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- 07/06/2025 00:00
En el corazón de la ciudad de Panamá, Boca La Caja enfrenta un futuro incierto, pese a su resiliencia. La falta de zonificación y el riesgo de desalojo amenazan a una comunidad con más de 90 años de historia y fuerte identidad costera
Boca La Caja es un enclave de aproximadamente 12 hectáreas, con poco más de 700 metros lineales de borde costero, en el centro de la ciudad de Panamá. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INEC) durante lo que va del siglo XXI, el número de pobladores y viviendas ha sido fluctuante, con tendencia al declive. Así tenemos que, en 2000, la población del barrio era de 960 habitantes y 655 residencias, para 2010 llega a 2.745 habitantes y 778 viviendas; con el último censo de 2023 se registra un descenso, quedando 1.874 vecinos y 618 viviendas. A pesar de su ocupación de viviendas individuales, su densidad es bastante alta para la ciudad (156 habitantes por hectárea).
De acuerdo con datos de los censos de población y vivienda de 2023, en el barrio casi no existen viviendas sin acceso a los servicios básicos de agua potable, electricidad, saneamiento y recolección de desechos. Un logro notable, tomando en cuenta el origen informal del asentamiento. Tampoco existen viviendas hipotecadas, la mayor parte de la vivienda aquí es propia (65 %), se encuentra alquilada (14.2 %) o está desocupada (4.7 %).
En lo que respecta a su población, esta se encuentra en un proceso de envejecimiento, al igual que muchos barrios del centro de la ciudad. La población mayor de 60 años supera a los niños en una proporción de 1 a 4 (23 % a 4.4 %). En Boca La Caja el 45 % de la población no tiene seguro social, el 27 % tiene ingresos menores a los $600 mensuales y el desempleo está en el 9 %. Cifras que hablan de la situación de vulnerabilidad social que afecta a la población.
Después de 91 años de su fundación, Boca La Caja sigue siendo un barrio de pescadores y clase trabajadora. Los pescadores, con 62 personas, representan el grupo con el mayor número de trabajadores según su ocupación. Entre otras ocupaciones que destacan por el número de trabajadores se encuentran limpiadores y asistentes domésticos (58), conductores de taxis (45), albañiles (31), limpiadores de hoteles y oficinas (28), cajeros (23), vendedores en comercios (18), cuidadores de niños (18), conserjes (17), vendedores callejeros (16) y guardias de seguridad (14).
Una de las problemáticas que enfrenta Boca La Caja es que sufre de inundaciones con las altas mareas y oleajes que son cada vez más frecuentes en el Pacífico. Algunos eventos de mayor impacto se han registrado en 1997 (150 afectados), en 2008 (182 afectados) y 2015 (50 afectados). Estudios publicados por la organización norteamericana Climate Central respecto al aumento del nivel del mar indican que este sector se verá afectado por esta amenaza en los escenarios para 2050 y 2100.
A pesar de las amenazas ambientales, las condiciones de vulnerabilidad social e incertidumbre permanente sobre su desalojo, Boca La Caja representa para sus residentes más que un lugar de residencia: es un espacio estratégico que les brinda cercanía al empleo, servicios médicos, educativos y comerciales, además de acceso directo al mar como fuente de sustento, recreación e identidad. Estos valores, sumado al sentido de pertenencia, explican por qué tantas familias luchan por seguir habitando este espacio que, aunque informal, les brinda oportunidades para disfrutar del derecho a la ciudad.
Derechos a la propiedad y soluciones a la incertidumbre y precariedad
Para comprender el contexto del conflicto surgido entre los moradores de Boca La Caja y las autoridades municipales sobre la asignación de un código de uso de suelo a las propiedades en esta comunidad, es necesario entender el alcance e importancia de la zonificación como instrumento legal urbanístico y los derechos que consagra.
Según la autora Sonia Hirt, en su libro Zoned in the USA: The Origins and Implications of American Land-Use Regulation (2015), “la zonificación define las normas que rigen qué y dónde las personas e instituciones pueden y no pueden construir y operar en nuestras ciudades, suburbios y pueblos. Al regular qué se construye y dónde, establece los parámetros espaciales básicos de dónde y, por lo tanto, cómo vivimos, trabajamos, nos divertimos, socializamos y ejercemos nuestros derechos de ciudadanía”.
Para barrios informales como Boca La Caja, la zonificación es el paso subsecuente a la titulación de la tierra. Uno de los componentes más críticos de la vivienda adecuada es la seguridad de la tenencia. La falta de titularidad de la propiedad y el miedo constante al desalojo forzoso son características centrales de la vida en asentamientos informales. Sin seguridad de la tenencia no puede haber una vivienda verdaderamente adecuada.
La negación de la zonificación impide directamente la formalización de la tenencia, lo que a su vez previene la extensión de servicios públicos y la mejora de las condiciones de vivienda. La falta de zonificación impide la aplicación de estándares de construcción y habitabilidad. Esto significa que el Estado, a través de su aparato de planificación urbana, ha estado creando y manteniendo activamente las condiciones que violan estos derechos fundamentales.
Una de las posibles salidas al problema de la falta de seguridad y zozobra respecto a futuros intentos de desalojo es la regularización de la tierra, el reordenamiento urbanístico y la mejora de la vivienda. Para esto, uno de los instrumentos aplicados en otros países de América Latina es el “reajuste de tierras” o “reagrupamiento parcelario”. A través de este instrumento se han realizado procesos urbanísticos y de vivienda social en países como México, Colombia, Brasil, Perú y Chile.
PILaR, por ejemplo, es una iniciativa de reajuste de tierras en Medellín, Colombia, impulsada junto a ONU-Hábitat, que busca redesarrollar barrios con un enfoque participativo e inclusivo, asegurando que los residentes más vulnerables participen y permanezcan tras las transformaciones urbanas. Amparado en la Ley 388/97, el programa reconfigura suelo informal combinando parcelas, redistribuyéndolas y dotándolas de infraestructura, bajo principios de gestión asociada y equidad en beneficios y cargas.
Otro programa con similar visión ha sido el de “Vivienda social dinámica sin deuda” en Chile. Este programa “no sólo incentivaba la búsqueda de una buena localización en la ciudad estableciendo un subsidio diferenciado para la compra del terreno, sino que también aludía a la necesidad de proyectar viviendas con capacidad de ampliarse (“dinámicas”), condición reconceptualizada por Elemental como “principio de incrementalidad”, según describe un artículo publicado en la revista Arqa en 2017.
La ciudad tiene que impulsar iniciativas que atiendan a barrios informales como Boca La Caja, que llevan toda su existencia desatendidos y que no pueden seguir en la ambivalencia entre la permanencia en el abandono y el desalojo. El deber de la planificación urbana es encontrar las respuestas justas y adecuadas a los conflictos que presenta el uso, ocupación y ordenación del suelo y las ciudades.
El escenario actual en Boca La Caja presenta una oportunidad para empezar a saldar la deuda que la ciudad tiene con el 45 % de su población que vive en estos asentamientos informales. Un proceso largo y complicado, pero obligado en una ciudad que no puede seguir expandiéndose, expulsando a su población de clase trabajadora y creciendo de forma desordenada.
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