Ambientalistas exigen que el gasto público se priorice en las comunidades

Diversos grupos ambientalistas y sociales hicieron un llamado al Gobierno de priorizar el gasto público en soluciones acordes con la vulnerabilidad climática, social y económica de las comunidades, en lugar de desarrollar “megaobras'' que no responden a sus necesidades, y afectan la riqueza natural y patrimonio cultural del país.

La respuesta de las organizaciones se da en solidaridad del malestar que presenta la población en situaciones socioeconómicas, educativas y políticas del país.

“Esta situación de arrastre es el resultado de la desconexión de lo que algunos han entendido por progreso y desarrollo, degenerando en un modelo transitista y extractivo exhaustivo que incrementa la inequidad y la exclusión”, comentaron los ambientalistas en un comunicado.

“En el actuar gubernamental debe haber coherencia, transparencia y rendición de cuentas del uso de nuestros bienes públicos, incluyendo los naturales”, indicaron.

Detallaron que Panamá se ha convertido en la sexta economía más desigual del mundo, concentrando el 81% del producto interno bruto entre las provincias del eje transístmico, Panamá y Colón, dándole poco valor al aporte de otros sectores económicos más descentralizados, como la producción agroalimentaria que solo representa un 2.5%.

Indicaron que el país requiere coherencia en la gestión de los bienes naturales para resguardar los medios de vida de todos. “Explotarlos para beneficio de unos pocos, y continuar con discursos y políticas totalmente desconectadas de las decisiones que se toman en la práctica es insostenible”, dijeron.

“Estamos sacrificando recursos que son capaces de sostener actividades económicas de comunidades rurales, indígenas y campesinas a largo plazo, por la promesa de generación de riquezas que no se concreta a lo local, en particular ante la debilidad institucional, la falta de fiscalización y de defensa de los intereses de la nación”, manifestaron.

Por otra parte, comentaron que “la excesiva dependencia de los combustibles fósiles, tanto para movilidad como para generación energética, nos hace extremadamente dependientes de los vaivenes de mercados internacionales, afectando a las poblaciones más vulnerables, sin que se ejecuten con celeridad las políticas de transición energética ya pactadas, que nos hubieran permitido hacer una migración mesurada para enfrentar la crisis climática y salvaguardar las necesidades de la población”.

“Además, no puede haber respuesta ante estas demandas que no sean inclusivas, participativas y equitativas. No hay sociedad que se sustente del despilfarro de los recursos de todos en beneficio de unos pocos, en detrimento de muchos”, criticaron las organizaciones ambientales y sociales.