Defensoría exige información ‘urgente y detallada’ de menores detenidos en Bocas del Toro

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Policía Nacional un informe urgente y detallado sobre el paradero y situación legal de varios adolescentes presuntamente detenidos durante el estado de urgencia declarado en la provincia de Bocas del Toro.

Mediante la nota oficial DDP-RP-DAC-35/2025, la institución exigió información que incluya el nombre completo de los menores, así como la fecha, hora y lugar exacto de su aprehensión. También pidió precisar el fundamento legal de las detenciones, el estado de los procesos legales o administrativos en curso, las medidas de protección adoptadas y las condiciones actuales en las que se encuentran los menores.

La Defensoría recordó mediante nota de prensa que esta solicitud responde al mandato legal de protección del interés superior de la niñez, establecido en la Ley 285 de 2022, y reiteró que ningún menor de edad debe ser víctima de detención arbitraria, incomunicación o maltrato.

Asimismo, la institución subrayó que las actuaciones de la Policía Nacional deben regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos de los adolescentes involucrados.

Denuncia por muerte de niña

La Defensoría del Pueblo presentó este jueves 26 de junio una denuncia formal ante el Ministerio Público por el presunto fallecimiento de una niña de 1 año y 8 meses en la provincia de Bocas del Toro.

Este caso fue divulgado inicialmente a través de las redes sociales de la organización Aldeas Infantiles SOS Panamá.

La denuncia fue interpuesta por Anna Karina Salerno, directora de Unidades Especializadas de la institución en la Procuraduría General de la Nación.

En su comunicado, la Defensoría invocó el principio del interés superior del niño y adolescente, establecido en la Ley No. 285 de 2022, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Asimismo, solicitó que se investigue el caso de forma exhaustiva y se determinen las posibles responsabilidades, en cumplimiento con los estándares nacionales e internacionales de protección a la infancia.