Procesos administrativos y garantías civiles

Vuelvo a insistir que con tanta perdición social, el Estado debe adoptar una posición más activa que eduque a su población en moral, valores y conceptos básicos de convivencia aprovechando cada actividad de sus órganos e instituciones públicas, a fin de transmitir permanentemente una línea de decencia y valores que hemos venido perdiendo aceleradamente por culpa precisamente de la corrupción y el desgreño estatal, entorno en el que hemos crecido y seguirán creciendo nuestras generaciones futuras.

Cada institución tiene el deber cívico de educar por medio de sus actos y pronunciamientos. Cada resolución administrativa, acto de servidor público, perfil, publicación, imagen, etcétera, deben servir para afianzar los valores y el sentido democrático de toda la sociedad. Democracia debe ser sinónimo de paz y prosperidad en pleno cumplimiento de la Ley y si la administración pública junto a sus servidores no hacen un esfuerzo en mejorar, mucho menos podemos esperar que mejore la sociedad, dado que sus condiciones empeoran.

El bienestar de la población descansa en el cumplimiento de los principios constitucionales y el respeto a las leyes. El manejo tradicional ha sido confundir, mediante la interpretación y el abuso de la Ley, las funciones del cargo, a fin de materializar cada arbitrariedad e inmoralidad que la comunidad registra y aprende. ¿Podremos continuar con ese modelo corrompido respecto a las normas administrativas que sirven a la frustración de juristas que incansables apelamos a su cumplimiento en la protección de los civiles?

Si es verdad que deseamos mejorar, tenemos que ponerle fin al abuso de las autoridades respecto a las leyes por un lado, y derogar algunas normas creadas por el sistema injusto que ha impedido sin sustentación alguna el procesamiento penal y menos administrativo de los reincidentes infractores en cargos públicos. Podría incluso legislarse que la reincidencia sirva de motivo a la inaplicabilidad de la prueba sumaria.

El derecho administrativo debe estar dotado de un verdadero sistema de jueces ordinarios que revisen permanentemente su cumplimiento por más pequeña que sea la causa o el funcionario y con la misma informalidad en las exigencias que a ellos se les demanda, sirviendo así de mecanismo que obligue al buen desempeño y profesionalización del funcionario y propicie la competitividad en el otorgamiento de los cargos. Un sistema tan desprotegido, como el administrativo respecto a los ciudadanos, no se justifica, sino en la pereza y la maldad que tanta corrupción propician.

Combatiendo la mentalidad de pobreza que nos han vendido para ellos robar y exigiendo calidad en la defensa de la vida, honra y bienes de todos, es como lograremos superar las desigualdades que propicia la administración, donde encontramos funcionarios totalmente descalificados administrando ampliamente y sin garantía alguna la vida entera de nuestros nacionales.

Solo en democracias tan mediocres puede tolerarse la existencia de tantas autoridades con poder administrativo cuyo desempeño se encuentra sustentado en leyes y jurisprudencia tan desiguales que tutelan el incumplimiento de las Garantías Constitucionales en detrimento popular sin moraleja conocida. Esa es la esencia y el lugar donde se encuentran nuestra vía gubernativa y la labor de nuestros jueces “garantes” , junto al lugar asignado a la población con estos sus fallos.

*Abogado.jcpastor1622@hotmail.com