Participación ciudadana y Código de Ambiente

El inicio de este año es momento propicio para el debate en torno a los próximos desafíos ambientales de nuestro país. Sin duda alguna, el gran desafío tiene que ver con la participación ciudadana para enfrentar la problemática ecológica, de manera que el rumbo se enmarque en el camino del desarrollo sustentable que debe regir el quehacer humano, particularmente en la lucha colectiva en contra de los proyectos que afectan el medio ambiente.

La participación ciudadana en materia ambiental es un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad de las comunidades. Si bien es cierto, en Panamá se han establecido distintos mecanismos legales y espacios de participación ciudadana y, que actualmente el interés de los ciudadanos en participar en las decisiones ambientales es más fuerte que en el pasado lo que representa un gran avance, hay ciertas debilidades que pueden mejorarse.

Dentro de este orden de ideas, es una realidad fehaciente la necesidad de una actualización de la normativa jurídica ambiental y su sistematización legislativa en base a conocimiento para evitar contradicciones, incompatibilidades e incongruencias, toda vez que la misma se caracteriza por su amplitud, dispersión y complejidad, lo que hace que sea imperioso un adecuado desarrollo legislativo, de modo tal que permita mayor estabilidad y seguridad jurídica para beneficio del bien común en un sistema democrático; por lo cual pretendemos dejar una semilla sembrada para las futuras generaciones que vaya siendo actualizada a medida que pasa el tiempo y de acuerdo a las necesidades que igualmente vayan surgiendo en el país en base al análisis del impacto de la vigencia de la normativa ambiental.

Recientemente se instaló la Comisión Codificadora del Código de Ambiente de la República de Panamá, con el propósito de realizar una compleja y exhaustiva tarea de analizar, ordenar, consolidar y sistematizar la legislación ambiental en un código que constituya una herramienta de singular importancia para el conocimiento cierto de los derechos y obligaciones por parte de los ciudadanos, autoridades y desarrolladores, la certeza del derecho aplicable y, en términos generales, para lograr una adecuada gestión ambiental, su monitoreo y control. Este código será de gran utilidad para mejorar la aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental, atender denuncias y gestionar ante los órganos pertinentes las acciones respectivas, lo que fomentará las bases de una nueva actitud hacia los problemas del ambiente y se sienten los fundamentos para consolidar una cultura ambiental.

Para la sociedad civil panameña es un desafío de primer orden coadyuvar de manera responsable y cívica en esta labor histórica, de manera que el Estado cumpla su mandato constitucional de proteger y conservar nuestros recursos naturales, en consonancia con el respeto a los derechos humanos y, de esta forma promover el fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente para el ideal de un desarrollo económico, justo y sustentable, hacer parte del cambio y luchar por un Panamá mejor.

*ABOGADA Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DEL CÓDIGO DE AMBIENTE DE PANAMÁ.