan las acciones que atentan con estos bienes protegidos por el Estado, por lo que consideró que no se trata de crear normas nuevas, sino aplicar los procedimientos y las leyes existentes.

“Los aumentos de penas han demostrado que no han resuelto los problemas de criminalidad. Establecer mecanismos donde se involucre a los ciudadanos para cuidar la vida y los bienes en este momento de crisis tendrá mucha más efectividad preventiva”, recalcó.

A juicio del abogado Lee, en este momento de crisis nacional se deben tomar medidas que aseguren a la población la seguridad no sólo sanitaria, sino también la seguridad ciudadana con una visión más amplia e integral.

Esto supone, agregó, entre otros aspectos el tema de la criminalidad. Todas estas medidas deben estar enmarcadas en los principios del respeto a la dignidad humana y a la vida.