Violencia contra las mujeres: la otra pandemia

El pasado 25 de noviembre, se conmemoró un aniversario del vil asesinato de las hermanas Mirabal, en República Dominicana, cuando dirigía el país el señor Rafael Leónidas Trujillo.

Este hecho tan cruel llevó a que la Organización de Naciones Unidas declarara el 25 de noviembre de cada año como el Día de la No Violencia Contra la Mujer.

En Panamá, mujeres trabajadoras, feministas, profesionales, mujeres autónomas residentes en Panamá, compañeras indígenas, afrodescendientes y diversas hicimos causa común para presentar una carta a las/los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Es importante indicar que al llegar se nos informó, por parte de un funcionario de la Corte, que ya los magistrados se habían retirado. Hubo de parte de todas y todos los presentes un repudio a la actitud de las y los magistrados de no hacerse presente para recibir nuestras demandas. Luego sale el mismo funcionario y manifestó que la magistrada Russo recibiría la carta.

Compartimos con las y los lectores de La Estrella de Panamá aspectos que indicamos en la carta a las y los magistrados de la CSJ: las mujeres vivimos distintas formas de violencia que encuentran respaldo y fuerza producto de acciones y omisiones del Estado. Algunas muestras de ello tienen que ver con que Panamá tiene más de diez años de contar con el delito de violencia doméstica como el principal delito que ocurre en el país, siendo las mujeres el 80 % de sus víctimas. Este año se registra la cifra más alta de los últimos cinco años de los casos de violencia doméstica. De enero a octubre de 2021 se habían presentado 14 319 denuncias y el Ministerio Público contabilizó 17 casos de femicidios, 12 tentativas y 16 muertes violentas. Para el mismo período, se denunciaron 5923 casos de delitos contra la libertad e integridad sexual, siendo mujeres, niñas y adolescentes las principales víctimas. Sin embargo, los esfuerzos en este sentido son insuficientes, y en algunas ocasiones nulos, frente a lo que se demanda y no son comparables con lo que se realizan en materia de prevención y atención de otros delitos.

Expresamos en la carta que el Sistema Penal Acusatorio, además de ser un despropósito desde su inicio, sigue poniendo en riesgo la vida de las víctimas de violencia doméstica y sexual. Garantizando la libertad de los victimarios y no así la vida e integridad de las víctimas.

Aunado a lo anterior, exigimos justicia y la condena de quienes resulten responsables del abuso sistemático realizado en perjuicio de niños, niñas y adolescentes que vivían en los albergues en donde fueron abusados. Así como para el o los responsables de la muerte de Elibeth Zentner -quien ya tiene nueve años de su partida y aún no se le hace justicia- de todas las víctimas de violencia doméstica, violencia sexual, femicidio y muertes violentas hacia las mujeres.

Le exigimos a la CSJ que las instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar justicia se comprometan a cumplir con sus obligaciones de garantizar la vida e integridad de las niñas, adolescentes y mujeres, a quienes nos están violentando y matando en las casas y en las calles, con la indiferencia y falta de compromiso de las instituciones llamadas a protegernos. Les pedimos que exijan el presupuesto necesario para atender de forma expedita la violencia hacia las mujeres y que se cree una mesa de trabajo, urgente para buscar las estrategias necesarias para reducir y eliminar la violencia hacia las mujeres, que es la otra pandemia que persiste y se incrementa.

Denunciamos, además, la ausente gestión del Órgano Ejecutivo, mediante los ministerios de Trabajo y Desarrollo Laboral y de Desarrollo Social, de generar una política nacional e integral de pleno empleo que incluya a mujeres, considerando sus realidades históricas de desigualdad en materia de cuidados. Producto de la pandemia, las mujeres, sobre todo las más jóvenes, han sido las principales desempleadas y las menos reinsertadas al mercado laboral. Se precisa que el Estado asuma su responsabilidad en materia de generar los espacios necesarios para los cuidados que limitan la participación de las mujeres en el trabajo remunerado y que genere políticas que obliguen al sector público y privado a contratar a mujeres.

Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en el 2020, 4091 mujeres fueron víctimas de femicidio. Los datos de Panamá y de la región invitan, de forma urgente, a las entidades del Estado panameño a que miren hacia la mitad de la población, que somos las mujeres, que pasen del discurso a la acción y, finalmente, se comprometan y realicen las acciones necesarias para erradicar la violencia hacia las mujeres.