La emergencia también exige cuentas claras

El terremoto del 9 de octubre golpeó más al Panamá que vive lejos de los rascacielos, los puertos, el Canal y la banca de la capital. En comunidades de Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos, muchas familias dependen del campo, del pequeño comercio y del trabajo cotidiano. Allí, una casa representa años de sacrificio y un patrimonio que difícilmente puede recuperarse de la noche a la mañana. Y la emergencia continúa. En el interior todavía se sienten réplicas, hay comunidades sin electricidad ni agua potable y familias que siguen esperando respuestas. Nuestros periodistas se trasladaron a las zonas más afectadas para contar una realidad que no cabe en los balances oficiales: la de quienes permanecen entre viviendas dañadas, servicios interrumpidos y la incertidumbre de no saber cuándo recuperarán su vida cotidiana. El Gobierno respondió desde las primeras horas, movilizó a sus instituciones y declaró el estado de emergencia. Hay que reconocerlo, pero esa actuación inicial no puede confundirse con una tarea cumplida. Mientras haya familias desatendidas, la respuesta seguirá siendo insuficiente. Y precisamente porque la reconstrucción exigirá recursos públicos, también habrá que exigir transparencia. La declaratoria contempla hasta 100 millones de dólares y contrataciones extraordinarias. Cada desembolso debe justificarse y cada adjudicación someterse al escrutinio público. La urgencia no exime de rendir cuentas. Por fortuna, no se han reportado víctimas fatales. Es nuestro mayor alivio. Ahora corresponde atender a quienes siguen esperando, restablecer los servicios y reparar los daños. El verdadero alcance de la respuesta se conocerá cuando las familias recuperen su tranquilidad y el país pueda comprobar cómo se utilizó cada dólar de la emergencia.