Justicia comunitaria arranca con tropiezos

Cuando la población panameña se prepara para iniciar sus labores en el primer día hábil del año 2018, los municipios deberán enfrentar un nuevo cambio en la administración de justicia comunitaria. Se trata de la institución administrativa más cercana a la comunidad, la corregiduría, que a partir de mañana 2 de enero, será llamada la Casa de la Justicia, que remplaza al corregidor por un juez de paz y el mediador comunitario.

Esta modalidad en la justicia comunitaria, tal como lo estable la Ley 16 del mes de junio del 2016, debe entrar a regir en el Primer Distrito Judicial que comprende las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, además de las comarcas Guna Yala y Wargandí,

Esa misma normativa que tiene como principio seguir la cultura de la resolución alterna de los conflictos y la aplicación de medidas garantistas que busca seguir los pasos de la justicia penal ordinaría -enmarcada en la Ley 63 que crea el Sistema Penal Acusatorio (SPA)-, parece no tener un buen arranque.

Así se puede plasmar ante el accidentado proceso de implementación de la ley, que ya sufrió un revés al fracasar en su primer intento de entrar en operación, en el mes de junio del 2017, debido a la falta de recursos económicos, ya que se requería de $6.8 millones de dólares para la formación de los funcionarios, contratación de los nuevos jueces de paz y la adecuación de las estructuras de la Casa de la Justicia.

LA PRÓRROGA

Seis meses después, el panorama no se ve muy alentador. De los nueve corregimientos que tiene San Miguelito, solo cuatro están preparados para iniciar la implementación de la nueva justicia comunitaria de paz: Mateo Iturralde, Amelia Denis de Icaza, Rufina Alfaro y Victoriano Lorenzo.

Jaime Andrade, asistente de la Secretaría del Municipio de SanMiguelito, explicó que se les ha otorgado una prórroga hasta el 22 de enero para que ingresen al nuevo sistema.

VACÍOS LEGALES

Falencias de la Ley

Las interrogantes sobre el nuevo sistema de justicia comunitaria también incluyen los casos que llegan a las corregidurías hasta el 1 de enero. La ley, que crea los jueces de paz, no contempla que pasará con los casos que queden pendientes, dice el abogado Alfonso Fraguela.

Esta preocupación, narró, se la expusieron en el Municipio de San Carlos la semana pasada, cuando acudió a la entidad para atender un tema personal.

‘Los jueces de paz, qué van hacer con esos casos que fueron atendidos hasta el último momento de los corregidores', se pregunta Fraguela, representante del Colegio Nacional de Abogados (CNA) ante el Pacto de Estado por la Justicia.

Essta realidad es similar a lo que sucedió con la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio, en la que los viejos casos se procesaron bajo el esquema inquisitivo, dijo Fraguela.

Fraguela alega que debe haber un periodo de transición de los expedientes y aplicarse lo que establece el Código Administrativo, de lo contrario, habrá un limbo jurídico. ‘Es lo que se debería hacer, o por lo menos, eso indica el sentido común, pero todos sabemos que el sentido común de uno no es el mismo del otro', recalca.

FALTA DE RECURSOS

Carlos Lee, quien representó a la sociedad civil en la implementación de los jueces de paz, explicó que se elevó una consulta al Procurador de la Administración, Rigoberto González, en la que estableció que en los casos en los que no se ha podido cumplir con los requisitos que la ley establece, el Consejo Municipal debe nombrar a los jueces de paz interinos para que completen el proceso. ‘Los corregidores dejan de existir el 2 de enero porque no pueden seguir en su cargo', añdió Lee.

Aparentemente, la falta de recursos económicos sigue siendo la sombra que persigue la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz y se ve reflejada en San Miguelito, donde todavía siguen las viejas estructuras en las corregidurías.

El Municipio de San Miguelito requería adquirir los terrenos donde funcionarían las Casas de Justicia de Paz Comunitaria, añadió Andrade, pero no lo concretó por falta de recursos.

INICIO CON TRASPIÉS

‘Esto va ser ensayo y error', expresa el jurista Ernesto Cedeño, al referirse que son muchos distritos que están en esta condición, donde no existen las instalaciones debidamente adecuadas.

El hecho de que se haya conservado la vieja estructura administrativa de las corregidurías, de estar supeditados a la alcaldías y no al Órgano Judicial es la principal razón de que a 24 horas de su implementación no se cuenta con los recursos para cumplir con la magnitud de lo que la figura requiere.

A juicio de Cedeño, el hecho de estas falencias presentadas por algunos municipios, se debe a que no hubo la inversión correspondiente de los fondos de la descentralización para la adecuación en los lugares donde van a desarrollase los jueces de paz, porque ‘esto no vende políticamente'.

Lee, reconoce estos retrasos y coincide con Cedeño en que la situación está directamente ligada a la resistencia que representa la clase política en la implementación de esta nueva jurisdicción comunitaria. ‘Hay un problema de fondos, pero también de voluntad política porque los alcaldes perderán poder ya que no podrán nombrar ni destituir a los jueces', añade el representante de la sociedad civil.

Lee confirma los retrasos que existen en algunos municipios que deberán iniciar el 2 de enero, se trata de 18 municipios agrupados en el Primer Distrito Judicial de Panamá.

ACUSACIONES

Destaca el juristas que solo en el Municipio de Panamá se ha logrado el nombramiento de los jueces de paz, sin embargo, lo que pareciera ser un logro ha generado críticas principalmente dentro del gremio de abogados, que asegura que existe un alto contenido político partidista en dichas designaciones.

El jurista José Espinoza Riquielme, ha manifestado públicamente que la designación de los 23 jueces de paz ‘fue una decisión eminentemente política en la que se ratificó a un gran número de corregidores que ocuparon la antigua institución (la corregiduría) y a personas vinculadas al partido oficialista'.

Estos comentarios generaron la reacción de las autoridades que en un comunicado de la Comisión Técnica Distrital de Panamá, organismo creado para la selección de los jueces de paz, negó dichas aseveraciones y las calificó como acusaciones de excandidatos que no ‘obtuvieron el puntaje mínimo establecido para ser elegidos'.

‘Bajo ningún concepto se buscó favorecer al alcalde, a un partido político ni mucho menos existió favoritismo por reelegir a los corregidores', se expresa en el documento que se le atribuye a la Comisión Técnica Distrital.

Juan Carlos Araúz, abogado especialista en Derecho Penal, indició que todo cambio implica algún trastorno en las primeras etapas, sin embargo, ‘el nuevo sistema es positivo para el país'.