Inequidad de la democracia panameña

En teoría, la democracia es un sistema político que se fundamenta en la igualdad de oportunidades y la representación de todas las voces en la toma de decisiones. Sin embargo, en la práctica, las campañas políticas en este sistema a menudo reflejan una desigualdad de recursos y un desequilibrio en el acceso al poder.

Podemos argumentar que la desigualdad en las campañas políticas es un resultado directo de la diferencia económica existente en la sociedad. Los candidatos con mayores recursos financieros tienen acceso a mejores herramientas de comunicación, publicidad y movilización, lo que les permite llegar a un público más amplio y obtener más apoyo.

En contraste, los candidatos con menos recursos enfrentan limitaciones en su capacidad para difundir sus ideas y propuestas, lo que resulta en una representación desigual en el debate político. Esto crea una situación en la que “el dinero, en lugar de las ideas y la capacidad para gobernar, se convierte en un factor determinante en la elección de los representantes políticos”.

La financiación de las campañas políticas a menudo proviene de grandes empresas, grupos de interés y donantes adinerados. Estos actores no lo hacen de gratis, buscan influir en las políticas y decisiones de los candidatos, lo que a la postre deriva en corrupción y una disminución de la representatividad de la democracia.

Aunado a lo anterior, la falta de regulación adecuada en la financiación de campañas políticas da lugar a los conflictos de intereses y al clientelismo, lo que socava la confianza en las instituciones democráticas y refuerza la divergencia en el acceso al Estado.

La desigualdad en las campañas políticas tiene repercusiones significativas en la sociedad. En primer lugar, contribuye a la concentración del poder en manos de una élite adinerada, lo que puede llevar a la disparidad en la distribución de los recursos públicos y las políticas que favorecen a ciertos sectores en detrimento de otros; en segundo lugar, puede generar apatía y desconfianza en el sistema democrático, lo que se traduce en una menor participación ciudadana en las elecciones y, en última instancia, en una democracia debilitada.

La democracia, como sistema político fundamentado en la simetría de oportunidades y en la representación equitativa de los ciudadanos, está debilitada por las diferencias económicas y sociales entre aquellos que más tienen y los que menos tienen. Las diferencias económicas se traducen en desigualdades en la representación política.

El Sistema Democrático ha degenerado en un mecanicismo clientelar, las relaciones políticas se basan mayormente en la distribución de favores y recursos a cambio de lealtad y apoyo electoral. Esto contribuye a la reproducción intergeneracional de la pobreza, al generar una cultura de dependencia, lo que a su vez desincentiva la movilidad social, dado que los ciudadanos se acostumbran a recibir apoyo económico y recursos a cambio de su voto, en ese intercambio van desarrollando una mentalidad pasiva y una falta de motivación para buscar mejores oportunidades de vida, lo que se traduce en la perpetuación de la pobreza a lo largo de las generaciones, ya que los individuos y las familias se adecuan a un ciclo de dependencia y desigualdad.

La necesidad ha pasado de ser un detonante de la movilidad social a un factor de intercambio de la voluntad. La necesidad económica solía impulsar a las personas a esforzarse por obtener una educación de calidad, adquirir nuevas habilidades y buscar empleos mejor remunerados, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. Esta aspiración a la movilidad social generaba una fuerza de trabajo más educada, calificada y motivada, lo que a su vez impulsaba el crecimiento económico y la igualdad de oportunidades. Hoy día, en lugar de buscar oportunidades para mejorar sus vidas a largo plazo, la necesidad se canjea por soluciones temporales, un intercambio de voluntades por recursos y favores políticos que debilita la democracia.

Las desigualdades dentro de una gobernanza democrática generan sociedades fragmentadas y desequilibradas, donde la idea de igualdad y justicia se ve socavada por las brechas económicas y sociales que dividen a los ciudadanos, lo que incide en la participación ciudadana, que se ve disminuida cuando las inequidades superan las oportunidades, las cuales son administradas de manera dolosa por quien siempre llega al final de la jornada a entregar espejos por oro, en un intercambio evidentemente oportunista.

Una democracia que enfrenta inequidades significativas experimenta numerosos efectos negativos, incluidos el debilitamiento de la confianza en las instituciones, la polarización política y la disminución de la movilidad social. Igualmente, el crecimiento económico puede verse afectado y los niveles de delincuencia y violencia pueden aumentar, mientras que la cohesión social se erosiona.

Necesitamos actores que traten de equilibrar la esencia de la democracia, no hacia un plano utópico de perfección igualitaria, sino hacia una balanza de distribución equitativa, que permita el acceso a recursos y oportunidades que el país puede brindar a sus ciudadanos desde el enfoque de derechos y no como sujetos simplemente votantes.