Asesinatos que dejan interrogantes y revelan la falta de una política de Estado

Este tipo de asesinatos suele tener sus propias normas a seguir: la frecuencia, el uso del sicariato, a cualquier hora del día y en lugares públicos. La realidad es que el miedo y el temor se apoderan poco a poco de todo un país. Estamos a merced de una bala perdida. Salir de casa se ha convertido en toda una odisea.

Sobre lo que le sucedió al señor Lara, eso está en investigación y habrá que esperar los resultados. Sobre la narcopolítica, pareciera que llegó hace rato para quedarse. El morbo se dispara cuando se trata de políticos supuestamente vinculados al narcotráfico. ¿Cómo se pretende acabar con el narcotráfico, la venta de armas ilegales y el lavado de dinero, cuando gente de poder y con todo tipo de influencias son sus promotores y protectores? Personajes que utilizan la política para hacer daño y amasar una fortuna de la noche a la mañana. Aquí hay gente que colabora con el narcotráfico, pensando quizá que es la única manera de salir de la pobreza. Pero la pobreza mental es la que los lleva a ese camino. De estos personajes debemos saber con quiénes se frecuentan y relacionan, y cómo tienen el dinero que tienen. Una persona educada, culta y con oportunidades jamás se involucraría en estas cosas.

Pienso que ambas.

Niños, adolescentes y jóvenes que viven en ambientes donde el día a día es la 'chinguia', la venta y consumo de drogas, y abusos de todo tipo. En que la convivencia familiar es sinónimo de maltrato físico y psicológico. En que la cultura se ve reflejada en la televisión con programas lujuriosos, donde se degrada el sexo, se desprecia a la mujer y a la familia, y se les enseña a valorar y a incorporarse al hampa. Las fallas en el sistema educativo. La mala política de seguridad. Políticos y elementos de la policía delincuentes y metidos en el narcotráfico. La desigualdad económica. La desigualdad de oportunidades. La delincuencia organizada. El narcotráfico y la narcopolítica. El tráfico ilegal de armas y drogas. Y, por supuesto, la corrupción.

Una verdadera y real política de Estado y buena voluntad para hacer los cambios que se necesitan en materia de seguridad. De esos personajes que utilizan la política para hacer daño y amasar una fortuna de la noche a la mañana, debemos saber quiénes son sus compinches, con quiénes se frecuentan y relacionan y, cómo tienen el dinero que tienen. Ya es hora que las honrosas excepciones de políticos empiecen a depurar de sus colectivos a gente de la peor ralea.

La concepción predominante dentro de los aparatos de seguridad es ver el problema de los asesinatos, la delincuencia y del pandillerismo, en particular, como una cuestión aislada. Lo que esta concepción plantea es que las “guerras entre pandillas” y el sicariato ocurren en una especie de subsistema delictivo aislado y separado de la sociedad. Visión que segrega el problema de la identificación de los espacios que ocultan poder delictivo, y que atraviesan diversas estructuras institucionales. No obstante, las guerras entre pandillas tienen sus especificidades, y forman parte de un problema mayor. Nos estamos refiriendo a “pandillas juveniles delictivas”; aun cuando en su seno existen adultos, su composición mayoritaria es de jóvenes. De jóvenes que forman parte del desempleo juvenil, cuyos valores han estado tendencialmente en porcentajes arriba del desempleo general. La desocupación de los jóvenes (15 -29 años) en 2019 –un año antes de la pandemia– era del 15%, casi el doble de la desocupación general del país que estaba en el 7,1%. Hoy, la tasa de desocupación juvenil está entre el 30% y el 35% aproximadamente, valores que igualmente duplican la tasa de desocupación general, según cifras del INEC. A esto se suma que el 80%, aproximadamente, no supera el noveno grado de educación, y que proviene de familias desintegradas, donde el ingreso familiar no rebasa los $100 mensuales. Factores que profundizan la falta de oportunidades y que abonan al pandillerismo como estrategia de vida. Para 2016 había 158 pandillas judicializadas en el país.

El último asesinato acumula a una lista de figuras políticas, y por la forma de la ejecución se deduce que es una firma vinculada al narcotráfico. El sicariato como una acción delictiva que mercantiliza la muerte está asociado al narcotráfico. Sin embargo, es una realidad que la irrupción del narcotráfico en el país ha generado de manera radical, comportamientos contrapuestos. El narcotráfico ha impuesto “comportamientos” que cuestionan la convivencia y la solidaridad del barrio. Un barrio que decae ante la emergencia del gueto, en cuyos valores comunitarios de convivencia y solidaridad barrial se ha desatado la violencia y nuevas formas de delincuencia. El narcotráfico irrumpe en distintas esferas, el barrial comunitario, pero también en las estructuras institucionales de poder, y trae de la mano sus propios valores. Es un “secreto a voces” que figuras políticas están vinculadas a las pandillas delictivas y al narcotráfico. No obstante, pareciera que el narcotráfico solo es atacado en el trasiego de droga y su venta al menudeo.

La desestabilización social que produce y que profundiza el narcotráfico es una hipótesis extrema, pero real, y esta se puede extender a toda la institucionalidad del Estado. Extensión que puede provocar en las dimensiones de nuestro país el colapso moral y administrativo de la institucionalidad. El soborno, la amenaza, la infiltración, las ejecuciones extrajudiciales (sicariato), la edificación de un poder paralelo que corre, desde las comunidades hasta la institucionalidad política no es una distopía, es una posibilidad real.

La fragilidad, ineficiencia y corrupción de un conjunto de instituciones jurídicas y políticas de gobierno, y de representación política, contribuyen a generar un ambiente de inseguridad; instalan también la incertidumbre por la generación de leyes de dudoso interés público, la abierta falta de voluntad de hacer cumplir leyes en beneficio de las mayorías, y en las incapaces acciones de políticas públicas de orden y convivencia. Igual importancia tiene un modelo económico agotado, fundado en una hiperespecialización (transitismo), cuyo PIB viene en caída libre 2010-2019 (-8,7%), y que a 2019, un año antes de la pandemia, estaba en 3,1% según el SIP. Para no ahondar en la tasa de informalidad (58,8%) y el desempleo (18,5%) a 2020. Todo esto estimula el narcotráfico; también, la corrupción abierta, el secuestro, el sicariato, el asalto callejero y el robo.

En el corto plazo, se necesita en lo político institucional una reingeniería y un cambio de estrategias de los aparatos de seguridad, comenzando por un cambio en las cabezas de esos aparatos. En el largo plazo, una diversificación estructural en el modelo económico y un cambio institucional en la arquitectónica del Estado. Empleo decente y honradez pública.