Seguridad: paradigma del presente y del futuro

Al iniciar el Gobierno, prometimos al país más seguridad. Para conseguirla, pusimos en práctica una estrategia en dos sentidos: Establecimos un Programa de Seguridad Democrática Integral con un enfoque para enfrentar preventivamente las causas de la violencia y la criminalidad a mediano y largo plazo, mediante el desarrollo social.

Además, pusimos en práctica, para el corto plazo, un intenso programa de modernización de la Policía Nacional, consistente en el mejoramiento de la calidad del recurso humano policial, la capacitación de sus cuadros, la mejora de su equipamiento e infraestructuras, un incremento de su presencia en las áreas de mayor actividad delictivas, mejorando su soporte tecnológico para sus operaciones, el control y supervisión de la propia gestión policial.

Los resultados preventivos y una Policía más moderna, han logrado limitar —y aún reducir— algunos de los delitos tradicionales del país; los delitos que Panamá y otros países siempre han tenido.

¿Cuál es, entonces, nuestro mayor problema? ¿Por qué el aumento de la violencia, la proliferación de armas de fuego ilegales, el crecimiento de las cifras totales de los delitos y una sensación pública de mayor inseguridad?

La verdad es que en forma progresiva e insidiosa ha penetrado al país el flagelo de la droga y la conspiración dañina del crimen organizado. Es cierto que ambos existen desde hace tiempo. Pero también es cierto que han crecido mucho y se dificulta su combate únicamente a partir de la acción tradicional de la Fuerza Pública y de las autoridades competentes, aunque éstas se hayan modernizado en sus procedimientos y en sus capacidades técnicas.

Junto con un narcotráfico más activo aparecen, también, más armas de fuego, porque el narcotráfico las demanda y distribuye. Los delitos se cometen hoy con mayor grado de violencia. La acción delincuencial ha llegado a incorporar a más jóvenes. Sobre todo, han crecido mucho los delitos violentos vinculados al narcotráfico y a las pandillas.

Y aquí es donde la Fuerza Pública, aún mejorada y modernizada, francamente no es suficiente. La atención a los delitos emergentes, necesita de otros enfoques multisectoriales e interinstitucionales.

En materia preventiva, se requiere desarrollar políticas dirigidas a aumentar la capacidad de gestión de instituciones nacionales y locales para planificar y actuar con eficiencia en la prevención y reducción de la inseguridad ciudadana, así como promover la participación comunitaria en la prevención de la violencia juvenil y doméstica. Así mismo, para reducir la violencia estudiantil y aumentar la inclusión social de los jóvenes mediante la apropiación de actitudes y valores para el crecimiento personal y la convivencia pacífica.

La reciente creación de los Servicios Aeronaval, de Fronteras, de Migración y de la Autoridad Nacional de Aduanas, así como de la Dirección de Investigación Judicial fortalece la capacidad institucional de seguridad. La legislación propuesta sobre el control de armas, sobre agencias de seguridad privada y del Cuerpo de Bomberos tampoco son improvisaciones como se ha sugerido. Es apenas el desarrollo institucional de esa visión estratégica moderna que venimos implementando y estamos obligados a implementar para estar a la altura de las necesidades de este siglo, lo que requiere, además, de una mayor presencia policial en las calles y comunidades así como del fortalecimiento de la Administración de Justicia y del Sistema Penitenciario de Panamá.

-El autor es abogado.ddelgado47@hotmail.com