De desalojos y DDHH

En un área metropolitana en donde, según el Foro y Observatorio Urbano de Panamá (Fobur), más del 40 % de los hogares no puede pagar la vivienda más barata producida en el mercado formal, no es de extrañarse que se produzcan tomas de tierra alrededor de la ciudad capital, foco de desarrollo del país.

Es esta falta de oportunidades y de acceso a vivienda la que obligó a un grupo de familias a tomar tierras y asentarse en Arraiján, lo cual desencadenó en el desalojo ocurrido los pasados 4 y 5 de junio, a través de una fuerte operación que involucró muchas unidades de la Policía Nacional y Sinaproc.

Sobre estos hechos veo con preocupación la falta de información que existe al respecto que ha llevado a diferentes medios a comunicar de manera contradictoria sobre lo sucedido. Hasta la fecha, a quienes hemos seguido las noticias no nos queda claro si el terreno es de un privado o pertenece a la ACP, si son 600 o 400 las familias desalojadas, si las familias tienen tres meses o más, si se instaló una mesa de diálogo para determinar, entre los involucrados, el proceso de desalojo o no.

Veo con especial preocupación las declaraciones del viceministro de Seguridad, Jonathan del Rosario, quien aseguró que la totalidad de las familias con orden de desalojo buscaban titular las tierras para luego venderlas, clasificándolas a todas como oportunistas; declaraciones que se contradicen con lo informado por la Anays Marín, directora nacional de Desarrollo Social del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, quien aseguró que ‘muchas de estas familias realmente requieren una vivienda'.

De igual forma existen en mí muchas preguntas sin responder, por ejemplo, ¿se cumplió con los procesos establecidos por las Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los desalojos? ¿Se realizó el levantamiento de información sobre las familias del asentamiento previo al desalojo para conocer su condición socioeconómica? ¿Se les dio tiempo suficiente a las familias para que desmontaran las viviendas y sacaran sus pertenencias? ¿Se realizó el diálogo necesario para evitar las situaciones de violencia? ¿Se construyó un plan de acción posterior al desalojo para las familias? ¿Se colocó a las personas en el centro?

En un momento en donde la conversación gira en torno al Desarrollo Sostenible, no podemos dejar de leer estas acciones con enfoque de Derechos Humanos y entenderlas como un riesgo de vulneración de cientos de panameños y panameñas que hoy viven en asentamientos informales. Debemos hacernos estas preguntas y otras para que, como país, nos acerquemos al verdadero desarrollo, aquel que no deja a nadie atrás, aquel que no deja a nadie afuera.

Sobre TECHO: TECHO es una organización Latinoamericana que trabaja en asentamientos informales para superar la pobreza a través de la formación y acción conjunta entre pobladores, voluntarios y otros actores. En Panamá trabajamos desde el 2010 y actualmente trabajamos de la mano con vecinos y vecinas de siete comunidades.

DIRECTOR GENERAL DE TECHO PANAMÁ.