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- 15/10/2018 02:00
- 15/10/2018 02:00
Rigoberto Vergara, abogado de Manuel Antonio Domínguez, considerado cabecilla de la organización criminal desmantelada durante la operación ‘El Gallero', consideró que el juez de garantías del caso, Carmelo Zambrano, ‘está parcializado' con el Ministerio Público (MP).
Las declaraciones de Vergara surgen luego de que el MP diera a conocer que diez abogados defensores de los implicados en el caso ‘abandonaron' la sala de audiencias el pasado viernes por estar en desacuerdo con que Zambrano siga fungiendo como juez de garantías.
‘Nos levantamos porque el juez está parcializado y ya era totalmente insoportable la situación', indicó.
A juicio de Vergara, durante la audiencia el juez de garantías daba por sentado hechos que todavía están sujetos a pruebas. Citó como ejemplo que el juez alegó que la acusación está bien hecha y que los implicados son responsables porque el fiscal así lo estableció, a pesar de que el proceso se encuentra en una etapa en que la acusación puede ser corregida y que la casa de Domínguez era la oficina donde se hacían las coordinaciones.
Los abogados recusaron al juez Zambrano, pero el Tribunal Superior de Apelaciones no acogió la objeción.
El domingo 24 de septiembre de 2017, el MP, mediante la operación ‘El Gallero', desarticuló la red que se dedicaba a trasegar drogas de los carteles colombianos por el denominado ‘corredor Pacífico', explicó en ese momento la procuradora de la Nación, Kenia Porcell.
En el operativo se incautaron 2.1 toneladas de drogas, dos ametralladoras, 30 vehículos de lujo y $839,820 en efectivo. Además, se realizaron 26 allanamientos, 13 de estos en Panamá Centro y el resto en Arraiján, La Chorrera, Coclé y Los Santos.
En la investigación participaron 18 fiscales de drogas liderados por el fiscal Superior Markel Mora. Uno de los once era el alcalde de Los Santos, Eudocio Pérez, a quien el Primer Tribunal Superior le concedió un amparo de garantías que dejó sin efecto la formulación de imputación, en vista de que contaba con fuero electoral penal.
Los diez abogados que abandonaron la audiencia serán reemplazados por abogados de oficio u otro particular que contraten los imputados.